El juez federal Ariel Lijo decidió archivar la causa que se abrió para investigar presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y que, en su momento, sirvió como uno de los puntapiés iniciales para que el kirchnerismo impulsara el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. El juez concluyó que en el expediente no hay ninguna prueba que permita avanzar con una acusación.
La polémica por la Obra Social Judicial
Lijo cerró una de las causas en que se fundaba el juicio político a la Corte
La cuestión estalló en medio de la interna del Tribunal, motivó intercambios de pronunciamientos, e imputaciones veladas o explícitas. El juez federal, fallido candidato a integrar el cuerpo, descartó irregularidades.
El funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial fue uno de los campos de batalla de la interna imperante en la Corte, entre Ricardo Lorenzetti y el actual binomio conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, a quien por entonces se sumaba el hoy jubilado Juan Carlos Maqueda.
Entre otros episodios vinculados a este conflicto en particular, resaltan la nota publicada por Lorenzetti en el extinto Centro de Información Judicial (CIJ), donde cuestionaba al directorio y a los otros ministros; el desplazamiento de Héctor Marchi como administrador general y sus denuncias ante la Comisión de Juicio Político; y la respuesta a los legisladores de los otros tres miembros de la Corte, que apuntaba en forma más o menos directa a Marchi y al propio Lorenzetti.
Todo lo cual formó parte del escándalo político sostenido durante prácticamente un año por el oficialismo del gobierno de Alberto Fernández para desplazar a la totalidad de los integrantes del cuerpo, así como del expediente que siguió su trámite, y al que ahora Lijo puso punto final.
"En el estado actual de las actuaciones y a la luz de las probanzas reunidas en el legajo, es posible concluir que no se ha corroborado conducta alguna penalmente relevante que permita avanzar en el proceso o al menos no poseen un claro correlato que pudiera considerarse anti normativo según la evidencia recabada", sostuvo la resolución del magistrado.
El conflicto
El fallo analizó las razones de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda (jubilado a fines del 2024) para implementar modificaciones en el directorio y organigrama de la obra social luego de la crisis sanitaria que se desató con la pandemia y las distintas resoluciones en ese contexto.
"No parece que la decisión adoptada por mayoría hubiera sido extralegal, arbitraria o desproporcionada, más allá de las válidas observaciones que merecieran según la visión" del juez Ricardo Lorenzetti que "votó en disidencia", acotó.
En su momento, Lorenzetti se enfrentó a fondo con sus colegas por la administración de la Obra Social del Poder Judicial y redactó un voto en disidencia en una acordada donde se decidía la reorganización del organismo.
Reclamó allí sancionar a las autoridades de la Obra Social judicial por irregularidades detectadas en una auditoría y rechazó una serie de contrataciones, apuntando específicamente a Maqueda.
Esta disidencia de Lorenzetti motivó una intervención del fiscal Guillermo Marijuan, el 5 de noviembre de 2022, para impulsar una investigación, y aceleró la causa. Ahora Lijo la cerró.
El cierre del caso se produce tres meses después de que Lijo perdió en el Senado su chance de ser juez de la Corte, un lugar al que lo impulsaba el juez Lorenzetti.
La causa
El expediente se había iniciado en el juzgado de Ariel Lijo a fines del 2021 para analizar la situación de la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (OSPJN), que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), que encabeza la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley (a la vez, una de las integrantes de la comisión de Juicio Político que llevaba adelante el proceso contra la Corte), denunció que había contrataciones irregulares con empresas fantasma y que existía un sistema de atención VIP para ciertos afiliados. La denuncia apuntó especialmente al ministro Maqueda, quien había impulsado a Aldo Tonón como director de la obra social.
Inicialmente, el fiscal Carlos Stornelli impulsó la investigación y hubo diligencias que incluyeron procedimientos en la sede de la obra social. A los pocos días, la fiscalía entendió que había que desestimar la causa. Pero entonces el fiscal Guillermo Marijuan presentó una nueva denuncia en base a las expresiones del ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti en sus votos en disidencia plasmados en la Acordada Nro. 28/2022 y en dos resoluciones del máximo tribunal sobre modificaciones en el estatuto de la obra social y su conducción. Lorenzetti planteó dudas y cuestionamientos sobre el directorio que estaba en funciones.
Por sorteo, la causa recayó en manos del juez Lijo (que subrogaba el juzgado federal 12) y el fiscal Ramiro González. El juzgado analizó los términos de cada resolución cuestionada, los fundamentos de la mayoría del máximo tribunal para promover esos cambios, y las conclusiones de una auditoría interna que se llevó adelante en ese contexto.
También le tomó declaración al ex administrador de la Corte Suprema Héctor Marchi y se adjuntaron las copias certificadas de la información remitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre el sistema presupuestario de la OSPJN y el detalle de los ejes de gestión y la implementación de un sistema informático integral. Además, se adjuntó información sobre distintas transferencias que involucraban a la obra social.
Argumentos
"Más allá de la pertinencia de las observaciones efectuadas por el Ministro (Lorenzetti), y que dieron lugar a la denuncia formalizada por el Dr. Marijuán, la acordada contó con el respaldo y las firmas de los Ministros Horacio Daniel Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fernando Rosenkrantz que conformaron la mayoría necesaria para aprobar las modificaciones propuestas y a cuya consideración y análisis fueron sometidas las cuestiones debatidas en ella. Por lo tanto, la cuestión radica en establecer, luego de esta investigación, si tales actos podrían configurar alguna conducta penalmente reprochable, más allá de la válida discrepancia exteriorizada en su voto", dijo Lijo en su fallo.
"Cabe mencionar que los señores Ministros que con su voto y su firma acompañaron el acuerdo, consideraron que las propuestas efectuadas por el órgano directivo de la OS cumplían con los requisitos legales y reglamentarios previstos y no estaban basados en alguna causal que pudiera poner en duda la transparencia de su designación", señaló el fallo.
Según Lijo, esos jueces "expresaron los fundamentos que justificaron la contratación y se pusieron de manifiesto los antecedentes profesionales de cada una de las personas propuestas", acotó. "En esa dirección, no parece que la decisión adoptada por mayoría hubiera sido extralegal, arbitraria o desproporcionada, más allá de las válidas observaciones que merecieran según la visión del Señor Ministro que votó en disidencia", agregó.
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