En lo que ya se perfila como uno de los mayores golpes al cibercrimen financiero en el país, un megaoperativo de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una organización criminal dedicada a estafas piramidales y fraudes informáticos con criptoactivos.
Ciberestafa
Megaoperativo federal en gran parte del país por millonario fraude con criptoactivos
Se realizaron de manera simultánea 57 allanamientos -algunos en la provincia de Santa Fe- y 21 personas fueron detenidas. Además, se secuestraron 8 millones de criptodivisas y una suma cercana a los 60 millones de pesos, entre otros elementos.
Tras 57 allanamientos simultáneos en siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades detuvieron a 21 personas y secuestraron una suma que incluye más de 8 millones de dólares en criptodivisas (USDT) y millones de pesos en efectivo.
La investigación, que comenzó por múltiples denuncias de ahorristas damnificados, dejó al descubierto una ingeniería financiera y tecnológica altamente sofisticada.
Según fuentes judiciales, la banda operaba bajo distintas plataformas digitales; una de las principales se identificaba con las iniciales "B.M." y había sido desarrollada por el presunto cerebro de la organización: un informático de origen asiático radicado en la Argentina desde hace tiempo.
Apps de citas
El modus operandi de la banda combinaba la seducción digital con la manipulación financiera. Utilizando redes sociales, publicidad engañosa, contactos personales e incluso aplicaciones de citas, los estafadores desplegaban un alto nivel de persuasión para atraer a potenciales inversores.
Una vez que las víctimas transferían sus fondos a las billeteras virtuales de la organización, la banda simulaba ganancias iniciales ficticias para ganar su confianza.
Sin embargo, el verdadero golpe llegaba a través de la técnica conocida como "Pump and Dump" (inflar y tirar): los criminales difundían información falsa para inflar artificialmente el valor de determinados activos y, en el pico de la cotización, vendían todo de forma masiva.
Esto provocaba el desplome inmediato del valor, momento en el que bloqueaban las cuentas de las víctimas y hacían desaparecer los fondos.
"Mulas" bancarias
La causa penal, impulsada inicialmente por el Procurador General de la Suprema Corte de Buenos Aires, el Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, tomó tal dimensión territorial que requirió la cooperación de fiscalías de todo el país. La investigación técnica quedó en manos de la División Delitos Tecnológicos de la PFA.
Mediante el rastreo de operaciones en la blockchain (la cadena de bloques que registra las transacciones de criptomonedas), los detectives lograron identificar los eslabones más bajos de la organización: las "mulas" o "prestacuentas".
Estos individuos prestaban sus nombres y cuentas bancarias o billeteras virtuales para diversificar el dinero ilícito y borrar el origen de los fondos.
La estructura de la banda: Los investigadores determinaron que la organización funcionaba como una empresa criminal perfectamente escalonada, con división estricta de tareas y un rígido control jerárquico interno.
Saldo
Con las pruebas sobre la mesa, la Justicia ordenó la ejecución de los 57 allanamientos. 45 de ellos se concentraron en el AMBA (CABA, San Isidro, Vicente López, Florencio Varela, Lanús y La Matanza) y 12 en el interior del país, abarcando las provincias de Mendoza, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Formosa, Entre Ríos y Jujuy.
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