El abogado Marcos Barceló, defensor del docente Juan Trigatti —recientemente condenado por la Cámara de Apelaciones a 12 años de prisión por abuso sexual—, dialogó con El Litoral y expuso severas críticas hacia la resolución judicial. El letrado confirmó que presentará un nuevo recurso ante otro tribunal de segunda instancia para que el caso sea revisado nuevamente.
"Vamos a interponer un recurso de apelación que está contemplado en nuestro Código Procesal Penal. El propio fallo de la Cámara habilita esta vía. No compartimos en absoluto el análisis que se hizo", afirmó.
Críticas a la valoración de la prueba
Uno de los principales cuestionamientos de Barceló apunta a la forma en que la Cámara desestimó el extenso trabajo del tribunal de primera instancia, que había absuelto a Trigatti.
"El fallo absolutorio tiene 118 páginas, y más de 70 están dedicadas a valorar el primer caso. Allí se explica, punto por punto, cómo se llegó a la decisión, utilizando el método de la sana crítica racional, que se basa en la experiencia, el sentido común, la lógica y la ciencia. La Cámara desconoce ese trabajo y dice que se usó un criterio científico llamado SBA, lo cual es falso. Esa técnica no se aplicó en forma aislada", remarcó el abogado.
También objetó el análisis que hizo la Cámara sobre la psicología del testimonio, disciplina que —según afirmó— el tribunal de primera instancia había decidido no utilizar por considerarla incipiente en el ámbito judicial.
"La niña fue abordada por casi 10 profesionales"
Barceló profundizó en el primer caso del proceso, destacando que la menor presuntamente abusada fue escuchada por múltiples profesionales antes de declarar en Cámara Gesell.
"La niña le dice a su mamá que se golpeó con una cubierta en el jardín. La madre la lleva al Hospital Iturraspe, donde la atienden cuatro especialistas en abuso infantil. Todas coinciden en que no había signos de vulneración sexual. Luego la llevan al Hospital de Niños, donde tampoco se encuentra indicio alguno. Finalmente, el MPA envía un médico legista, traumatólogo, que termina revisándola e incluso la isopa en sus partes íntimas. Es un delirio", denunció.
El abogado explicó que el elemento que habilita la causa penal es un informe firmado por una profesional que, según Barceló, se desempeñaba en ese momento como abogada de la fiscal del caso, Alejandra del Río Ayala, y que luego fue cesanteada de su cargo en la Municipalidad de Santa Fe.
Cámara Gesell, bajo la lupa
Otro de los puntos álgidos en el relato del defensor es el uso exclusivo de la declaración de la menor en Cámara Gesell para justificar la condena.
Barcelo y Olivera, abogados defensores. Crédito: Flavio Raina
"En un principio se había designado a una psicóloga de Rosario, de altísima jerarquía, para tomar esa entrevista. Pero tras maniobras desde la Secretaría de Niñez y del MPA, se frenó su participación. Cuando la defensa logró que fuera reemplazada por una psicóloga del MPA, mágicamente la niña fue declarada apta para declarar. Y fue esa única entrevista, tomada por una profesional dependiente de una de las partes, la que se toma como prueba principal", advirtió.
También resaltó la contradicción de que una de las niñas que prestó declaración más incriminante "nunca tuvo clases con Trigatti", ya que había abandonado la escuela antes de su ingreso como profesor.
"El fallo protege a funcionarios cuestionados"
Barceló no ocultó su malestar con la decisión de la Cámara, a la que acusó de "blindar" a actores clave del proceso.
"El fallo de primera instancia pedía que se investigara a varios funcionarios por irregularidades, entre ellos la fiscal del caso. La Cámara, en cambio, desvía esa responsabilidad hacia el Auditor General de Gestión del MPA. O sea, el propio Ministerio Público va a investigarse a sí mismo. Es inaceptable", expresó.
Frente del jardín Ceferino Namuncurá.
Finalmente, apuntó contra la falta de preservación de las cámaras de videovigilancia de los patios donde Trigatti dictaba clases.
"Esa era una prueba dirimente. Si existiera alguna imagen de lo que se acusa, esta causa estaría resuelta hace rato. Pero la policía y la fiscalía no la preservaron. Dicen que estaban protegiendo al personal docente de una turba, pero la realidad es que nadie fue protegido. Hay personas como la vicedirectora que hasta hoy están con carpeta psiquiátrica", concluyó.
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