El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía responsable de operar las tres centrales nucleares del país.
Centrales nucleares
El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica: venderá el 44% de las acciones
La empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse modificó sus estatutos y fijó un capital social de $6,69 billones. El plan contempla la incorporación de inversores privados y la participación accionaria de los trabajadores, aunque el Estado conservará la mayoría del capital.
A través de un edicto publicado en el Boletín Oficial este miércoles 21 de octubre, se formalizaron modificaciones en los estatutos de la empresa y se estableció un capital social de $6,69 billones, en el marco de la reorganización necesaria para avanzar con la venta de una parte de sus acciones.
La iniciativa forma parte del programa de transformación de empresas públicas impulsado por la administración de Javier Milei y está contemplada en la Ley Bases.
El esquema prevé vender el 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, destinar hasta un 5% a un programa de propiedad participada para los trabajadores y mantener el 51% restante en manos del Estado.
La decisión se inscribe en un proceso que el Ejecutivo anunció en septiembre de 2025. Según los argumentos oficiales, la incorporación de capital privado apunta a obtener recursos para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de Atucha I y obras vinculadas con el almacenamiento de combustible nuclear gastado.
Cómo será la venta de acciones y qué participación conservará el Estado
El plan de privatización parcial establece que el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica se venderá en bloque a través de una licitación pública con alcance nacional e internacional. Este mecanismo permitirá convocar a potenciales inversores para participar en la adquisición de una parte de la compañía.
A su vez, el Gobierno prevé instrumentar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital social. La iniciativa contempla que los trabajadores puedan incorporarse como accionistas de la empresa, aunque el desarrollo de ese esquema requiere las correspondientes definiciones administrativas.
El 51% restante continuará bajo control estatal. La estructura accionaria actual de Nucleoeléctrica está distribuida entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), titular del 1% restante.
La modificación estatutaria y la definición del capital social constituyen pasos administrativos dentro del proceso. La publicación de este miércoles no implica, por sí misma, que la venta de acciones ya se haya concretado: el esquema anunciado contempla una licitación para avanzar con la transferencia de la participación privada.
La privatización parcial había sido autorizada en 2025 mediante el Decreto 695/2025, que estableció la venta del 44% de las acciones y la creación de un programa de propiedad participada del 5%. La norma también dispuso que el Estado conservara la mayoría accionaria.
De este modo, el Gobierno busca avanzar con la incorporación de capital privado sin transferir el control mayoritario de la compañía, que tiene a su cargo una actividad estratégica para el sistema energético argentino.
El papel de Atucha I, Atucha II y Embalse en el sistema eléctrico
Nucleoeléctrica Argentina opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. En conjunto, las instalaciones cuentan con una potencia instalada de 1.763 megavatios y aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica que consume el país, según los datos difundidos en el marco del anuncio.
La situación de Atucha I es uno de los puntos relevantes del plan de inversión. La central permanece fuera de servicio desde septiembre de 2024, cuando comenzó una etapa de trabajos orientados a extender su vida útil. El objetivo oficial es que pueda volver a incorporarse al mercado eléctrico en 2027.
Entre los proyectos que el Gobierno busca financiar con la incorporación de capital privado también figura el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II), una iniciativa vinculada con la gestión de los combustibles utilizados en la actividad nuclear.
Cuando anunció el proceso, la Secretaría de Energía sostuvo que la inversión privada permitiría ampliar las fuentes de financiamiento, diversificar riesgos y favorecer la continuidad operativa de la empresa. Esos son los principales argumentos oficiales para justificar la apertura parcial del capital.
La operación, sin embargo, todavía requiere completar las etapas previstas para concretar la venta. La modificación de los estatutos y la fijación del capital social representan un avance dentro de ese camino, mientras que el Estado mantendrá la mayoría accionaria de la compañía.
La evolución del proceso será relevante para el sector energético, tanto por el peso de la generación nuclear en el suministro eléctrico como por las inversiones previstas para recuperar la capacidad operativa de Atucha I y desarrollar infraestructura asociada al funcionamiento de las centrales.
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