Preventiva para una familia completa por una megaestafa de $ 122 millones

Por Gustavo Capeletti

Desde el viernes, el matrimonio compuesto por Martín Zabala (50) y Silvia Marega (51), y sus hijos Ezequiel y Santiago Zabala, de 24 y 27 años, cumplen prisión preventiva por 90 días dispuesta por el juez penal Santiago Benegas a instancias del fiscal Leandro Mai, tras haber sido imputados por delitos contra la firma Aníbal Moschén Hnos. SA, dedicada al cultivo de cereales y algodón, y servicio de trasporte automotor de cereales.

El jefe de familia fue encartado como autor de los delitos de estafas (240 maniobras) y falsificación de cheques, ambos reiterados en varias oportunidades. El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó también la coautoría del delito de lavado de activos agravado, esto por realizarse con “habitualidad” y como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Por su parte, la mujer y los dos hijos de la pareja son investigados como coautores del delito de lavado de activos.

El magistrado también ordenó la inhibición general de los bienes y de las cuentas a nombre de los cuatro imputados y de una persona de existencia ideal que fue utilizada para cometer los delitos que se investigan.

“Accionar delictivo”

Sobre la causa, el fiscal Mai indicó que “las estafas que investigamos son maniobras ilícitas cometidas desde enero del año pasado y hasta julio de este año. El imputado trabajaba en una empresa de transporte de cereales y algodón ubicada en Reconquista y se valió de su cargo de empleado para desplegar su accionar delictivo”.

Para el funcionario, Martín Zabala “ingresó facturación apócrifa al circuito de pago de la firma. Lo hizo mediante operaciones ficticias que carecían de los códigos o documentos necesarios para acreditar el transporte de granos o algodón. También emitía facturas de servicios de fletes no prestados”.

En cuanto al perjuicio económico causado a la empresa, detalló que “fue por la suma de 122.415.805,81 pesos”, y agregó que “para perpetrar el engaño, las facturas fueron emitidas a nombre de personas humanas y jurídicas”.

Respecto del delito de falsificación de cheques, Mai explicó que “fue cometido desde enero de 2019 y hasta octubre de este año”. En este caso, “el imputado obtuvo de forma ilegítima cheques de pago diferido de la empresa y falsificó la grafía de las personas a las que habían sido asignados, como así también la rubrica de alguno de ellos en favor de una empresa que había creado para fines ilícitos”.

“Habitual y sistemática”

Con relación al delito de lavado de activos, el funcionario del MPA precisó que Zabala “actuó en forma conjunta con su esposa e hijos para administrar y poner en circulación los bienes provenientes de ilícitos penales. Esta actividad se desarrolló de forma habitual y sistemática hasta noviembre de este año, en el marco de una organización en la que también había allegados que actuaban como administradores y prestanombres”.

“Los imputados crearon una empresa con el fin de poner en circulación el dinero y los bienes procedentes de las estafas, de la falsificación de cheques y de otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la firma”, explicó el fiscal. Y concluyó que “lo hicieron para que esos bienes adquieren la apariencia de un origen lícito”.

Por último, el fiscal Mai destacó que “las diligencias investigativas que ordenamos desde la Fiscalía en el marco de este legajo fueron llevadas a cabo por personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Región IV”.

Conjuntamente

En la imputación, Mai les endilgó a los cuatro integrantes de la familia Zabala haber “transferido, convertido, administrado, disimulado y puesto en circulación bienes provenientes de ilícitos penales”, actividad realizada de forma “habitual y sistemática” aproximadamente desde enero de 2019 hasta noviembre del año 2020.

El fiscal dijo que esas conductas fueron “desplegadas como miembros de una organización”, siendo todos ellos de extrema confianza entre sí, actuando allegados como administradores y prestanombres, como así también utilizando para ello una persona de existencia ideal: “NOA Logística SRL” (con domicilio en la ciudad de Santa Fe), firma “creada y utilizada por la organización, a los fines de poner en circulación en el mercado de bienes, dinero y bienes procedentes de la comisión de delitos como estafas, falsificación de cheques” y otras maniobras que causaron un perjuicio patrimonial a la firma “Aníbal Moschén Hermanos SA”.

Todo con el objetivo de que dichos bienes, los que alcanzan provisoriamente la suma de $ 122.415.805, adquirieran la “apariencia de un origen lícito, con el consiguiente riesgo de producir alteraciones en el orden económico financiero local, conductas que realizaron con habitualidad como miembros de esta asociación”, aseguró.

Confianza violada

Para el fiscal, en las primeras etapas de esta maniobra, Martín Zavala “se valió de su carácter de empleado de confianza, con una antigüedad de aproximadamente de 10 años de la empresa perjudicada, como encargado y responsable del área de las operaciones de transporte de cereales y algodón de la firma hasta el mes de julio de 2020.

“NOA Logística SRL” registró un total de 8 automotores para transporte, tres locales comerciales y un departamento en Santa Fe. Por su parte, los miembros del núcleo familiar figuran como propietarios de varios inmuebles, terrenos, vehículos y dos embarcaciones.

La denuncia que originó la causa fue radicada por Aníbal Antonio Moschén, en su carácter de director suplente de la firma perjudicada tras la renuncia de Zabala debido a su interés personal en dedicarse a un emprendimiento familiar. Cuando su puesto fue ocupado por otro empleado, del giro ordinario de las operaciones de trasporte de cereales que se siguieron realizando comenzaron a seguir irregularidades y supuestos desvíos en pagos de fletes durante los años 2019 y 2020.