La Sala I, de la Cámara Federal de Casación Penal dio marcha atrás y anuló la prisión domiciliaria que había sido otorgada formalmente -pero nunca ejecutada- en septiembre a Luis Alberto Paz, uno de los condenados por narcotráfico más conocidos de la región.
Revisión judicial
Casación anuló la prisión domiciliaria otorgada al narco rosarino Luis Paz
Aunque nunca se concretó, la medida judicial dejó sin efecto otra que había concedido la prisión domiciliaria a Luis Alberto Paz, condenado por narcotráfico y lavado de activos. Paz, cuyo nombre quedó asociado a una de las estructuras de tráfico de drogas más relevantes investigadas en la región, cumple una pena dictada en 2021.
El tribunal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña -presidente-, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ordenó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictar un nuevo fallo, tras concluir que el juez de ejecución no fundamentó adecuadamente la medida ni evaluó de manera completa la situación médica del detenido y las posibilidades de tratamiento dentro del sistema penitenciario.
Antes de la discusión judicial sobre su salud y sus condiciones de alojamiento, Luis Alberto Paz había quedado en el centro de una de las investigaciones de narcotráfico más resonantes de Rosario y Santa Fe.
Presentado durante años como un empresario del rubro deportivo y automovilístico, su nombre ganó notoriedad pública a partir del homicidio de su hijo, Martín “Fantasma” Paz, ocurrido en 2012, hecho que abrió una serie de disputas y derivaciones dentro del crimen organizado.
Droga y lavado
En los años siguientes, distintas pesquisas federales lo vincularon con maniobras de tráfico de estupefacientes y con el movimiento de fondos ilícitos.
Esa reconstrucción judicial culminó en 2021, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo condenó a 13 años y 9 meses de prisión como organizador de una estructura dedicada al comercio y transporte de drogas, agravada por intervención de tres o más personas, en concurso con lavado de activos.
La sentencia también dispuso el decomiso de varios bienes, entre ellos propiedades y autos de alta gama, que fueron señalados como parte del patrimonio generado por la actividad ilegal. Uno de esos inmuebles —ubicado en el country Los Molinos— es el mismo que su defensa propuso para que cumpliera la prisión domiciliaria.
Prisión domiciliaria
El 16 de septiembre pasado, el juez federal santafesino Luciano Lauría, a cargo de la ejecución penal, decidió otorgar la prisión domiciliaria a Paz en función del deterioro de sus rodillas y otras patologías crónicas. La medida quedó sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y al control de un tutor propuesto por la defensa.
La decisión generó reparos inmediatos de la Fiscalía, que cuestionó la valoración de los informes médicos del Servicio Penitenciario Federal y la falta de un análisis exhaustivo sobre las condiciones del domicilio ofrecido. Además, remarcó que el inmueble continúa decomisado y bajo administración de la UIF, una circunstancia que —según planteó— el juez no contempló de manera adecuada.
Con esos argumentos, el fiscal general Martín Suárez Faisal presentó un recurso de casación que finalmente fue considerado “admisible” por la Sala I del máximo tribunal penal del país.
La casa del country
En su recurso, la Fiscalía calificó de “arbitraria” la resolución de Lauría. Señaló que no se ponderaron los últimos informes médicos penitenciarios, que no se verificó quién quedaría efectivamente a cargo del control de la medida, que Paz carecía de obra social y que la casa a la que se trasladaría está decomisada y vinculada a una causa por lavado en la que está procesada su pareja.
El planteo también cuestionó que la defensa sostuviera la necesidad de una cirugía que nunca se realizó durante los años en libertad y que, en caso de concretarse ahora, podría tener seguimiento intramuros en el Hospital Penitenciario Central I (HPC I), ubicado en el mismo Complejo Penitenciario de Ezeiza donde se encuentra alojado.
Los camaristas tomaron nota de ese señalamiento y remarcaron que, tras un primer informe traumatológico que fundamentó la decisión del juez, un dictamen posterior de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario dejó expresamente asentado que el complejo cuenta con recursos para un postoperatorio de rodilla.
Rodillas y otras enfermedades
El Cuerpo Médico Forense examinó a Paz en junio y concluyó que, si bien presenta un deterioro importante en ambas rodillas y diversas patologías crónicas, se encuentra compensado. La cirugía de reemplazo articular que evalúa realizar requiere un seguimiento especializado y prolongado, pero no se acreditó la imposibilidad de brindarlo en el ámbito carcelario.
Casación recordó que la ley habilita la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años, como es el caso de Paz, pero ese requisito no es automático y exige un análisis integral de la situación.
El tribunal observó que el fallo anulado omitió evaluar de manera completa los informes médicos y la historia de atención dentro del complejo penitenciario, donde —según consta en el expediente— el condenado fue constantemente asistido mediante controles, medicación y derivaciones externas cuando fueron necesarias.
La defensa propuso como lugar para la domiciliaria una vivienda del barrio cerrado Los Molinos que había sido decomisada en 2021 como producto del patrimonio ilícito del condenado. Ese mismo inmueble se encuentra involucrado en una causa por lavado de activos en la que está procesada su pareja, también sugerida como tutora del beneficio.
Los jueces advirtieron que la resolución anulada no profundizó en este punto ni explicó cómo se garantizaría el control del cumplimiento de la medida en un domicilio sin regularidad dominial y actualmente bajo administración estatal.
Un nuevo fallo
Con los votos de Barroetaveña, Carbajo y Hornos, Casación resolvió anular el fallo que le había otorgado la domiciliaria a Paz. Dispuso devolver el expediente al Tribunal Oral Federal de Santa Fe para que dicte un nuevo pronunciamiento, con una evaluación completa y actualizada de las circunstancias.
Mientras tanto, Paz seguirá alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cumpliendo la condena que vence en septiembre de 2032.
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