La Corte Suprema convocó a La Pampa y Entre Ríos a audiencias de conciliación, en el marco de demandas que estas provincias tienen con el Estado nacional por deudas previsionales.
Demandas contra Anses
La Corte convocó a dos provincias a audiencias por reclamos previsionales
Se trata de La Pampa, para el miércoles 5 y Entre Ríos, para el 12. Una vez más, el Alto Tribunal estableció su competencia originaria en estos planteos, que se suman a una lista cada vez más larga. Y que también se extiende a otras materias en las que también se juegan pujas entre Nación y estados federales.
En el primer caso, la audiencia está convocada para el próximo miércoles 5. El gobierno de Sergio Ziliotto estima la deuda de la Anses en $400 mil millones. En el segundo, será una semana después, el día 12, y el reclamo se ubica por encima de los $154 mil millones.
Coincidentemente, La Pampa había dado a conocer este mismo martes por la mañana la presentación de una medida cautelar para que la Corte obligara al Estado Nacional a cubrir el déficit previsional. La novedad es que en este caso, al mismo tiempo, el Tribunal estableció su competencia originaria para aceptar el reclamo.
Por la situación de Entre Ríos ya lo había resuelto previamente, y ahora lo único que hizo es convocar a las partes.
El escrito del máximo órgano judicial sostiene que "toda vez que la Provincia de La Pampa -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria”.
“Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno nacional nos niega”, sostuvoel gobernador Ziliotto, uno de los peronistas que ganó en su provincia en las elecciones legislativas, tras conocerse la convocatoria de la Corte.
La administración provincial había presentado una cautelar urgente por las complicaciones que sufre en materia de financiamiento, debido al déficit que provocaron los recortes de aportes correspondientes al Estado nacional desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Lo que reclama la provincia son los aportes que le corresponden a la Nación en virtud del Pacto Fiscal 1999 y la Ley 27.260.
En el caso de Entre Ríos, el reclamo fue presentado en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. Allí se reclama el pago de $154.606 millones, monto calculado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones como deuda acumulada.
El planteo se basa en compromisos asumidos en el Consenso Fiscal de 2017, que preveía partidas presupuestarias actualizadas, anticipos automáticos y un sistema simplificado de información sobre las cajas provinciales no transferidas. Según Entre Ríos, esos compromisos no se cumplieron, lo que generó un déficit en su caja previsional. Frigerio es uno de los gobernadores que se aliaron electoralmente con Javier Milei y obtuvo una contundente victoria en las elecciones del domingo en su provincia.
Los otros casos
Las dos nuevas decisiones de la Corte se inscriben en una serie de reclamos provinciales por la cuestión previsional, entre los cuales se encuentra el de Santa Fe y que se hallan en distintas fases del proceso. Pero que tienen como factor en común el hecho de que la Corte declara su competencia originaria en tales casos, con lo cual pasa a ser el ámbito que aglutina todos esos conflictos.
La tramitación en sí se enfrenta a diversidad metodológica en los cálculos de deuda: las provincias suelen presentar «stock» (saldo acumulado) y reclamos por la reanudación del flujo mensual; Nación propone ofertas parciales o planes. Algunas provincias aceptaron, como Córdoba en un tramo, y otras lo rechazaron, como Santa Fe.
Los montos son elevados y cambiantes: la inflación y la metodología (capitalización de intereses, períodos considerados, inclusión o no de ítems adicionales) generan diferencias relevantes entre lo que declara cada provincia y lo que eventualmente acepta la Nación o la Corte.
En el caso de Santa Fe, la Provincia demandó al Estado Nacional la reposición de anticipos mensuales automáticos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones, que fueron interrumpidos mediante decreto. El monto estimado de la deuda es de $ 1,2 billones y la Provincia presentó una medida cautelar para que se restablezcan los pagos.
En tanto, la provincia de Buenos Aires anunció que presentará ante la Corte un reclamo por una deuda previsional estimada en $1,6 billones que atribuye al Estado Nacional. Señala que la Nación adeuda transferencias de Anses a la caja previsional provincial, además de otros programas y obras paralizadas.
Más allá de estos casos, son varios más los distritos que se encuentran en distintas instancias de formalización, negociaciones o en etapas preliminares para llevar adelante reclamos por la cuestión previsional, por montos millonarios. Se trata de Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Otros rubros
Por cantidad de reclamos y volúmenes de los montos, se trata del rubro que más compromete financieramente al Estado nacional y proyecta su incidencia en la relación con las provincias. Pero a ello debe sumarse otra serie de conceptos que también se inscriben en la misma lógica y que, como tales, se ventilan en el ámbito de la Corte Suprema.
Según un relevamiento de Infobae, uno de ellos es la coparticipación federal de impuestos. Las provincias han presentado demandas por la reducción del impuesto a las ganancias, dispuesta por el Decreto 473/2023, que consideran afecta la masa coparticipable y, por ende, sus ingresos. En este punto, han accionado judicialmente Mendoza, Corrientes, Jujuy y Chaco, entre otras jurisdicciones. Además, existen causas vinculadas a presuntos incumplimientos de los consensos fiscales firmados en 2017 y 2021, con reclamos de Corrientes, Santa Cruz y San Luis.
También hay demandas específicas por fondos no remitidos, como es el caso del planteo de La Rioja, y por el redireccionamiento de recursos originalmente destinados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, con la provincia de La Pampa como demandante. Además, entre los múltiples reclamos también figuran la reducción de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la afectación del IVA (San Luis), y la plena coparticipación de impuestos como el de los débitos y créditos bancarios (San Luis), el adicional al cigarrillo (San Luis) y el interno sobre seguros.
La eliminación de fondos nacionales que cubrían prestaciones provinciales también desató otra serie de litigios. Chubut, La Pampa, La Rioja y Buenos Aires, así como Santa Fe, demandaron la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público. Buenos Aires también reclama por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y por la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado.
También varias provincias presentaron demandas por la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico.
Por otra parte, la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques motivó reclamos de La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja y Buenos Aires. Además, Buenos Aires litiga por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano.
En el terreno de la explotación de recursos, la provincia de Chubut reclama la disposición de la Central Hidroeléctrica Futaleufú tras la finalización del contrato de concesión. Entre Ríos exige montos adeudados por la explotación de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande y daños y perjuicios por la intervención del precio de lo producido por la misma represa. La provincia de Mendoza, por su parte, demanda el pago de regalías pendientes del complejo hidroeléctrico El Nihuil.
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