Para la Fiscalía, Javier Cóceres no ocupaba un lugar de conducción dentro de la asociación ilícita investigada, pero sí tuvo una participación concreta en distintas operaciones inmobiliarias por las que terminó condenado a tres años de prisión.
Estafas inmobiliarias en Santa Fe
La Fiscalía explicó el rol de Cóceres y la defensa destacó el acuerdo con las víctimas
La fiscal Bárbara Ilera detalló qué intervención le atribuyó al abogado condenado en las maniobras. Héctor Acuña sostuvo que la investigación permitió modificar la calificación inicial y reivindicó el juicio abreviado como una herramienta para reparar a los damnificados.
La fiscal de Delitos Complejos Bárbara Ilera explicó que intervenía en el ofrecimiento de lotes, en la firma de boletos de compraventa y en el cobro de dinero de algunas de las operaciones.
“El señor Cóceres participaba del ofrecimiento de venta de lotes y la suscripción incluso en algunos casos de boletos de compraventa o la presentación de interpósita persona que actuaba, si se quiere, como presta nombre para firmar el boleto de compraventa. Y recibía también dinero, le pagaban a él también”, detalló la fiscal tras la audiencia celebrada este martes en los tribunales de Santa Fe.
La representante del MPA explicó que el condenado fue considerado integrante de la asociación ilícita y que su intervención varió según cada uno de los hechos. “Fue condenado como autor de asociación ilícita en carácter de miembro y por las estafas en las que participó con diferentes tipos de participaciones, en algunas como partícipe secundario, como partícipe principal, autor o coautor”, señaló.
El resarcimiento
Uno de los aspectos centrales del acuerdo fue la reparación económica ofrecida por Cóceres. La cifra supera los $61 millones y contempla un pago inicial ya realizado y el resto en cuotas.
Ilera explicó que la propuesta fue sometida a consideración de las víctimas y que “la mayoría de ellas estuvo de acuerdo con las modalidades de pago”. La fiscal también puso el acuerdo en relación con las reparaciones obtenidas en condenas anteriores.
“Se han obtenido algunos resarcimientos ya de otras personas que fueron condenados y el señor Cóceres luego de largas tratativas ofreció por intermedio de su abogado un resarcimiento que se consideró bastante importante por la situación de las víctimas”, sostuvo.
En ese análisis, la Fiscalía tuvo en cuenta que algunas personas damnificadas habían recuperado vehículos y que otras continuaban ocupando terrenos que habían adquirido, sin que hasta el momento aparecieran terceros reclamándolos.
La funcionaria estimó en aproximadamente 90 las víctimas relevadas hasta el momento, aunque aclaró que no podía establecer un monto global de la defraudación porque la investigación continúa y los perjuicios fueron calculados individualmente.
La mirada de la defensa
El abogado Héctor Acuña, defensor de Cóceres, coincidió con la resolución y puso el acento en dos aspectos: el resarcimiento a las víctimas y el papel que tuvo la defensa durante la investigación.
“Un abreviado con resarcimiento, porque también hay que tener en cuenta a la víctima”, planteó. Y agregó: “La búsqueda de la verdad, el equilibrio, el respeto por la víctima y llegar a un acuerdo también es una obligación de la defensa técnica”.
Acuña destacó que su asistido llevaba 25 meses detenido y que consiguió reunir, con ayuda de su familia, más de la mitad del monto acordado para las víctimas en un único pago.
“Una persona que estaba privada de la libertad ha logrado reunir en un solo pago más del 50% del monto de la pena y creo que ha sido un esfuerzo grande”, sostuvo.
El defensor también hizo un reconocimiento al trabajo de la Fiscalía durante la investigación. Según explicó, la defensa tuvo acceso al expediente y a la evidencia desde el comienzo y pudo mantener reuniones con los investigadores y con el propio acusado para reconstruir el mecanismo de las operaciones.
“La Fiscalía ha tomado el trabajo de inclusive hablar con el imputado, en reiteradas oportunidades, para descifrar el mecanismo, cómo se producía”, afirmó.
Una calificación discutida
Uno de los puntos en los que la defensa puso especial énfasis fue en la evolución de la imputación contra Cóceres. Acuña sostuvo que su cliente llegó al proceso con una acusación que, según su interpretación, lo ubicaba en un nivel de responsabilidad superior al que finalmente quedó establecido en el acuerdo.
“Él llega y la investigación derivó en que en realidad él tenía una calidad no de jefe de banda, sino de partícipe de la banda”, afirmó.
Según el abogado, esa diferencia tuvo consecuencias concretas sobre la escala penal. “No en calidad de jefe, con lo cual el mínimo de la pena hubiese sido de 5 años. Ustedes saben que ahí cambia la calificación penal, va de 5 a 15, no de 3 a 10”, explicó.
Acuña atribuyó esa modificación a las diligencias realizadas durante el proceso y a los aportes efectuados por la defensa. “Se ha puesto en crisis la teoría del caso y se ha permitido enriquecer esa teoría del caso con las diligencias probatorias, los aportes probatorios”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, consideró que el acuerdo permitió cerrar la situación procesal de su cliente con una pena que ya cumplió parcialmente, la recuperación de la libertad y una reparación económica para los damnificados.
Una causa todavía abierta
La condena de Cóceres no implica el cierre de la investigación. Ilera explicó que la Fiscalía tiene preparada la causa para avanzar hacia un juicio respecto de quienes todavía permanecen sometidos al proceso, aunque todavía no presentó la acusación.
“La Fiscalía la tiene preparada la causa como una causa para juicio, teniendo en cuenta la exhaustividad de la investigación y de la evidencia”, afirmó.
La fiscal aclaró, sin embargo, que el expediente continúa incorporando información y que incluso días antes de la audiencia de Cóceres ingresó una nueva denuncia.
“Existen nuevos avances en la investigación de forma constante, completamente dinámica la investigación”, explicó.
Según Ilera, de las personas que fueron detenidas en las primeras etapas, la mayoría aceptó su responsabilidad y recibió condenas, algunas de ellas con reparaciones para las víctimas. Alfonso Storni permanece bajo prisión domiciliaria, mientras que otros imputados continúan en libertad.
Así, el abreviado que permitió resolver la situación de Cóceres constituye una nueva derivación de una investigación que todavía no llegó a su instancia definitiva respecto de todos sus integrantes.
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