La justicia ordenó mantener bloqueadas las cuentas millonarias producto de apuestas ilegales en Santa Fe

Este miércoles, la justicia penal santafesina ordenó mantener inmovilizadas las cuentas en criptomonedas en las que se acumulan alrededor de 1,3 millones de dólares, que se presume, provienen de lo recaudado en plataformas digitales de juego no autorizado.

La decisión adoptada por el juez del Colegio de Jueces Penales de Segunda instancia, Sebastián Creus, ordena “revocar parcialmente” la medida dispuesta por el juez Pablo Spekuljak, quien el 31 de marzo liberó el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas que están siendo investigadas, a cambio de un mínimo depósito en dólares a la Aprad.

La apelación tuvo el triple impulso del Ministerio Público de la Acusación (MPA), junto con las querellas presentadas en la causa, que representan los intereses del Gobierno de Santa Fe y de la empresa privada Casino de Santa Fe.

El juez Creus confirmó “lo que tiene que ver con las cautelares personales” dispuestas para los imputados, en tanto que revocó “las cautelares reales debiendo volverse al estado anterior, disponiéndose las mismas cautelares vigentes antes de la resolución impugnada”, según consta en el acta.

Es decir que por el momento y de cara a un futuro juicio oral, los activos digitales en criptomonedas, estimados en 1.3 millones de dólares, continuarán congelados bajo la tutela de la Justicia provincial.

Denuncia y actores

En cuanto a la causa penal, se inició el 22 de mayo de 2024, con una denuncia de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.

Los representantes del Gobierno santafesino apuntaron contra 273 páginas de juego ilegal, lista que fue ampliada el 19 de junio del año pasado alcanzando los 385 sitios de apuestas online ilegales.

Actualmente la investigación tiene como imputados a: Justina Garcia de la Peña; Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. Además, se investiga a las empresas Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión.

Por parte del MPA estuvieron en la audiencia el fiscal de la causa, Agustín Nigro y el fiscal de cámara, Carlos Arietti; mientras que las defensas de los involucrados fueron ejercidas por los abogados Ignacio Alfonso Garrone; Mariana Oroño y Federico Kienner.

En tanto por las querellas estuvieron el Fiscal de Estado provincial adjunto Leandro Mega y la Dra. Paola Landa -por el Gobierno de Santa Fe-; y el abogado Luis Miguel Massot -por Casinos de Santa Fe-.

Declaraciones posteriores

Al término de la audiencia el fiscal Arietti explicó a El Litoral que “la inmovilización de los activos tiene como fundamento asegurar el posible decomiso de todos esos activos como consecuencia de una futura condena”.

Recordó que “la Fiscalía apeló la resolución del juez Spekuljak de ese momento, que había reducido la cautelar real a los imputados, porque lo calculó en función del pasivo patrimonial de la provincia”.

En tanto, explicó que “el delito del (artículo) 301 bis, que es la organización de juego de azar sin autorización de la provincia, es un delito de organización y no de resultado por lo tanto todo el provecho de la actividad puede ser decomisable”.

Por su parte, el Dr. Ignacio Mohamad, quien junto con el Dr. Massot representa a la empresa de Casinos, destacó la importancia de que el juez Creus haya hecho lugar “a la pretensión de la fiscalía y la querella”, y que tras la revocatoria “reinstalara todas las medidas cautelares que se habían morigerado” en primera instancia.

Además manifestó que el juez de Cámara dedicó un apartado de su resolución “para hacer referencia a la competencia de la investigación refiriéndose a fallos de la Corte en los cuales este tipo de investigaciones tiene competencia provincial”.