La situación judicial que rodea a Wanda Nara sumó un capítulo clave este lunes, cuando fue citada a declarar como testigo en la investigación que tiene como acusado a Nicolás Payarola, su ex representante legal. La comparecencia buscó precisar su vínculo con el letrado y el alcance de trámites y acuerdos que quedaron bajo análisis.
El expediente se aceleró tras procedimientos en Nordelta, donde hubo allanamientos y secuestro de documentos vinculados a distintos clientes. En paralelo, Payarola quedó bajo la lupa por una seguidilla de denuncias que hablan de reiteración de maniobras y sumas importantes en juego.
La declaración y el rol de testigo
Fuentes del caso indicaron que Nara aportó detalles que complican la posición del abogado, al describir la dinámica de decisiones y comunicaciones durante la relación profesional. En la fiscalía remarcaron que, por su carácter de testigo, la declaración está alcanzada por el deber de decir verdad.
En la audiencia también se intentó ordenar versiones que circularon en los últimos días sobre movimientos de dinero y supuestas deudas entre partes, además de reconstruir cómo se instrumentaron acuerdos y revocaciones de patrocinio en expedientes paralelos.
Las denuncias que empujan la causa
Entre las presentaciones mencionadas en el expediente figura la de Macarena Posse, ex abogada de Nara, quien sostuvo que existían conversaciones y condiciones económicas discutidas para su intervención profesional, con cifras que escalaron el conflicto.
El caso también tomó dimensión pública por denuncias que vinculan a otras presuntas víctimas, entre ellas el padre del futbolista Gonzalo Montiel. En antecedentes judiciales, se mencionó la imposición de una caución real millonaria en otra instancia del proceso.
Qué puede pasar ahora
Con la ronda de declaraciones en marcha, la fiscalía busca consolidar prueba documental y digital, y sumar precisiones sobre montos, promesas de inversión y servicios que no se habrían cumplido. La investigación, por ahora, se sostiene sobre denuncias múltiples y medidas de prueba que siguen abiertas.
En ese contexto, el expediente se mueve con un objetivo concreto: delimitar responsabilidades, identificar el circuito de dinero y resolver la situación procesal de los imputados mientras se agregan nuevas presentaciones al legajo.