En una audiencia que se extendió durante más de cuatro horas, el juez Hector Candioti dictó la libertad con alternativas para las directoras del jardín de infantes San Roque -imputadas por el “encubrimiento agravado” del abuso sexual de un alumno- y les impuso 7 restricciones, entre ellas la prohibición de acercamiento a docentes, niños y al establecimiento educativo, y una fianza de $ 800.000.
La audiencia duró más de cuatro horas
Libertad bajo fianza para las directivas del Jardín San Roque
La defensa técnica estuvo a cargo de los abogados Germán Corazza y Juan Alguilar.
El caso se dio a conocer tras la detención del profesor de música de la institución. Las fiscales María Celeste Minniti y Alejandra del Río Ayala comunicaron recientemente que se están investigando “más de diez” casos y que “no se descarta” que haya más personas involucradas.
La palabra de la fiscal
Una vez concluida la audiencia, la fiscal Alejandra del Río Ayala en diálogo con la prensa comentó: "El juez resolvió darle la libertad, algo que era vaticinado por nosotras. En ningún momento estuvimos convencidas de que queden en prisión preventiva".
"Fundamentalmente porque la pena por la cual se reprime este delito (encubrimiento agravado) va de uno a seis años de prisión. Es una pena que, eventualmente, podría ser de ejecución condicional y es uno de los parámetros que se tiene en cuenta para disponer o no de la prisión preventiva", explicó la funcionaria.
No obstante, Del Río Ayala aclaró: "Esto no significa que no haya evidencia para sostener la autoría del hecho imputado. Todo lo contrario; el juez impuso muchísimas alternativas que implican un arraigo muy fuerte de ambas imputadas al proceso, como una fianza altísima para cada una; una prohibición de ingreso al establecimiento escolar y de contacto con todo el cuerpo docente, personal administrativo y niñas y niños del colegio y progenitores; y una firma semanal en el MPA".
Al respecto, agregó que "estaban en conocimiento que había una sospecha concreta por parte de los padres, pero además desplegaron distintas maniobras, que fueron detalladas en la audiencia imputativa y luego sustentada con evidencias, para desviar la sospecha de otros padres. Muchos de ellos se presentaron pidiendo explicaciones".
Por otra parte, la fiscal contó que "se presentaron unos audios que la Fiscalía desconocía por completo donde se abren otras posibles investigaciones contra otras personas tambié".
"Injusticia tremenda"
Por su parte, el esposo de una de las imputadas aseguró: "Erica y Claudia han hecho todo lo que tenían que hacer de acuerdo al protocolo vigente".
Por ende, consideró que es "una injusticia tremenda" y "una situación de abuso de autoridad por parte de las fiscales".
"Ellas deberían estar hoy con sus hijos y familias. Realizaron su trabajo con total responsabilidad, tal como lo indica el reglamento vigente del Ministerio de Educación", reiteró el hombre.
La estrategia de la defensa técnica
A su turno, el Dr. Germán Corazza, abogado de la defensa, explicó: "Lo que hicimos nosotros fue argumentar que no existían elementos de convicción para tener acreditado el hecho de encubrimiento calificado que se les endilgó".
"Ellas hicieron uso de su derecho de prestar declaración. Mencionaron sus funciones, cómo era el actuar dentro del establecimiento educativo, a la nota que enviaron, entre otra serie de cosas, agregó.
En ese sentido, expresó que las directivas "no tienen facultad para desplazar al docente. En todo caso el Ministerio de Educación debería haber iniciado un sumario administrativo en conformidad a esa nota elevada. En ese documento se hace mención a los hechos como fueron, porque tenían información de los padres".
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