La defensa de Urribarri negó los montos y gastos que conforman la acusación por enriquecimiento ilícito

Tras el rechazo de los pedidos de realización de dos pericias y con remisión a juicio de la causa que se sustancia contra el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y su presunto testaferro, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa del primero afirmó que va a apelar aquellas resoluciones. Cuestionó que el informe contable quedó inconcluso.

Miguel Cullen, defensor del ex gobernador, Sergio Urribarri, tras la remisión de la causa a juicio oral y público que se realizó el jueves 5, sostuvo: “Apelaremos la resolución del Juez de Garantías, es necesario poder determinar con peritos oficiales el monto real del supuesto monto que se endilga”

El jueves, tras rechazar los planteos de las defensas, el juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, remitió el legajo a juicio. Cullen afirmó que “más allá que tenemos argumentos para rebatir los fundamentos de la fiscalía, y que podremos probar concretamente la injusta atribución de los hechos y de los montos imputados, debo destacar que los números que se han hecho públicos, distan diametralmente con los que ha establecido el MPF respecto del análisis contable”.

El defensor manifestó que “los fiscales han tomado un informe inconcluso, parcial, que se hizo con ingresos y egresos de toda la familia para luego, sin participación de la defensa, obtener una cifra que no tiene sustento de documentación formal”.

También apuntó que “en el Informe contable, la misma contadora dependiente de la fiscalía, Romina Stepanic Puey, junto al contador de la defensa, con anuencia de los fiscales, acordaron realizar un informe familiar y luego avanzan solo sobre el patrimonio personal de Urribarri, desmembrando el informe sin participación de la defensa.

Entiendo que se ha desaprovechado el tiempo de más de un año de trabajo, para luego presentar una remisión a juicio en la cual los numero no reflejan para nada lo determinado por el trabajo contable”.

En el entendimiento de la defensa del ex gobernador, que cumple condena en una cárcel por cinco hechos de corrupción, y comparte acusaciones en dos causas con el empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros: esta de enriquecimiento ilícito y la conocida como Causa Coimas, que ya fue remitida a juicio, “de haberse continuado con el criterio inicial y habiendo obtenido la documentación restante que la misma fiscalía reconoció, revelarían de poder completarse, que la familia posee un patrimonio absolutamente equilibrado y no la cifra monstruosa de la cual se habla”.

La defensa insistió en que “además, es un informe que quedó incompleto, ya que restó concluir el informe contable con información que los mismos peritos solicitaron en las conclusiones del informe y que la fiscalía ha acompañado. Dicho criterio se confirma en fecha 22 de septiembre del año 2022, cuando la fiscalía pide al juez de garantías requerir un exhorto internacional para requerir documentación faltante. Entonces, ¿cómo puede avanzarse sin esa información relevante para la causa y poder componer de manera real el patrimonio de mi defendido?”.

Finalmente señaló que “el informe contable suscrito por ambos profesionales y, reitero, por un miembro de la propia fiscalía, la contadora Stepanic Puey, arroja una diferencia al 31 de diciembre de 2015 que no se condice en nada con los millones que constan en la remisión a juicio, siendo, además, que no se pudieron incorporar todos los ingresos del hijo futbolista de Urribarri en tres clubes de futbol, y sobre todo, el más importante de los años de juego en Grecia”.

Cullen afirmó que “no son millones de dólares como lo sostienen los Fiscales; esa cifra surge de contrastar con correos internos de la empresa, relevamientos catastrales, negados y desconocidos por mi representado y de información que surge de documentación no formal, que ni siquiera la propia perito de la fiscalia aceptó como válida y que esta defensa ha negado sistemáticamente”.

El defensor cuestionó que “no existen esos gastos atribuidos a mi defendido ni a su familia en la magnitud que se lo plantea. Por eso requerimos la realización de una pericia contable oficial imparcial y de una pericia informática, planteos que cuestionaremos en las etapas de apelación que interpondré a los efectos de lograr la revisión de esta resolución”.