Los ex jefes policiales Gabriel Ernesto Lemos y Leonel Alejandro Almada reconocieron haber formado parte de una "asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada", conformada tanto por uniformados como por civiles, cuyo objetivo principal era la ejecución de robos domiciliarios mediante el uso de extrema violencia y recursos del Estado.
Corrupción policial
Condenaron a dos ex comisarios por integrar una banda dedicada a cometer robos violentos
Gabriel Lemos y Leonel Almada admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado. La organización utilizaba uniformes, armas y móviles oficiales para simular allanamientos y asaltar a civiles.
Ocurrió durante la audiencia de juicio abreviado realizada este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Ante la jueza penal Rosana Carrara, ambos aceptaron su responsabilidad penal para evitar llegar al juicio oral.
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, expuso una densa trama de criminalidad que operó al menos entre el 2020 y enero de 2023 en la capital provincial y sus alrededores. "La asociación se dedicaba a la comisión de robos en domicilios, ejecutando todos ellos en banda y ejerciendo violencia contra las personas", detalló.
La condena impuesta a Gabriel Lemos, identificado como uno de los "organizadores" de la banda, fue de 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Por su parte, Leonel Almada recibió una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva en su carácter de "miembro" de la organización. Sus defensas estuvieron a cargo de los Dres. Eugenia Campillay y Agustín Márquez, respectivamente.
El agravante principal radicó en que Lemos y Almada eran funcionarios policiales de jerarquía media que, en lugar de proteger a la ciudadanía, "abusaron de sus funciones y de los elementos provistos por la policía de Santa Fe para cometer los hechos".
Operativos simulados
El modus operandi de la banda contaba con cierta sofisticación. Según detalló el fiscal, los delincuentes solían irrumpir en las viviendas vistiendo uniformes oficiales y simulando procedimientos judiciales legítimos para reducir a sus víctimas.
En uno de los hechos ventilados, ocurrido el 20 de agosto de 2021 en una finca de Los Zapallos, la banda maniató a una mujer de 79 años y a un empleado, exigiéndoles dólares bajo amenazas de muerte.
En esa oportunidad, Almada -quien era jefe de una comisaría- se encontraba a solo 500 metros del lugar a bordo de un patrullero, "brindando cobertura y protección" mientras escuchaba la frecuencia policial para advertir sobre cualquier intervención externa.
Otro de los episodios, incluido en la condena a Lemos, ocurrió en marzo de 2022 en la zona rural de Recreo. Allí, los miembros de la banda, simulando un allanamiento, sustrajeron dinero y teléfonos, e incluso obligaron a la víctima a subir a la caja de una camioneta Amarok para luego abandonarla en el campo, a dos kilómetros de su vivienda.
El fiscal Hernández destacó que Lemos, siendo jefe de la comisaría local en ese momento, se presentó en la dependencia minutos antes del robo para asegurar que su personal no interviniera en el área del atraco.
Una estructura cooperativa
Al finalizar la audiencia, el fiscal Hernández brindó precisiones sobre el funcionamiento de la organización. "No atribuimos una jefatura única", aclaró, sino que "la asociación funcionaba de manera cooperativa". Los integrantes aportaban desde información sobre potenciales víctimas y horarios de las familias, hasta elementos tangibles como armas reglamentarias, precintos y vehículos oficiales.
Con estas dos nuevas sentencias, ya son más de siete los condenados por integrar esta red delictiva, cuya investigación se profundizó tras el recordado copamiento de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes en noviembre de 2022.
Si bien Lemos y Almada no participaron directamente en aquel asalto a la dependencia policial, las pericias telefónicas y los registros de los libros de guardia permitieron conectar sus actividades con el resto de la banda. "Todavía quedan al menos cinco personas para ir a juicio oral, entre ellos exfuncionarios y civiles", concluyó el fiscal.
Entre los miembros civiles de la banda, se encuentra Andrés Kaipl, el relacionista público condenado a prisión perpetua por su participación en el resonante crimen del agenciero de turismo Hugo Oldani, herido de muerte durante un asalto en 2020.
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