Los peligros de la falta de educación en la juventud y su relación con la criminalidad

La problemática fue abordada en una reunión entre autoridades judiciales, educativas, policiales y municipales, ámbitos oficiales donde es creciente la preocupación por la detección de marcados niveles analfabetización en menores en conflicto con la ley penal.

La búsqueda de coordinar tareas para revertir la coyuntura y volver a escolarizar a estos adolescentes que enfrentan procesos de índole penal cristalizó en el encuentro multisectorial al que asistieron la jueza de Menores de Reconquista, Dra. Griselda Delbón; al fiscal regional del MPA, Dr. Rubén Martínez; al delegado regional de Educación, profesor Sergio García; al jefe de la Unidad Regional XIX, director de Policía, Julio Lucero; al Lic. Nicolás Sandrigo, secretario de Control Público del municipio local; a la psicóloga Leticia Monjes, a cargo del Primer Nivel de Desarrollo Social municipal; y la Dra. Miriam Suárez, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; entre otros.

“No saben leer ni escribir, no cuentan con la más elemental educación escolar aunque tengan la constancia de haber terminado 7mo. grado, llama la atención que cada vez sean más”, manifestó, a modo de contextualización, la titular del Juzgado de Menores.

La Dra. Delbón manifestó respecto de la evolución temporal de este deslave social que ya parece endémico que “en los últimos 5 o 6 años bajó la edad y tenemos chicos que con 12 y 13 años ya delinquen y tienen relación con consumos problemáticos”.

El disvalor en que caen los responsables de los núcleos familiares no estuvo ausente en su análisis: aunque sea intrincado probarlo "se nota una manipulación de los adultos que aprovechan la inimputabilidad de los menores”, advirtió.

“Hemos caído en una desidia que es lamentable, retrocedimos 50 años en este tema. Tenemos abuelas que leen y escriben bien, madres que lo hacen más o menos y los nietos de esas abuelas que son analfabetos”, comparó la jueza, con pesar.

El encuadre multiagencial que se intentará para aliviar este flagelo incluye acciones de concientización para los padres, una mirada atenta de las áreas de niñez de los diferentes niveles del Estado y la presencia en el territorio de equipos socieducativos. De todas maneras, mejorar estos indicadores “no va a ser de hoy para mañana, va a llevar su tiempo”, concluyó la funcionaria.

De larga data

En Educación tienen una mirada coincidente con la judicial. “Están relacionados con hechos delictivos y no están concurriendo a las escuelas, en algunos casos son familias de afuera que se asientan en la ciudad y no mandan sus hijos a estudiar”, ubicó el coordinador de la Región II del Ministerio.

El Prof. Sergio García, que asumió funciones con la nueva gestión provincial, puso en evidencia que “otros hacen como que van a la escuela y los padres apoyan esa situación y no acompañan”. “Están y permanecen en la delincuencia, pero son menores no punibles”, por lo tanto, la idea es comenzar a “penalizar a los padres”.

En lo específico a su esfera de intervención, admitió que “es muy difícil porque en la escuela pueden estar 4 horas aprendiendo valores, pero después van a su entorno familiar y barrial donde ocurre todo lo contrario. Es un trabajo arduo, muchos tienen consumos problemáticos”, que les generan complicaciones en su salud mental.

El docente mensuró que “esto es algo que nos atraviesa a todos, es transversal”, y a la hora de geolocalizar el fenómeno relacionado con los menores fuera de la ley y la escuela, sostuvo que “donde más se nota es en los sectores más vulnerables de la sociedad, en los barrios más retirados”.

“Vamos a trabajar en conjunto con el municipio y la justicia", se comprometió García, aunque no será fácil: “Es un problema que viene desde hace rato y es difícil entrar a algunos sectores de la ciudad por el nivel de violencia existente, por eso las trabajadoras sociales van a ir acompañadas por la policía”.

Tejido social roto

En el denominado primer nivel de intervención con menores no punibles (hasta los 15 años) prestan servicios funcionarios municipales, educativos, de salud y de Niñez. Luego, en la franja de 16 y 17 años ya interviene la justicia. A lo largo de todo el rango etario siempre permanece en la primera línea de fuego la policía.

A diario los hechos delictivos reflejados en partes de prensa son mayoritariamente protagonizados por menores de edad, lo que presupone un doble desafío para la fuerza de seguridad: por un lado, brindar seguridad; y por el otro, lidiar con personas que cuyo accionar delictual no está penado por ningún código.

