El exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho quedó en prisión preventiva luego de tres jornadas de audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó haber encabezado una asociación ilícita que, según la investigación, desvió fondos depositados en cuentas judiciales durante más de siete años.
En prisión preventiva
El ex fiscal rosarino Ríos Artacho confesó la maniobra, pidió perdón y dijo que está dispuesto a colaborar
Los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez señalaron a El Litoral que el exfiscal reconoció los hechos, pidió perdón y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación. La defensa sostiene que detrás de la maniobra hubo un problema de ludopatía y rechaza que haya existido una organización criminal.
Sus abogados, sin embargo, pusieron el foco en otro aspecto de la audiencia: la decisión del imputado de declarar, reconocer la maniobra y manifestar su intención de colaborar con la Justicia.
La audiencia se desarrolló en la sala 7 del Centro de Justicia Penal. El lunes comenzó la atribución imputativa de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani; el martes se discutieron las alternativas cautelares y la situación de quienes habían sido señalados como jefe y organizadores; y este miércoles la jueza María Trinidad Chiabrera dio a conocer su resolución sobre las medidas de coerción.
Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, dos de los tres defensores de Ríos Artacho —el equipo se completa con Juan Manuel Fascia—, hablaron con El Litoral al término de las audiencias. Ambos remarcaron que el exfiscal “confesó la maniobra”, pidió perdón a su familia y al MPA y explicó que la situación estuvo vinculada con un problema de ludopatía.
Para la defensa, ese reconocimiento debe ser ponderado al momento de analizar los riesgos procesales. “Una persona que declaró, que blanqueó todo, que contó, que está arrepentido y que quiere colaborar”, plantearon Garrone y Vázquez, quienes cuestionaron además que los hechos puedan ser encuadrados como una asociación ilícita.
15 allanamientos y 9 detenidos
La causa había adquirido dimensión pública el 2 de septiembre, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General del MPA y a cargo del fiscal Adrián Spelta, dispuso un operativo simultáneo en cinco ciudades.
Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba de la Policía Federal Argentina realizó entonces 15 allanamientos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.
En esa primera etapa fueron detenidas nueve personas: siete en Santa Fe y dos en Córdoba. Además, se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación.
El procedimiento se inscribió, según informó oficialmente el MPA, en una investigación por posibles actos de corrupción cometidos por un funcionario público, en este caso un exfiscal, una línea de trabajo priorizada por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.
La pesquisa había comenzado a partir del hallazgo de una anomalía en una cuenta judicial, comunicada por la Unidad de Delitos Económicos a la Fiscalía General y a la Fiscalía Regional de Rosario.
A partir de ese informe, la investigación fue asignada a Spelta ante la sospecha de maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del MPA, ejecutadas al menos desde 2017 hasta 2024.
Los detalles fueron mantenidos inicialmente bajo reserva y quedaron expuestos durante la audiencia imputativa, donde los fiscales describieron el mecanismo que, según su hipótesis, permitió extraer millones de pesos de cuentas que debían custodiar fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas penales.
Oficios falsos y manejo de cuentas
La investigación sostiene que Ríos Artacho aprovechó su función como fiscal de Criminalidad Económica de Rosario para disponer de dinero que se encontraba depositado en cuentas judiciales.
De acuerdo con la atribución imputativa, el mecanismo consistía en emitir y firmar oficios dirigidos al Banco Municipal de Rosario con órdenes de restitución o reparación que eran falsas. De esa manera, personas que no tenían vinculación con las causas —no eran víctimas ni imputados— podían retirar dinero en efectivo o recibir transferencias.
La acusación contabilizó 21 hechos de peculado, 15 de fraude contra la administración pública y 21 falsedades ideológicas de documento público atribuidas al exfiscal, además de la asociación ilícita en carácter de jefe. El perjuicio económico actualizado al 31 de julio de 2026 fue estimado en $424.969.592,44, equivalente a unos 291.075 dólares según la conversión consignada en la investigación.
La fiscalía sostiene que la estructura comenzó a funcionar en 2017 y continuó hasta el 2 de julio de 2024. Junto con Ríos Artacho fueron imputadas otras 11 personas, a quienes se les asignaron distintos roles dentro del esquema: organizadores, miembros y prestanombres.
