El Ministerio Público de la Acusación solicitó tres años de prisión efectiva para un hombre acusado de haber estafado por $9.000.000 a un vecino de Wheelwright, en el sur santafesino, desde una unidad penitenciaria ubicada en la ciudad de Córdoba.
Desde la cárcel de Córdoba
Estafa millonaria en Wheelwright: el fiscal solicitó tres años de cárcel para el acusado
El acusado, Gastón F., habría obtenido los datos biométricos de la víctima a través de una videollamada.
La acusación fue presentada por el fiscal de Distrito de la Unidad Fiscal Melincué, Julián Cochero, en el marco de una Investigación Penal Preparatoria contra Gastón Emanuel F., con último domicilio conocido en barrio Villa Páez, Córdoba capital.
Según la investigación, el imputado se habría hecho pasar por personal del área de seguridad de la plataforma Mercado Pago para engañar a la víctima, Germán M., a quien contactó el 14 de agosto de 2024 y días posteriores.
Engaño digital
El acusado, que se encuentra detenido en una cárcel cordobesa, se comunicó en primera instancia por teléfono y luego mediante videollamada, en la que evitó mostrar su rostro. Bajo la excusa de brindar asistencia por una supuesta transferencia errónea, logró que Germán M. compartiera información sensible, incluyendo su clave y su imagen facial.
De esta manera, Gastón F. obtuvo los datos biométricos necesarios para ingresar a las cuentas personales de la víctima, tanto de Mercado Pago como del Banco Macro, y concretó múltiples transferencias hacia cuentas que él mismo controlaba, entre ellas en el Banco Santander.
El monto total del perjuicio económico asciende a nueve millones de pesos ($9.000.000), dinero que el imputado habría utilizado para su propio beneficio.
Argumentos de la Fiscalía
La Fiscalía consideró que el hecho encuadra en el delito de estafa, agravado por el uso de tecnologías de la información y la comunicación, así como por la planificación del accionar delictivo y la pluralidad de actos ejecutivos necesarios para consumar el fraude.
Además, se tuvo en cuenta como circunstancia agravante los antecedentes penales computables del imputado, algunos de ellos por hechos de violencia. Según el informe del Registro Nacional de Reincidencia, el acusado ya contaba con condenas previas.
Por todo esto, el fiscal Cochero solicitó una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, al entender que se trata de una conducta grave y sin atenuantes relevantes que justifiquen una reducción en la sanción.
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