Seguridad: el fondo y las formas

El Frente Progresista logró que la Cámara de Diputados haga suya una declaración impulsada desde la Comisión de Seguridad por Juan Cruz Cándido (UCR) expresando la preocupación "por la crítica situación institucional que atraviesa el ministerio de Seguridad" ante la licencia del jefe de Policía, Víctor Sarnaglia y su presentación ante el Ministerio Público de la Acusación en Rosario como testigo por la investigación sobre el juego clandestino.

Hubo debate previo sobre si correspondía o no el tratamiento sobre tablas. Luego un debate intentando ir al fondo del grave problema de la inseguridad con cruce fuerte de apreciaciones entre frentistas y justicialistas. "Esto no le sirve a nadie. Todos perdieron y la que más perdió es la sociedad" señaló sobre el final Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) pidiendo la abstención de su bloque.

El justicialismo cuestionó por sesgada la declaración y que el Frente no aceptara tratar el proyecto de Matilde Bruera para citar al ministro Marcelo Sain quien denunció penalmente el uso de fondos reservados del Ministerio de Seguridad para contratar defensa privada de policías implicados en la causa de la desaparición de un joven en Rosario. "El tema está en la justicia e iremos a aclarar a la justicia la situación" aclaró el ex ministro Maximiliano Pullaro (UCR) quien rompió el silencio que se había autoimpuesto en temas de seguridad desde que es diputado provincial. En el intercambio hubo nombres propios.

Las restantes fuerzas políticas tomaron caminos diferentes: Así Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Amalia Granata (Somos Vida) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) optaron por acompañar la declaración con distintos argumentos. En cambio, Agustina Donnet (Igualdad) optó por no acompañar y Somos Vida y Familia se abstuvo.

Segundos afuera

Tres voceros tuvo el justicialismo: Matilde Bruera, Lucila De Ponti y Leandro Busatto. El Frente además de Pullaro sumó al jefe del interbloque, Pablo Farías, ex ministro de Gobierno quien no dejó de mencionar "las permanentes descalificaciones de Sain hacia legisladores y dirigentes del anterior gobierno".

Los dos frentistas cuestionaron el desgobierno de la policía y afirmaron que todas las cifras de inseguridad se dispararon en estos ocho meses pese a que durante la pandemia la gente no podía salir de sus viviendas. Ayer, Busatto refutó por twitter las apreciaciones de sus pares.

"Está bien expresar esta preocupación pero era importante referirse a hechos recientes de gravedad institucional como el uso de fondos públicos para abogados que defendieron a policías implicados en el caso Casco", disparó De Ponti quien en la segunda intervención habló de (José) Alcácer que es abogado de (Esteban) Alvarado y de Luis Paz pero también con fondos públicos defiende a policías en el caso Casco. Para Bruera, el texto "más que una declaración parece una declaración de defensa o de no querer discutir temas de corrupción estatal que hay que discutir. No podemos desconocer que el tema tiene historia en Santa Fe" y situó el quiebre en 2013 cuando se disparó la cifra de homicidios. Recordó que Sarnaglia no es el primer jefe en ir a la justicia y luego Busatto mencionó a Hugo Tognoli quien estuvo prófugo. Pero Bruera cuestionó que el Frente no apoyara la citación a Sain sobre el tema Casco donde "el Estado no ha sido imparcial y ha tomado partido en la defensa de las policías imputados y le ha pagado los honorarios a los abogados" para reafirmar que es un hecho de desaparición forzada de personas.

Busatto se quejó del recorte que hace la declaración. "La inseguridad es una problemática compleja que comenzó hace mucho tiempo, nadie sabe a ciencia cierta pero está claro que empezó a investigarse recién en estos últimos ocho meses" y recordó que entre 2012 a 2018, en 18 provincias bajaron los índices de homicidios y en Santa Fe aumentaron para posicionarse en primer lugar. "Esta crisis no empezó con Omar Perotti pero sí este gobierno ratifica que busca una sociedad en paz y con orden. Lo asumimos con responsabilidad este desafío".

Farías dijo que el documento no es ofensivo como fue el discurso de apertura de gestión del gobernador o los dichos de Saín. Afirmó que en ocho meses los homicidios pasaron de 196 a 238; que el robo calificado se duplicó y los arrebatos por motochorros se triplicaron. Tanto el socialista como Pullaro no dejaron de remarcar las diferencias internas entre Sain y Sarnaglia que agravan la situación. "Quieren traer al ministro para hacer un show mediático. No tiren tanto de la soga que en el medio está la seguridad de la gente" les señaló.

Pullaro fue el más punzante y pidió a Perotti que empodere al ministro porque hoy la policía no sabe quién es el jefe. No dejó de mencionar que Sain fue colaborador de su gestión en dos años y medio. Mencionó bandas detenidas durante su gestión: Alvarado, Paz, Los Monos, Ungaro, Los Funes, Villaroel. "Ustedes metieron preso a los que violan la cuarentena", les disparó. Abundó en datos de ausencia de patrulleros en Santa Fe y Rosario. "No tienen gestión. No hay conducción política y eso es responsabilidad de Perotti". Más adelante les aclaró que no tienen problemas de hablar de gastos reservados. "Muchachos, ganaron hace 15 meses, arrancaron hace nueve. Pongan en marcha el auto, si siguen mirando con el espejo retrovisor, se van a dar de frente con un camión", remató.

El texto de la polémica

El texto que llegó al recinto expresa la "preocupación por la crítica situación institucional que atraviesa el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Santa Fe, a partir del pedido de licencia del Jefe de Policía, Víctor José Sarnaglia, y su presentación citado por la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 Rosario del Ministerio Público de la Acusación".

En el papel sostienen que "en un contexto signado por la excepcionalidad de la pandemia COVID-19, en la que la Policía de Santa Fe ha jugado un papel fundamental a partir de un esfuerzo en materia de su despliegue operativo para la realización controles vinculados a las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Es deber del gobernador Omar Perotti llevar claridad y tranquilidad a los miembros de la fuerza y la ciudadanía en general en torno a lo sucesivo en el funcionamiento y organización de la seguridad pública".

Acota que "los hechos que han tomado estado público a través de la prensa nacional y provincial sobre la actitud que ha tomado Sarnaglia, repercuten de manera negativa en las expectativas de la sociedad respecto de los propuesto por el gobierno a la hora de asumir la conducción de la Policía y la gestión de la seguridad pública provincial" acota. "Esta situación, a nuestro entender, genera incertidumbre respecto de la confianza que pueda haber en miras de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, y por eso instamos al Gobernador, en uso de sus atribuciones, a resolverla de la manera lo más pronto posible", remata.