Según la hipótesis acusatoria, quienes recibían el dinero por ventanilla o mediante transferencias luego lo derivaban hacia Ríos Artacho u otros integrantes. En determinados momentos, además, se habría utilizado dinero en efectivo para recomponer temporalmente los saldos de las cuentas judiciales antes de determinadas instancias de control, para luego volver a retirar los fondos.
Cuenta bajo sospecha
La maniobra comenzó a ser investigada después de la salida de Ríos Artacho del Ministerio Público de la Acusación, en 2024. Con la reasignación de las causas que estaban a su cargo, otros fiscales comenzaron a revisar los movimientos de las cuentas judiciales vinculadas con esos procesos.
Uno de los primeros indicios surgió en una investigación conocida como “Estafa de Magnone”. La fiscal María Teresa Granato, al asumir el trámite, detectó movimientos de egresos e ingresos que consideró anómalos e injustificados en la cuenta judicial correspondiente.
Tras esas observaciones y de otros reportes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional tomó la investigación y solicitó una auditoría sobre las cuentas administradas por el exfiscal.
El análisis incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, además del estudio de comunicaciones y movimientos migratorios.
La fiscalía cruzó las operaciones de las cuentas judiciales con cuentas personales, transferencias y billeteras virtuales, mientras que las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir contactos entre Ríos Artacho y quienes son señalados como organizadores. También se incorporaron registros de viajes compartidos al exterior.
Rechazo de la defensa
Frente a esa hipótesis, Alfonso Garrone y Vázquez plantearon una diferencia central con la lectura del MPA. Para los abogados, la existencia de vínculos entre las personas investigadas y el movimiento del dinero no alcanza para configurar una asociación ilícita.
“Esto no es una asociación ilícita”, sostuvo la defensa, que describió el caso como una maniobra posibilitada por la ausencia de controles y vinculada, según la explicación brindada por el propio imputado, con la ludopatía.
En ese sentido, los defensores hicieron especial hincapié en que el problema que atravesaba Ríos Artacho no estaría relacionado con su condición de fiscal ni con el lugar que ocupaba dentro de la estructura institucional. “Hay un tema más que nada vinculado a esta enfermedad, que trasciende a dónde trabaja la persona que desarrolla las maniobras”, plantearon.
Y agregaron que el vínculo con los terceros involucrados estaba dado, fundamentalmente, por una relación de amistad, y no por la conformación de una estructura destinada a sortear controles: “No es que había una organización destinada para franquear vallas institucionales y organizada en ese sentido”.
Los abogados también relativizaron, de esta manera, la idea de una estructura organizada y jerárquica. Según su planteo, se trataba de personas que se conocían y que podían operar con cuentas bancarias sin encontrar “ningún escollo institucional”, mientras que la facilidad con la que se concretaban las operaciones evidenciaría, a criterio de la defensa, la existencia de controles insuficientes.
La postura defensiva también apunta contra los fundamentos utilizados para disponer la prisión preventiva. Garrone y Vázquez remarcaron que Ríos Artacho no adoptó una estrategia de silencio, sino que declaró durante la audiencia, reconoció su intervención y brindó su propia explicación sobre el origen de la maniobra.
Cinco quedaron presos
Durante la jornada del martes, cuatro de las personas que habían sido detenidas inicialmente recuperaron la libertad, por lo que la discusión cautelar continuó este miércoles respecto de Ríos Artacho y otros cuatro imputados.
Finalmente, Chiabrera resolvió la prisión preventiva del exfiscal y de Emilio Rubén Barcacia, Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Javier Cesaretti.
La Fiscalía había ubicado a Mercado, Romero y Cesaretti como organizadores de la presunta asociación, mientras que a Barcacia le atribuyó un papel relacionado con la recomposición de los saldos de las cuentas judiciales cuando se aproximaban instancias de control procesal.
El resto de los imputados quedó en libertad bajo las condiciones dispuestas durante las jornadas de audiencia. La causa continúa con Ríos Artacho imputado como presunto jefe de una asociación ilícita y con los demás acusados vinculados, según el rol atribuido por la fiscalía, a la administración, recepción, circulación y eventual recomposición de los fondos extraídos de las cuentas judiciales.
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