Un hombre de 28 años domiciliado en la zona sur de la ciudad de Santa Fe fue detenido el pasado jueves aproximadamente a las 14.50 cuando circulaba en un remís por una colectora de la autopista Brigadier López, a la altura de los countries de Santo Tomé. Personal de Gendarmería Nacional le puso las esposas al comprobar que llevaba consigo una caja y siete frascos llenos de marihuana. Este sábado, el juez federal Reinaldo Rodríguez lo imputó por el delito de transporte de estupefacientes y decidió que permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra. Las resoluciones se dieron en el marco de la primera audiencia multipropósito realizada en la capital provincial, luego de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio establecido para la Justicia Federal en esta jurisdicción.
El acusado se llama Gerardo Emanuel S. y estaba junto a otras tres personas en el auto cuando un control vehicular de la mencionada fuerza de seguridad nacional los interceptó.
Los uniformados le pidieron la documentación del rodado al conductor (que no era el imputado) e inmediatamente sintieron el olor característico de la droga. Al requisar el vehículo, hallaron en el asiento de atrás, a simple vista, una caja y siete frascos que estaban adentro de una mochila. Todos los recipientes contenían en total casi 1,6 kilos de marihuana.
"Transporte"
El fiscal Eduardo Costa Calvo relató ante el magistrado las circunstancias del operativo y explicó que el mismo acusado reconoció en ese momento que la droga era de su propiedad.
Posteriormente, el funcionario del Ministerio Público justificó el delito imputado: transporte de estupefacientes. Habló de la cantidad incautada y el lugar del procedimiento, a metros de una autopista que conecta con muchas ciudades.
A su turno, el defensor oficial Pablo Andrés Vacani -que participó el acto de manera remota- cuestionó la calificación y solicitó que sea cambiada por la de "tenencia simple de estupefacientes". En ese sentido, opinó que la fiscalía no contaba con elementos que pudieran vincular al acusado con alguna red de tráfico.
El juez de garantías respaldó la imputación propuesta por la fiscalía.
Prisión preventiva
Más adelante, se debatió sobre si el acusado debía permanecer en prisión o no.
El fiscal Jorge Gustavo Onel defendió la necesidad de aplicar la medida cautelar de máxima por la pena que la norma establece para el delito de "transporte de estupefacientes", con un mínimo de 4 años de cárcel y un máximo de 15 (en ninguno de los casos podría ser de ejecución condicional).
El funcionario explicó que por este motivo existiría peligro de fuga, si se dejaba en libertad al acusado. Por otra parte, sostuvo que el imputado podría entorpecer la investigación que tratará de determinar si es parte de una cadena con eslabones superiores.
En base a las medidas previstas, los fiscales solicitaron al juez que la prisión preventiva se fije por un plazo de 30 días. En ese tiempo, los investigadores deberán entrevistar a testigos y funcionarios de Gendarmería. Tendrán también que peritar el teléfono del imputado, entre otras medidas.
El abogado defensor se opuso a la prisión preventiva, pero nuevamente el juez Rodríguez respaldó lo solicitado por la fiscalía, que consideró proporcional y razonable.
Nulidad
Finalmente, el doctor Vacani planteó la nulidad de la pericia que se realizará sobre el teléfono secuestrado al acusado durante el procedimiento.
El abogado explicó que en el momento del arresto, los gendarmes le solicitaron el patrón de desbloqueo y él se los entregó. De esta forma, en su perspectiva, la prueba pudo ser "contaminada".
En este caso, también el magistrado desestimó la solicitud.
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