Cinco personas fueron imputadas este miércoles por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, acusadas de haber formado parte del último eslabón de una red de narcotráfico que comercializaba estupefacientes y movía la cocaína dentro de secarropas.
Tribunales de Santa Fe
"Cocaína seca": cinco imputados por integrar el último eslabón de la red que movía droga en secarropas
Fueron acusados de comercialización de estupefacientes en Esperanza y San Carlos Centro. La fiscalía destacó la coordinación con la Justicia Federal tras el hallazgo de 13 kilos de cocaína a finales de enero.
Durante dos audiencias realizadas ante el juez penal Nicolás Falkenberg, los fiscales Diego Vigo, Alejandro Benítez y Natalia Giordano realizaron las atribuciones delictivas a los cinco detenidos.
Primero endilgaron la “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” a Tamara P., y luego el delito de “comercialización de estupefacientes” a Patricia M., Kevin O., Lautaro O. y Sandra S. A los dos últimos les agregaron la "tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra".
Los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación solicitaron las audiencias de medidas cautelares para el próximo viernes, en las que solicitarán la imposición de la prisión preventiva para los imputados.
El caso cobró notoriedad pública tras una persecución en la avenida Circunvalación de Santa Fe, donde se secuestraron 13 kilogramos de cocaína compactada, ingeniosamente ocultos dentro de los tambores de secarropas.
Lo que se ventiló en las salas de los tribunales locales este miércoles fue el “negocio minorista", es decir, la venta al menudeo que sostenía la estructura en las localidades de Esperanza y San Carlos Centro.
Algunas de las defensas adelantaron que realizarán un planteo de incompetencia, ya que consideran que esta “pata” de la causa conocida como “cocaína seca” debería tramitar en la Justicia Federal. Cabe recordar que gran parte de la investigación ya fue derivada a dicho fuero, cuando detectaron indicios de narcotráfico a gran escala.
El búnker de los 10 millones
Los fiscales Vigo y Benítez detallaron un entramado de ventas organizadas, recaudaciones millonarias y la posesión de armas de guerra que custodiaban los búnkeres.
La primera imputada en enfrentar los cargos fue Tamara Soledad P. Según la imputación, la mujer comercializaba cocaína desde su domicilio en calle Belgrano al 1200 de la ciudad de Esperanza, al menos desde diciembre de 2025.
Durante el allanamiento a su vivienda, la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Colonias no solo encontró dosis listas para la venta, sino una suma de dinero que da cuenta del volumen del negocio: $10.590.000 en efectivo.
Además del millonario botín, en el lugar se secuestró una balanza de precisión, instrumentos de corte, una piedra de cocaína de 177 gramos y 142 envoltorios de 0,54 gramos cada uno, lo que para la fiscalía acreditaría la habitualidad y organización de la actividad ilícita.
Una red familiar en San Carlos
En la segunda audiencia, el foco se trasladó a San Carlos Centro. Allí fueron imputados Patricia Marilín M., sus hijos Kevin y Lautaro O. y la pareja del último, Sandra Guadalupe S.
La fiscalía sostuvo que Patricia M. se encargaba de adquirir el material a través de R.S. -alias "Gordo Fabi", detenido que quedó a disposición de la Justicia Federal-, para luego distribuirlo en dos domicilios: uno en calle Tomás Lubary al 1000 y otro en Estanislao López al 1000.
En estos domicilios, se incautaron celulares, 40 envoltorios de cocaína escondida en un monedero que sería de Sandra S., balanzas y un revólver calibre .38 sin numeración con gran cantidad de municiones.
"El último eslabón de la cadena"
Tras la finalización de las audiencias, los fiscales explicaron por qué el MPA decidió avanzar sobre estos cinco detenidos mientras que la investigación sobre el resto de la banda fue derivada al feudo federal.
“En esta audiencia se han sustanciado lo que es la parte de microtráfico o narcomenudeo o el último eslabón de la cadena, que es la competencia exclusiva que tiene la provincia”, señaló Benítez.
Por su parte, Vigo destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía Federal de Santa Fe. “Se detectó que el último eslabón tenía vínculos con personas cuya hipótesis podía responder al narcotráfico competencia federal. Establecimos pautas de trabajo de forma coordinada y esto es el resultado”, refirió sobre el desdoblamiento de la causa.
En ese sentido, confirmaron que el principal sospechoso de liderar la organización en Esperanza, el "Gordo Fabi", ya no se encuentra bajo jurisdicción provincial: “Está a cargo del Ministerio Público Fiscal federal”.
Finalmente, los funcionarios advirtieron que, a pesar de tratarse de la etapa minorista, las penas que enfrentan los imputados son elevadas: “La calificación es provisoria, pero arranca con un mínimo de 5 años y puede llegar hasta los 15 años de prisión”.
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