El Gobierno nacional extendió el plazo de operación de los complejos hidroeléctricos de jurisdicción nacional hasta el 30 de abril de 2027, o hasta la toma de posesión por parte de los nuevos concesionarios que resulten de las licitaciones públicas.
Por decreto
El Gobierno prorrogó las concesiones de represas hidroeléctricas hasta 2027
La extensión busca garantizar el suministro y la seguridad del sistema eléctrico nacional mientras se preparan nuevas licitaciones públicas para las represas.
La medida, instrumentada mediante el Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, busca garantizar la continuidad, regularidad y seguridad en la prestación del servicio de generación eléctrica durante la sustanciación de los procesos de selección.
Para continuar operando las centrales, las actuales concesionarias deberán presentar ante la Secretaría de Energía una Carta de Adhesión dentro de los siete días corridos contados a partir de este miércoles, cuando entra en vigencia la norma.
Las centrales hidroeléctricas alcanzadas por la medida son Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, ubicadas en Mendoza; Río Hondo y Los Quiroga de Santiago del Estero; Cabra Corral y El Tunal de Salta; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo de Tucumán; y Futaleufú de Chubut.
En caso de que alguna empresa decida no remitir dicha adhesión, quedará obligada a continuar con la generación de energía eléctrica por un plazo no menor a 45 días hábiles, período durante el cual el Ejecutivo adoptará los recaudos para asegurar la continuidad del servicio.
El decreto delega formalmente en la Secretaría de Energía las atribuciones para fijar las pautas, elaborar la documentación, llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional, otorgar las nuevas concesiones y suscribir los contratos correspondientes.
En los considerandos se destaca que la energía hidroeléctrica representa una fuente renovable, limpia y estratégica para aportar confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida se encuadra en las Leyes 15.336 y 24.065, en respuesta al vencimiento de los plazos contractuales del régimen instaurado en la década de 1990 bajo la Ley 23.696.
Como antecedente, la normativa recordó los procesos licitatorios iniciados para los complejos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, así como la convocatoria conjunta con Mendoza para el sistema Los Nihuiles.
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