José Luis Pagés
Con no menos de cuatro marchas y concentraciones masivas ante el propio local sindical, la seccional 3a. de policía y el Palacio de Justicia, cientos de trabajadores de la Uocra, encabezados por sus dirigentes, reclamaron por las detenciones del secretario de Actas de la entidad Emanuel Araya y el delegado Eduardo Leiva, cuyas libertades se celebraban por estos momentos.
Los nombrados habían sido detenidos por los agentes de la URI en el curso de la investigación de un episodio criminal que arrojó, como trágica consecuencia, la muerte del obrero de la construcción Juan González, un joven de 21 años que trabajaba como operario en el obrador de la Ruta 19 y frecuentaba el sindicato para ayudar a sus compañeros en el diligenciamiento de asuntos laborales.
Con motivo de las detenciones de Araya y Leiva, los trabajadores se movilizaron masivamente y, a la vista de todos los vecinos de esta ciudad, recorrieron las calles entre el redoblar de bombos y el estallido de poderosas bombas de estruendo.
Las ruidosas manifestaciones de rechazo a los resultados de la investigación policial -la protesta alcanzó a los medios de prensa por el tratamiento que dieron al caso- dejaron en claro lo que piensa no sólo la conducción sino la gran mayoría de sus representados, en relación a la inocencia de sus dirigentes involucrados en la causa.
Sin embargo, el ruidoso paso de los manifestantes con las leyendas que exhibían sus carteles y pancartas sirvió para dejar en claro el reclamo solidario por los dirigentes injustamente presos, pero no alcanzó para responder a una inquietante pregunta: ¿quiénes, cuándo y cómo se expresarán con igual firmeza para reclamar por Juan González, el compañero injustamente muerto?
El silencio de Juan González
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