El juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque, quedó imputado esta semana y fue inhibido por múltiples delitos federales. Si bien también le impusieron 90 días de prisión preventiva, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado.
Rosario
Prisión preventiva para el juez Marcelo Bailaque por múltiples delitos federales
Fue imputado el miércoles por tres fiscales federales, por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y le inhibieron bienes por $1.500 millones.
En una audiencia desarrollada este miércoles en los Tribunales de Rosario, se dio conocimiento de que Bailaque quedó imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal.
A su vez, en la misma jornada, se le impuso prisión preventiva por 90 días y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.
Se suma también la inmovilización de las cajas de ahorro en pesos y en dólares del imputado, a excepción de la denominada cuenta sueldo y las tarjetas asociadas.
Tres legajos
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz hizo lugar a las imputaciones que expusieron, conjuntamente, el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina; el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra; y el fiscal federal de la oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigios de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari.
En la audiencia se expusieron los tres legajos penales contra el juez federal. En la primera se lo cuestiona “por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013”.
Desde el Ministerio Público Fiscal refirieron que en este expediente el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano.
De acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y el líder narco.
Causa armada
En el segundo legajo se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima.
A Bailaque se lo apunta por “haber realizado de manera coordinada con el empresario FW y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público, Carlos Vaudagna, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, una serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la ex AFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.
Por último, el tercer expediente detalla que el juez federal fue imputado por “dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario FW, quien también aparece citado en la causa descripta anteriormente”.
La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada en favor de una financiera cuyo titular es FW, amigo personal de Bailaque.
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