El Gobierno de Santa Fe decidió constituirse como querellante en la causa penal que investiga la distribución de fentanilo contaminado, que tuvo como epicentro a la red de salud pública y privada de la provincia. Así lo confirmó la ministra Silvia Ciancio en una entrevista con El Litoral.
Causa judicial
La ministra Ciancio explicó por qué Santa Fe será querellante en la causa por fentanilo
La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, confirmó a El Litoral que la Provincia será parte acusadora en la causa federal que investiga el uso de fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma. A partir del sistema de farmacovigilancia, se registraron 69 notificaciones, 35 de ellas con fallecimientos en evaluación. “Queremos saber qué pasó y que no vuelva a ocurrir”, afirmó.
“Queremos que se investigue claramente qué pasó, quiénes son los responsables y que no vuelva a ocurrir”, sentenció. La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N.º 3 de La Plata, y será la Fiscalía de Estado quien formalice la presentación en los próximos días.
Desde el 8 de mayo, cuando se emitió la alerta de la Anmat, la cartera sanitaria inició una serie de acciones preventivas que incluyeron la suspensión del uso del fentanilo del laboratorio HLB Pharma y luego la prohibición de todos sus productos.
Investigación técnica y rol activo del Ministerio
“El Ministerio de Salud tomó esta decisión no solo para seguir el curso judicial, sino también porque tenemos mucho para aportar. Desde el área legal y técnica iniciamos una investigación interna apenas se conoció la alerta”, sostuvo Ciancio.
Entre las pruebas que el gobierno provincial pondrá a disposición de la Justicia se encuentran muestras del medicamento y datos del sistema de farmacovigilancia. “Nuestro sistema es robusto y nos permitió saber cuántos pacientes habían recibido el fentanilo del lote contaminado”, explicó.
Gracias a ese sistema, se realizaron 69 notificaciones por casos sospechosos, de los cuales 35 personas fallecieron. Sin embargo, aún no está probado que esas muertes estén directamente vinculadas al medicamento contaminado. “Todos eran pacientes críticos, con cuadros clínicos complejos”, señaló.
A pesar de ello, el Ministerio pretende que la investigación judicial esclarezca si hubo una relación causal. “Queremos conocer de principio a fin qué pasó”, remarcó la funcionaria.
Articulación institucional y medidas de control
A partir de la alerta del 8 de mayo, no solo se retiró el lote sospechoso, sino que se suspendió preventivamente todo el stock del laboratorio HLB Pharma. “También pusimos a disposición muestras para el Malbrán y notificamos a Anmat de todo lo relevado en Santa Fe”, explicó Ciancio.
La ministra destacó que desde esa fecha no se registraron nuevos casos sospechosos. “Esto demuestra que las medidas funcionaron. No hubo más notificaciones porque el producto fue retirado a tiempo”, subrayó.
Consultada por El Litoral sobre si hay una red de control activa con hospitales, farmacias y fuerzas de seguridad, Ciancio respondió: “Lo que hay es un mecanismo transparente de compras. Todos los proveedores deben contar con las habilitaciones necesarias. Nosotros no podemos verificar la composición molecular de los medicamentos, pero sí exigir cumplimiento normativo”.
El impacto en el sistema de salud
La decisión de presentarse como querellantes responde también a la gravedad del impacto que tuvo el hecho en la salud pública. “Esto puso en jaque nuestros procesos médicos. Es una situación que genera mucho dolor y angustia, sobre todo por la gente que confía en el sistema público”, dijo la ministra.
“Tenemos una responsabilidad institucional y política. El gobernador y esta ministra decidimos impulsar esta medida para que haya justicia”, afirmó. “No solo seguimos gestionando, también reclamamos que los responsables sean sancionados”.
La acción penal busca identificar si hubo negligencia o mala praxis por parte de la droguería, el laboratorio o incluso fallas en los controles de la Anmat. “No se trata de buscar culpables al azar, sino de que este hecho no quede impune y no se repita”, concluyó Ciancio.
El sustento legal y la ruta judicial
La figura del querellante otorga a la Provincia un rol activo en el expediente judicial. Desde ese lugar, podrá presentar pruebas, solicitar medidas y recurrir resoluciones. La adulteración de medicamentos es un delito federal, por lo que la investigación está en manos de la Justicia Federal.
El Ministerio de Salud articuló desde el primer momento con organismos nacionales. Enviaron muestras al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y al Instituto Malbrán para detectar la presencia de bacterias como Ralstonia pickettii, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella variicola.
Estas bacterias, según los informes preliminares, podrían haber estado presentes en el lote adulterado. El objetivo ahora es determinar si provocaron infecciones en los pacientes afectados y si se puede trazar una relación directa con los fallecimientos.
Transparencia, responsabilidad y acompañamiento
El Ministerio de Salud continúa recopilando datos, con un monitoreo constante del sistema de salud. No hay casos notificados posteriores al 8 de mayo, lo que refuerza la eficacia de las medidas adoptadas.
“Es una situación extremadamente sensible. Queremos transmitirle tranquilidad a la ciudadanía de que hicimos todo lo que correspondía desde el primer momento”, aseguró Ciancio. Y concluyó: “Estamos a disposición de la Justicia y vamos a seguir aportando todo lo necesario para que se conozca la verdad”.
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