La Justicia federal de Lomas de Zamora avanzó en las últimas horas sobre la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF) al ordenar el allanamiento de las oficinas de su director, Fernando Julián Martínez. La medida se enmarca en una investigación por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado para los internos del penal de Ezeiza.
Sistema penitenciario bajo la lupa
Allanaron al director del SPF por corrupción en la provisión de alimentos en Ezeiza
El director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, fue allanado por orden judicial en una causa que investiga la provisión de alimentos en mal estado para detenidos en el penal de Ezeiza. La pesquisa apunta a una presunta cartelización del servicio, uso de empresas pantalla y posibles maniobras para encubrir pruebas.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Federico Villena, quien investiga si, bajo la conducción de Martínez, el SPF permitió una cartelización del servicio de alimentación. La hipótesis judicial sostiene que se habrían utilizado empresas pantalla para eludir sanciones previas y continuar proveyendo comida no apta para el consumo humano.
Durante el allanamiento se vivieron momentos de fuerte tensión. Según fuentes del expediente, Martínez intentó inicialmente entregar a los investigadores un teléfono celular viejo y en desuso. Al ser intimado a presentar el dispositivo que utiliza habitualmente, aseguró haberlo extraviado esa misma mañana.
Sin embargo, un informe técnico incorporado a la causa reveló que el teléfono supuestamente perdido había emitido señal en una antena ubicada en el barrio porteño de Barracas apenas una hora antes del operativo. Para el magistrado, este dato refuerza la sospecha de que el funcionario habría sido alertado del allanamiento y destruyó el aparato para ocultar información relevante.
La maniobra generó un nuevo foco de investigación dentro del expediente, ya que podría configurar el delito de encubrimiento o destrucción de pruebas, agravando la situación procesal del titular del SPF.
El negocio de la comida contaminada
El origen de la causa se remonta a reiteradas denuncias por alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza. Peritajes realizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo humano.
Ante esta situación, el juez Villena ordenó prohibir la continuidad de la empresa Foodrush como proveedora del servicio de alimentación. Sin embargo, la investigación detectó que la firma Bio Limp, que asumió luego la prestación, utilizaba los mismos camiones, los mismos empleados y hasta facturaba millonarias sumas a la empresa sancionada.
Para el juez, estos elementos permiten sostener que Bio Limp funcionaba como una empresa fachada, creada para eludir las restricciones judiciales y mantener intacto el circuito de negocios. En un episodio que generó fuerte impacto, Villena llegó a probar personalmente la comida servida en el penal y sufrió una descompensación que describió como un cuadro “vomitivo”.
Ese hecho terminó de reforzar la gravedad de las irregularidades denunciadas y aceleró las medidas judiciales para desarticular lo que el magistrado definió como una estructura enquistada dentro del sistema penitenciario.
Vínculos, poder y trasfondo político
Fernando Martínez asumió la dirección del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, el SPF pasó de depender del Ministerio de Justicia al de Seguridad, en diciembre de 2023, un cambio que también es analizado en el contexto de la causa.
Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que Martínez se movilizaba en una camioneta secuestrada, registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, referente de la feria La Salada que se encuentra prófugo de la Justicia. Este vínculo abrió una línea paralela de análisis sobre posibles nexos con estructuras informales de poder y financiamiento.
Pese a que la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del allanamiento, el juez Villena mantiene firme la investigación. Además, cuenta con el respaldo político de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su predisposición a colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Desde el juzgado sostienen que el objetivo es desarticular “mafias enquistadas desde hace muchos años” en el sistema penitenciario federal. La causa avanza mientras se analizan los dispositivos secuestrados, la documentación administrativa y los contratos firmados con las empresas proveedoras.
El expediente podría derivar en nuevas imputaciones y ampliar la lista de funcionarios y empresarios investigados, en una causa que expone uno de los costados más sensibles del sistema carcelario: la alimentación de las personas privadas de su libertad y el manejo de fondos públicos.
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