En Córdoba, un jurado popular emitió este miércoles su veredicto en uno de los procesos judiciales más conmocionantes de la historia reciente de la provincia. Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés recién nacidos y de intentar hacerlo con otros ocho, fue hallada culpable y sentenciada a prisión perpetua.
Final de un juicio histórico en Córdoba
Brenda Agüero recibió prisión perpetua por la muerte de cinco bebés en el Neonatal
La enfermera fue condenada por haber asesinado a cinco recién nacidos e intentar hacerlo con otros ocho. El jurado popular la halló culpable por mayoría. El caso fue enmarcado como violencia institucional y la Provincia deberá indemnizar a las familias.
El fallo se conoció luego de una extensa jornada de deliberación que se extendió por casi diez horas. A las 19.50, la presidenta del tribunal, Patricia Soria, comenzó la lectura de la sentencia ante una sala cargada de tensión y emociones cruzadas. La resolución dejó además otras ocho condena y cinco absoluciones.
Una serie criminal en el corazón del sistema de salud
Los crímenes ocurrieron entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Las víctimas eran recién nacidos sanos, muchos de ellos dados por viables tras los controles de rutina. Pero las muertes comenzaron a acumularse en un plazo breve y alarmante. Fue entonces cuando surgieron las primeras sospechas.
La investigación reveló que Brenda Agüero habría inyectado potasio en dosis letales a los bebés. Las autopsias y análisis clínicos fueron contundentes: hubo una acción intencional. Con el correr de los meses, Agüero quedó en el centro de la escena. Fue detenida en agosto de ese mismo año, y desde entonces proclamó su inocencia.
En paralelo, la causa se amplió. La justicia provincial imputó a médicos, enfermeras y funcionarios del Ministerio de Salud por encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Condenas, absoluciones y una provincia responsable
Además de la perpetua para Agüero, el tribunal resolvió otras penas de prisión para exfuncionarios del hospital. Liliana Asís, exdirectora del centro de salud, fue condenada a cinco años de prisión y cuatro de inhabilitación, aunque podrá mantener su libertad bajo caución.
La misma pena se aplicó a Marta Gómez (exjefa de Neonatología), Adriana Moralez (Comité de Seguridad del Paciente) y Alejandro Escudero Salama (exsubdirector administrativo).
El exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, fue condenado a cuatro años de prisión sin cumplimiento efectivo. En cambio, el exministro Diego Cardozo fue absuelto, aunque sin un voto unánime del jurado.
Las absoluciones alcanzaron también a la médica María Alejandra Luján, a la exjefa de Enfermería Alicia Ariza, a la tocoginecóloga Claudia Ringelheim y al exsecretario de Coordinación ministerial, Alejandro Gauto.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es el reconocimiento judicial del carácter de violencia institucional. Los jueces y jurados consideraron que los hechos se produjeron en el marco de una cadena de responsabilidades dentro del sistema de salud y que la Provincia debe responder por ello.
Por eso, además de las penas penales, el Estado fue condenado civilmente a indemnizar a las familias de los 13 niños fallecidos o lesionados. La enfermera Agüero también deberá afrontar esos resarcimientos.
Un juicio con impacto profundo
Durante los 57 días de audiencias pasaron por el tribunal 99 testigos, entre ellos familiares de las víctimas y los 11 imputados. La causa sacudió a la sociedad cordobesa desde el principio, tanto por la gravedad de los hechos como por el escenario en el que ocurrieron: un hospital público, un área de cuidados críticos, una sala donde todo debería estar dado para proteger la vida.
La jueza Soria agradeció al cierre del proceso la labor de los jurados populares y destacó su compromiso con un juicio que demandó seis meses de trabajo. El fallo deja además nuevas líneas de investigación abiertas. El tribunal ordenó remitir antecedentes para que se investigue por qué no se tomó la denuncia de una médica en su momento.
Además, recomendó al Ejecutivo provincial revisar los criterios de selección de personal en ámbitos sensibles como la salud pública, y pidió la implementación inmediata de un programa de asistencia para los bebés sobrevivientes y sus familias.
Lo que vendrá
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 23 de julio. Recién entonces se sabrá con precisión cuántos votos reunió cada decisión tomada. La mayoría de los abogados defensores ya anticiparon que apelarán las condenas.
Sin embargo, el fallo de este miércoles marca un antes y un después. No sólo en términos judiciales. También en lo institucional y social. El caso de Brenda Agüero expuso fallas estructurales en la supervisión sanitaria, demoras inaceptables en los mecanismos de control y, por sobre todo, el profundo dolor de familias que aún buscan justicia por vidas que apenas habían comenzado.
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