Este jueves 9 de abril comenzará en la provincia de San Juan el juicio oral contra tres miembros de una familia gitana oriunda de la ciudad de Santa Fe, acusados de haber sometido a una adolescente a una situación de servidumbre doméstica, laboral y sexual durante varios años.
Tribunal Oral Federal de San Juan
Casamiento gitano y trata: juzgan a una familia santafesina acusada de someter a una menor
Tres integrantes de un grupo familiar radicado en Cabaña Leiva serán juzgados desde este jueves 9 de abril. La fiscalía sostiene que explotaron a una adolescente bajo una unión forzada, mientras que la defensa afirma que se trató de un vínculo consentido dentro de pautas culturales propias de la comunidad gitana.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral Federal sanjuanino, integrado por los jueces Daniel Alejandro Doffo —en carácter de presidente—, Hugo Carlos Echegaray y María Carolina Pereira, y se extenderá al menos hasta el miércoles 15 de abril.
En el banquillo de los acusados estará una pareja: C.A.C. (45), C.I.C. (46); y su hijo C.F.G.C. (23), quienes llegan al juicio detenidos —los dos hombres con prisión preventiva y la mujer bajo arresto domiciliario— imputados por el delito de trata de personas agravada.
La acusación fue presentada el 27 de noviembre de 2025 por el fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángaro. El propio Alcaraz será además el encargado de sostener la acusación durante el juicio oral, en continuidad con la estrategia del Ministerio Público Fiscal.
La defensa está a cargo del estudio encabezado por el abogado santafesino Claudio Torres del Sel, junto a Julieta Carnaval y Francisco García Rossi, este último presente en San Juan para intervenir en el debate.
“Tenemos un juicio oral por trata de personas de una familia gitana que vive en Cabaña Leiva”, explicó el letrado, quien subrayó además que “la mayoría de los hechos ocurrieron en Santa Fe”.
Atravesado por la cultura
El proceso judicial tendrá como eje una discusión compleja: el alcance de las prácticas culturales de la comunidad gitana frente a los límites que imponen las normas penales argentinas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según la hipótesis fiscal, la víctima —identificada como V.S.Y.— fue sometida a una unión forzada a los 13 años con C.F.G.C., quien en ese momento tenía 20.
El vínculo se habría concretado entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, en el marco de un rito tradicional que incluyó el pago de $825.000 por parte de la familia del joven a los padres de la adolescente, suma que actualizada superaría los 11 millones de pesos.
Para los acusadores, ese pago constituye un elemento de captación con fines de explotación. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de una práctica cultural —la dote— y que la relación fue “buscada por ambos”, descartando cualquier forma de coerción.
Tres etapas bajo análisis
El requerimiento de elevación a juicio estructura los hechos en tres momentos. El primero es la unión, que la fiscalía califica como forzada y enmarcada en una situación de vulnerabilidad extrema: V.S.Y. nunca accedió al sistema educativo formal, no sabe leer ni escribir y creció en un contexto de pobreza estructural.
En una segunda etapa, ya instalada en Santa Fe, la joven habría sido sometida a condiciones de explotación: tareas domésticas, venta ambulante e incluso trabajo durante su embarazo, además de violencia física y psicológica. También se le atribuye al joven imputado haber mantenido relaciones sexuales con la menor desde el inicio del vínculo, lo que la acusación encuadra como servidumbre sexual.
Conflicto y rescate
La tercera etapa —central para el desenlace del caso— se sitúa en diciembre de 2024, cuando V.S.Y., junto a C.F.G.C. y el hijo de ambos, viajaron a San Juan para convivir con la familia de la adolescente en el barrio La Capilla. Durante aproximadamente cuatro meses, la pareja permaneció en ese entorno familiar, en un contexto que, según surge de la causa, no había sido inicialmente judicializado.
El conflicto se desató hace un año. El 5 de abril, C.A.C. y C.I.C. llegaron a San Juan con la intención de llevarse nuevamente a la pareja y al niño a Santa Fe. Para la fiscalía, lo ocurrido al día siguiente constituye un episodio de captación violenta: los imputados habrían obligado a la joven a subir a una camioneta Ford Ranger y emprendieron el regreso.
De acuerdo con la declaración en Cámara Gesell, la adolescente intentó escapar a los pocos kilómetros, descendiendo del vehículo con su hijo en brazos en una zona de estaciones de servicio. Sin embargo, fue alcanzada por su suegra, quien —según la acusación— la obligó a regresar a la camioneta.
La situación derivó en un operativo policial tras la alerta de las autoridades sanjuaninas. Finalmente, personal de la Unidad Rural N° 1 interceptó el vehículo en las inmediaciones del paraje Caputo, sobre la Ruta Nacional 141, y rescató a la joven junto a su hijo, frustrando el traslado.
Para la fiscalía, este episodio configura un hecho autónomo de trata, en tanto implicó captación y traslado mediante coacción con fines de explotación. La defensa sostiene una versión opuesta: afirma que se trató de “una discusión familiar ante un cambio de decisión inesperado” y niega la existencia de un rapto.
Vulnerabilidad y derechos en tensión
Uno de los ejes del juicio será la valoración de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Informes oficiales indican que no existen registros de escolaridad a su nombre en la provincia de Santa Fe, y que creció en un contexto de extrema precariedad, en una familia dedicada a la venta ambulante.
La fiscalía sostiene que esas condiciones fueron determinantes para su captación y sometimiento. Además, remarca que el matrimonio infantil constituye una violación de derechos humanos, aun cuando se inscriba en prácticas culturales.
La defensa, en tanto, rechaza esa interpretación. “No hay una relación forzada, sino una relación genuina”, sostuvo García Rossi, quien adelantó que buscarán demostrar que no existió finalidad de explotación ni abuso de poder en los términos exigidos por el tipo penal.
Lo que está en juego
El debate no sólo definirá la responsabilidad penal de los acusados —para quienes se solicitaron penas de hasta 14 años de prisión en el caso de los padres y 11 para el joven—, sino también los límites entre el respeto a la diversidad cultural y la vigencia de los derechos fundamentales.
Mientras la acusación sostiene que ninguna práctica puede justificar la vulneración de derechos de niñas y adolescentes, la defensa insiste en que las conductas deben analizarse dentro del contexto cultural en el que se produjeron.
Con ese trasfondo, el juicio que se inicia este jueves se adentra en una zona de tensión entre prácticas culturales y derecho penal, donde el tribunal deberá determinar si los hechos constituyen delitos de trata de personas o si, como plantea la defensa, se trató de una dinámica familiar sin relevancia penal.
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