El director general Julio Lucero conduce la regional departamental de Policía de General Obligado, con asiento físico y administrativo en Reconquista. Fue quien ideó y formalizó la convocatoria al conjunto de actores con el fin de “explicarles lo que está pasando, de qué manera la realidad va cambiando y dónde estamos parados”.

Desde su óptica basada en la experiencia de tres décadas en la profesión y de acuerdo a informes socioambientales “está roto el tejido social, los roles entre mayores y menores están mezclados y, entonces, no funciona la pirámide social” que debe ordenar la vida en sociedad.

La falta de educación incide en la marginalidad de estos chicos a los que “nadie les da laburo, ni tampoco tienen algo para ofrecer porque no estudian”, de tal manera que son permeables a ser captados por el delito.

El déficit de adquisición de conocimientos básicos se nota cuando son notificados de alguna causa en curso: “Firman con un dibujo y les da vergüenza porque no comprenden lo que está escrito en las actas”, describió.

Como aristas positivas del cónclave que tuvo lugar en la sede de la regional policial norteña, Lucero destacó la predisposición y asistencia de convocados, una nueva dinámica de trabajo con el municipio local que aportará un equipo social durante las 24 horas para situaciones con menores y, hacia adelante, dijo que invitará a sumarse al abordaje a clubes e iglesias de la ciudad.

Prevención

Las acciones preventivas orientan las políticas sociales del municipio reconquistense. La Lic. María Haydée Maggio tiene a su cargo la Secretaría de Desarrollo Humano, desde donde se realiza la prevención para que “no sean vulnerados los derechos y los vínculos familiares y sociales de los niños y adolescentes de nuestra ciudad”.

La tarea se implementa con actividades que garanticen que estas personas, niños y adolescentes, “no se vean amenazados en sus derechos”, desplegadas desde el área de Educación, desde las trabajadoras sociales, desde el área de Niñez, desde los cuatro centros de contención que tiene el municipio en esta gestión, que son los del Callejón de La Cortada, en el barrio San Francisco, el barrio Nuevo Luján y el Puerto, enumeró la funcionaria.

“En los lugares más vulnerados -prosiguió- están estos derechos de estos niños y adolescentes, el municipio está, y haciendo prevención con acciones, en este momento estamos en los barrios con el deporte, estamos con talleres de teatro, de murga, con apoyos escolares. Es ahí donde trabajamos con ellos y con la familia”.

En esa dirección, consignó que el despliegue territorial cuenta con la asistencia del “trabajador social o el psicólogo que también está atento a dónde vive, en qué ambiente está viviendo este niño y este joven que nosotros estamos trabajando. Este domingo, por ejemplo, estamos por llevar una acción en el barrio Guadalupe, frente a la escuela secundaria, para trabajar con jóvenes con el área de prevención de consumos”,

Maggio centró sus declaraciones a El Litoral en que “debemos trabajar antes, es prevención, prevención y promoción de los derechos de estos niños y adolescentes y, por supuesto, las obligaciones de estos niños y adolescentes. La obligación es de la familia y del niño estar en la escuela, no puede estar sin ir a su espacio educativo y desde ahí se armarán las redes en las distintas instituciones, en este caso con la Secretaría de Desarrollo Humano que ofrece esta batería de acciones y actividades para poder estar conteniendo, acompañando y alojando a esta niñez y a esta adolescencia de nuestras familias”.

Crímenes conmocionantes

El jueves 9 de mayo, Guillermo Segretin, de 14 años, falleció estando internado en el Hospital Central de Reconquista como consecuencia de una herida de arma blanca que recibió en el abdomen, propinada por un agresor de su misma edad un día antes en el barrio Lanceros del Sauce. El victimario, acompañado por su padre, entregó más tarde el arma blanca que utilizó para dar muerte a su oponente.

El domingo 9 de abril de 2023, Matías Hernán Cardozo (16) recibió un disparo en la zona del pecho con un arma calibre 22 que terminó con su vida en el periférico barrio Virgen de Guadalupe. El joven falleció en el Hospital Regional de Reconquista luego de que fuera trasladado en estado desesperante al nosocomio en un móvil policial que patrullaba en inmediaciones del lugar. El autor material del hecho fue un pibe de 14 años de la misma barriada.

En ambos casos fueron reubicados en otras localidades como resguardo a sus integridades físicas y como medida para preservar la paz social ante probables actitudes de revanchismo. En las dos oportunidades, la comunidad se vio sacudida por los crímenes engendrados por la violencia y el mal vivir. De la reunión de autoridades surgió un interrogante estremecedor: cómo hacer desde el Estado para que estos jóvenes no sean marginales toda su vida.