En una historia digna de una novela policial -pero con víctimas reales y consecuencias legales- el pasado martes 19 de agosto la Justicia santafesina cerró otro capítulo de una compleja red de estafas inmobiliarias que durante más de una década operó en la ciudad de Santa Fe.
Por 3 hectáreas en Colastiné
Estafas inmobiliarias en Santa Fe: condenaron a la empleada doméstica de uno de los hermanos Storni
Utilizaron su firma para fraguar un boleto de compra venta de mediados de siglo pasado, cuando la legítima propietaria estaba internada en un psiquiátrico en Buenos Aires. Es la cuarta sentenciada.
El foco: un loteo de tres hectáreas en Colastiné, ofrecido como oportunidad única por redes sociales. La realidad: una maniobra fraguada con documentos apócrifos, firmas falsas y una víctima original que estaba internada desde 1952 en el hospital psiquiátrico Moyano de Buenos Aires.
La protagonista fue María Fernanda Guerra (50), condenada a 3 años de prisión efectiva como miembro de la llamada “banda de los hermanos Storni”.
Era la empleada doméstica de la esposa del abogado Alfonso Storni, uno de los principales responsables de la organización. Pero también, según la Justicia, figura clave en una operación que incluyó falsificación de documentos, estafa procesal y asociación ilícita.
Una década atrás
Todo comenzó en mayo de 2014, cuando a pedido de Storni, que por entonces vivía en la casa donde trabajaba Guerra, esta última firmó un poder de cesión de derechos sobre las tres hectáreas de terreno ubicadas en calle Corondaes, entre Querandíes y Los Guaraníes.
El supuesto respaldo legal era un boleto de compra venta fechado el 5 de marzo de 1952, en el que constaba la firma de la legítima dueña del terreno. Lo macabro del acto fue que en ese momento, la mujer se encontraba internada “como demente recluida” en el hospital Moyano, donde murió en 1959, sin haber recuperado el alta ni la titularidad de sus tierras.
A partir de allí, Alfonso Storni –quien hoy cumple prisión domiciliaria y aguarda juicio oral– comenzó el proceso de escrituración, con documentación manipulada. Y aunque se dijo engañada por el letrado que supo ser su patrón, en 2015, Guerra le otorgó un poder especial, y en 2018 uno general, a través de escribana pública.
Con esos papeles, Storni pudo ofrecer el loteo como si fuera legítimo. Vendió partes del terreno a una familia que se dedicaba al movimiento de suelos y que nunca pudo escriturar, y luego estafó a otros particulares, como un comprador que entregó un cuatriciclo Yamaha como parte de pago. Cuando el comprador detectó una “doble venta”, la solución fue... otro lote trucho.
Colastiné y Sauce Viejo
Así se sucedieron 22 estafas solo en ese loteo de Colastiné, además de otras operaciones similares en Sauce Viejo.
Según pudo reconstruir la fiscal de la Unidad Especial de Delitos Complejos de Santa Fe, Bárbara Ilera, la banda funcionó desde 2014 hasta el 23 de agosto de 2024, cuando se ordenaron las primeras detenciones y allanamientos.
A la fecha existe una veintena de implicados que, aunque en diferentes etapas, fueron parte de una estructura delictual enmascarada como empresa: abogados, un corredor inmobiliario, escribanos, oficinas en distintos barrios de Santa Fe, una inmobiliaria (AS Servicios Inmobiliarios), y una intensa campaña digital coordinada por Emiliano Lihuel Chacón, que fue el primer condenado.
Guerra ya había pasado un año en prisión domiciliaria, y accedió al beneficio de un procedimiento abreviado, donde reconoció su participación ante el juez penal Luis Octavio Silva.
Asistida por su abogado, el Dr. Héctor Acuña, también realizó una reparación simbólica con 3,5 millones de pesos, repartidos entre 16 damnificados.
Condenas previas
Sin embargo, la investigación no termina aquí: fuentes judiciales indicaron que hay más personas implicadas que siguen en libertad, y se esperan nuevas imputaciones.
Mientras tanto, a fines de 2024 fue condenado Emiliano Lihuel Chacón (36), a 3 años de prisión condicional y el pago de 10 millones de pesos y entregar dos automóviles como reparación del daño causado a las víctimas, así como hacer donaciones a entidades de bien público por $ 500.000.
El segundo en suscribir un juicio abreviado fue el martillero público, Marcelo Parisse, quien el 13 de enero recibió 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Como parte de la sanción, acordó una reparaciones económicas por 11.239 dólares y 1.570.000 pesos que se repartirán entre las víctimas de seis defraudaciones; y la donación de 4.000 dólares a cuatro entidades de bien público.
El 22 de mayo pasado, firmó condena el corredor inmobiliario y principal socio de la empresa criminal, Agustín Mariano Storni. Recibió pena de 3 años de prisión efectiva y como parte del acuerdo fue inhabilitado por 10 años para ejercer su profesión; un resarcimiento por $ 6.900.000 para las víctimas y $ 100.000 destinados a una institución de bien público.
Actualmente permanecen en prisión preventiva el abogado Javier Andrés Cóceres (50) y el jubilado Atilio Domingo Di Mattía (68). Ambos están alojados en la cárcel de Las Flores, mientras que el abogado Alfonso Storni, considerado el cerebro de la banda, fue beneficiado con la domiciliaria por estrictas razones de salud.
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