Un corredor inmobiliario fue condenado este jueves por haber participado de una banda criminal que perpetró estafas inmobiliarias en la ciudad de Santa Fe y alrededores entre 2014 y 2024.
Fue inhabilitado
Corredor inmobiliario condenado por estafas en Santa Fe y alrededores
Agustín Storni formó parte de una asociación ilícita que operó durante una década. Como parte del juicio abreviado, acordó el pago de $ 6.900.000 para indemnizar a las víctimas
Agustín Storni, quien permanecía en prisión preventiva desde el año pasado, decidió firmar un juicio abreviado, reconociendo su culpa y aceptando la imposición de la pena de 3 años de prisión efectiva.
Como parte del acuerdo entre la fiscal Bárbara Ilera y el abogado defensor Martín Risso Patrón, Storni fue inhabilitado por 10 años para ejercer su profesión, entregará $ 6.900.000 para indemnizar a las víctimas y $ 100.000 que serán destinados a una institución de bien público.
El convenio fue homologado este jueves por el juez penal Nicolás Falkenberg, quien ordenó la condena. Debido a que Storni llevaba más de 8 meses tras las rejas, y teniendo en cuenta el monto de la pena, la defensa solicitó el cese de prisión, el cual le fue concedido.
La banda
La condena fue impuesta por la comisión de los siguientes delitos: “miembro de asociación ilícita”, “estafas” reiteradas, “falsificación de documento privado”, “falsificación de sellos oficiales y timbrados” y “tentativa de estafa procesal”.
Agustín Storni es el tercer condenado en el marco de la investigación que comanda la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPA. Previo a él, Emiliano Lihuel Chacón -comerciante- y Diego Marcelo Parisse -martillero público- también decidieron firmar juicios abreviados.
El resto de los imputados son el abogado Alfonso Storni -señalado como el jefe de la asociación ilícita-, el abogado Javier Andrés Cóceres, el jubilado Atilio Domingo Di Mattía y la ama de casa María Fernanda Guerra.
Durante una década
La fiscalía sostiene que la banda criminal era dirigida por el abogado Alfonso Storni, y que la misma se mantuvo en el tiempo con la conformación de diferentes miembros. Primero, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, momento en el que se dividió en dos grupos. Los mismos siguieron operando hasta agosto de 2024.
Oportunamente, Ilera arrojó luz sobre el modus operandi utilizado: "A través de las estructuras delictivas, le daban apariencia legal a la venta de terrenos cuyos legítimos propietarios no los habían autorizado a ofertar, publicitar ni transferir".
Así, "engañaron a personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes".
La fiscal indicó que la oferta se realizaba por medios físicos -como cartelería- y digitales -como publicidades y publicaciones en redes sociales y páginas web con nombres de fantasía, que principalmente eran administradas por el condenado Chacón-.
Boletos y sello truchos
La asociación ilícita contaba con varias oficinas en la ciudad de Santa Fe en las que tenían instaladas sus “sedes comerciales”: Seguí 1.700; 4 de Enero 1.000; Bulevar Pellegrini 2.800; Juan de Garay 2.900; 9 de Julio 1.200; Hipólito Irigoyen 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del Puerto.
Las víctimas eran citadas a esas oficinas, donde se les exhibían planos y documentos relativos a los inmuebles ofrecidos y les proponían planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.
En esa línea, la fiscalía sostuvo que "los grupos delictivos falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes", y detalló que "contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales".
“Una vez que las víctimas accedían a concretar el negocio, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración", relató Ilera, "así lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad las maniobras delictivas".
En el marco de los engaños, numerosas personas les entregaron a los estafadores dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, todo como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron.
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