El Gobierno nacional autorizó la venta de tres terrenos ubicados en la ciudad de Santa Fe mediante una subasta pública.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó una subasta pública para vender tres parcelas ubicadas en la ciudad de Santa Fe. Los terrenos suman 648 metros cuadrados y el valor base fijado es de 87.023 dólares.

El Gobierno nacional autorizó la venta de tres terrenos ubicados en la ciudad de Santa Fe mediante una subasta pública.
La medida fue oficializada a través de una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada en el Boletín Oficial, que habilita la enajenación de inmuebles pertenecientes al Estado nacional considerados innecesarios para el cumplimiento de funciones públicas.
La decisión quedó establecida en la Resolución 16/2026 y contempla la venta en bloque de tres parcelas ubicadas en la calle Miguel de Azcuénaga sin número, en la capital santafesina. En total, los terrenos suman una superficie de 648 metros cuadrados y se ofrecerán a través de una subasta electrónica abierta.
El valor base fijado para la operación es de 87.023 dólares, de acuerdo con las tasaciones oficiales realizadas por el organismo competente.

Los inmuebles que serán puestos a la venta se encuentran identificados catastralmente como Departamento 10, Distrito 11, Sección 4, Manzana 1256, y corresponden a tres parcelas contiguas.
Cada una de ellas posee una superficie de 216 metros cuadrados, lo que da como resultado una superficie total de 648 metros cuadrados cuando se consideran en conjunto. La resolución establece que las tres parcelas serán vendidas en bloque, es decir, como una única operación.
Según se detalla en la documentación oficial del proceso, los terrenos se ubican en la ciudad de Santa Fe, en el departamento La Capital, y forman parte de bienes inmuebles que pertenecen al Estado nacional.
La venta se realizará bajo el procedimiento de Subasta Pública N° 392-0017-SPU26, que estará a cargo de la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas de la AABE.
El proceso se desarrollará mediante el sistema electrónico SUBAST.AR, una plataforma digital obligatoria para este tipo de operaciones dentro del sector público nacional. A través de este sistema se llevan adelante las subastas de bienes estatales de forma online, lo que permite ampliar la participación de oferentes y garantizar transparencia en el procedimiento.

El precio base de la subasta fue determinado a partir de una tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que estableció el valor venal de las tres parcelas en 130.100.000 pesos al momento de la evaluación.
Sin embargo, para el proceso de venta se fijó un valor base de 87.023 dólares, que representa el monto mínimo a partir del cual comenzarán las ofertas durante la subasta.
La documentación oficial también establece que los interesados en participar deberán cumplir con una serie de requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones particulares. Entre ellos, se exige una garantía de cumplimiento de obligaciones de 1.303,35 dólares, que actúa como respaldo para quienes presenten ofertas.
El pliego de condiciones no tendrá costo para los interesados y se encuentra disponible dentro del sistema electrónico de subastas.
Además, el procedimiento establece que la venta se realizará al contado y con los terrenos desocupados, lo que significa que el adjudicatario deberá completar el pago según las condiciones fijadas una vez finalizada la subasta.

La decisión de avanzar con la subasta se basa en una política del Estado nacional orientada a optimizar el uso de su patrimonio inmobiliario.
Según se explica en la resolución oficial, los terrenos estaban vinculados anteriormente al Programa Arraigo, una política pública destinada a regularizar la situación dominial de tierras fiscales ocupadas por familias de bajos recursos.
Sin embargo, los informes técnicos de la Dirección de Asuntos Comunitarios indicaron que no existen solicitudes ni proyectos vinculados a ese programa sobre estas parcelas, lo que permitió concluir que los inmuebles ya no resultan necesarios para ese fin.
En ese contexto, la AABE resolvió desafectarlos de las políticas de tierra del Poder Ejecutivo nacional, paso administrativo necesario para habilitar su venta.
La normativa que regula este tipo de operaciones establece que pueden venderse los bienes del Estado que presenten falta de uso, subutilización o estado de innecesariedad, siempre que no estén destinados a funciones públicas estratégicas.
Además, el procedimiento de venta fue revisado por distintos organismos del Estado. Entre ellos, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, que informó que no existen impedimentos patrimoniales para la operación, y la Escribanía General del Gobierno de la Nación, que también tomó intervención administrativa.
Anexo by El Litoral
La resolución también establece que los recursos que se obtengan de la subasta, una vez descontados los gastos del procedimiento, se destinarán conforme a lo dispuesto en la normativa que regula la administración de bienes del Estado.
Esto significa que el dinero ingresará al esquema de administración de recursos previsto para las operaciones inmobiliarias estatales, que permite reinvertir fondos en políticas públicas o en la gestión del patrimonio nacional.
La AABE es el organismo encargado de centralizar todas las operaciones vinculadas con los bienes inmuebles del Estado nacional, incluyendo su administración, control, cesión o venta.
De acuerdo con el decreto que regula su funcionamiento, el objetivo es ordenar y administrar el patrimonio inmobiliario estatal, asegurando que los bienes públicos sean utilizados de forma eficiente.