La Cámara en lo Contencioso Administrativo debe resolver sobre la vigencia del decreto que destituye a Martín Redrado y la validez de otro DNU de la presidenta disponiendo el uso de reservas para el pago de deuda pública. Pero ahora nadie parece tener urgencias.
La presidenta dio marcha atrás con sus pretensiones y finalmente mandó al Congreso el caso de Redrado, para cumplir con el paso que marca la ley. Eso terminará el trámite y luego Cristina Fernández podrá formalizar su decisión, por lo que la justicia -que espera que se consumen los hechos- ya no tendría nada que hacer al respecto.
En el caso de las reservas, los apuros presidenciales también han cambiado. Es que la Casa Rosada aún no encuentra la forma de “blindar” los recursos contra los embargos de los fondos buitres, por lo que tampoco apura en la vía legal la vigencia del otro decreto de Cristina que precipitó la crisis.
Las camaristas Clara do Pico y Marta Herrera deben resolver las apelaciones que presentará el gobierno contra las decisiones de la jueza María José Sarmiento, quien en el origen de las causas suspendiera los efectos de las decisiones presidenciales.
Legisladores del PRO, la Coalición Cívica y la UCR insisten en pedir a la Justicia que reclame el paso de los decretos de Necesidad y Urgencia por el Congreso, tal como ordena la Constitución.
La sala de la Cámara que entiende en el caso está integrada además por el juez Carlos Grecco, quien se excusó en la causa. Si las dos magistradas en feria no se ponen de acuerdo, haría falta reemplazar a Grecco y los plazos se extenderían. En este caso el Congreso no revisará la determinación presidencial hasta marzo, ya que el Ejecutivo no convoca a sesiones extraordinarias.
Por otra parte, el juez federal Norberto Oyarbide dijo ayer que podría citar a Redrado, en el marco de la causa penal que le inició el gobierno y que tramita en su
despacho.
Menos presión a las causas judiciales por los decretos
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