Causa Moderno House: seguirán en libertad los acusados de estafar a más de una decena de familias

Néstor Gabriel Segovia, dueño de la empresa Moderno House, y su entonces pareja y empleada, Camila Dos Santos Rizzi, permanecerán en libertad mientras avanza la causa en su contra por presuntas estafas a más de una decena de familias santafesinas que les pagaron importantes sumas de dinero para hacer realidad el sueño de la casa propia.

La fiscalía, representada por Jésica Bernard y Matías Broggi, y las querellas habían solicitado la prisión preventiva de los acusados, pero el juez Lisandro Aguirre entendió que la reclusión no era necesaria, por lo que sólo impuso a los imputados medidas alternativas y la “obligación” de que presenten a las víctimas planes de reparación en un plazo de 90 días.

No obstante, durante la audiencia habría quedado demostrado que los imputados sólo son propietarios de dos automóviles, uno de los cuales estaría inutilizado por un choque.

Por otra parte, el magistrado consideró que no había evidencia suficiente como para considerar a los imputados miembros de una asociación ilícita, contra lo que impulsaban los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación.

De la audiencia también participaron los querellantes José Ignacio Chigal, Melisa Logica y Marianela Leocata, así como los defensores Jorge Qüesta -por Segovia- y José Nanni -por Dos Santos Rizzi-.

Investigación

Según la hipótesis de la fiscalía, los acusados montaron una estructura delictiva que operó de forma estable entre enero de 2021 y junio de 2024.

La firma utilizó como pantalla comercial la sede de avenida Facundo Zuviría al 6600 de la ciudad de Santa Fe. Simulaba tener solvencia empresarial, pero ni siquiera contaba con habilitación municipal e inscripción registral.

También los funcionarios señalaron que para consolidar el ardid, montaron un showroom a escala, publicitaron en redes sociales y asignaron roles.

Asimismo, exhibían una vivienda en Sauce Viejo como si fuera de construcción propia y presentaban a un integrante sin matrícula como el arquitecto de la firma para engañar a los clientes.

Los fiscales aseguran que con este esquema lograban captar interesados, a los que les ofrecían todo tipo de facilidades de pago. Los fondos de los anticipos de las víctimas eran desviados a emprendimientos personales, mientras interponían excusas sistemáticas -como robos o clima adverso- para dilatar las obras, hasta que finalmente cerraron el local.

Las estafas imputadas

Al hacer la atribución delictiva, la fiscalía detalló las contrataciones incumplidas que terminaron siendo imputadas como defraudaciones.

En primer término, el 2 de julio de 2022 se celebró un contrato con la entrega de un vehículo por 830.000 pesos y pagos posteriores, alcanzando un perjuicio total de 1.113.600 pesos.

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2022 se suscribió un convenio para la instalación de una vivienda en la provincia de Entre Ríos, con transferencias y entregas en dólares que configuraron un perjuicio de 2.887.400 pesos.

Al día siguiente, el 28 de septiembre de 2022, se pactó la edificación de un inmueble industrializado de 45 metros cuadrados en Santa Fe, provocando un perjuicio verificado en 2.159.000 pesos.

Asimismo, el 1° de diciembre de 2022 se concretó un contrato para una casa de 97 metros cuadrados en Laguna Paiva, donde la firma percibió 15.100 dólares en efectivo más sumas adicionales en pesos.

Durante el año siguiente, el 22 de abril de 2023 se firmó un acuerdo por una unidad de 58 metros cuadrados, con entregas por 5.600 dólares, 1.255.000 pesos y material de construcción acopiado.

Finalmente, el 14 de septiembre de 2023 se suscribió un contrato para una vivienda de 86 metros cuadrados en el departamento San Jerónimo, donde se abonaron 11.000.000 de pesos iniciales antes del abandono de la obra.

Descontento

La decisión judicial no cayó bien en las agotadas víctimas, que esperan algún tipo de reparación.

“Hay resoluciones que, si bien reconocen los hechos, se quedan en un plano meramente simbólico. Para las víctimas, la justicia no puede ser un espacio de mera escucha que archiva denuncias o dictamina medidas cautelares ilusorias, incapaces de ejecutarse y de resguardar derechos.

"El Estado tiene el deber inclaudicable de brindar respuestas concretas y efectivas ante delitos, ya que una justicia que solo reconoce el dolor sin remediarlo, no es más que impunidad disfrazada de legalidad”, dijo la abogada Melisa Logica, que representa en el proceso a una de las familias daminificadas.