Una de las imputadas en la causa que investiga una presunta estructura de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe obtuvo la suspensión del juicio a prueba por el término de un año.
Tribunales de Santa Fe
Causa Espionaje: una imputada obtuvo la suspensión del juicio a prueba por un año
La resolución del juez Martín Torres fue dictada tras una audiencia de ocho horas. La mujer deberá donar $1.500.000 a una entidad dedicada a la inclusión social, no podrá ejercer cargos públicos durante ese período y tendrá prohibido contactar a denunciantes, testigos e imputados. Su declaración será evaluada por los fiscales.
Se trata de la abogada Milagros Bernard, quien a instancias de su defensa a cargo de Federico Kiener, llegó a un acuerdo con los fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández y Matías Broggi, con el consentimiento de las querellas, y recibió el beneficio mediante una resolución escrita del juez penal Martín Torres, fechada el 30 de octubre.
La decisión se conoció luego de una extensa audiencia celebrada el jueves 29 en los Tribunales de Santa Fe, que se prolongó durante más de ocho horas. Durante ese encuentro, Bernard, de 33 años, brindó una declaración pormenorizada sobre los hechos investigados, cuyo contenido será oportunamente valorado por los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En representación del gobernador Maximiliano Pullaro, constituido como querellante, participaron los abogados Jorge Marcelo Ilharrescondo e Ignacio Martín. También intervinieron Leandro Mega y Paola Landa, por la Fiscalía de Estado de la provincia.
Un acuerdo con condiciones
En su resolución, Torres consideró que estaban reunidos los requisitos para conceder el beneficio solicitado. Entre los fundamentos tuvo en cuenta la posición de la Fiscalía, que sostuvo que la escala penal en abstracto permitía aplicar el instituto y que Bernard no registra antecedentes condenatorios ni había recibido anteriormente una suspensión del juicio a prueba.
Uno de los aspectos abordados fue la posibilidad de conceder esta salida alternativa pese a que la mujer revestía la condición de funcionaria pública al momento de los hechos.
El magistrado compartió el argumento fiscal respecto de que la legislación procesal penal santafesina no establece una prohibición para aplicar el instituto en esos casos, sino que habilita su utilización cuando lo considera procedente el titular de la acción penal.
El acuerdo establece un plazo de suspensión de un año, durante el cual Bernard deberá cumplir una serie de reglas de conducta: fijar domicilio en Rosario; someterse al control de la Agencia Provincial de Medidas No Privativas de la Libertad; abstenerse de ejercer cargos públicos y de tener o portar armas de fuego; y no mantener contacto con denunciantes, testigos ni imputados de la causa.
Además, deberá realizar una donación de $1.500.000 a la Asociación Civil Sonando Vínculos, entidad dedicada al desarrollo y la inclusión social de personas con discapacidad.
Las querellas manifestaron su conformidad con la propuesta. En particular, Ilharrescondo, en representación de Pullaro, destacó la actitud colaborativa de la imputada y su disposición a reparar el daño.
Según quedó asentado en la resolución, el abogado solicitó que se dejara constancia de que su representado consideraba reparado el perjuicio que pudiera haber ocasionado la intervención concreta de Bernard en los hechos investigados, en función del plazo acordado y de la donación prevista.
Dos estructuras estatales
La causa se originó a partir de una denuncia que derivó en una investigación sobre el presunto funcionamiento de una asociación ilícita durante el gobierno de Omar Perotti (2019-2023). Los hechos atribuidos a la organización se extienden desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 26 de noviembre de 2021.
Marcelo Sain estuvo al frente del Ministerio de Seguridad desde diciembre de 2019 hasta el 19 de marzo de 2021. Durante ese período también conservó la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, cargo del que fue desplazado por la Legislatura en noviembre de 2021.
Según la acusación fiscal, la organización habría funcionado mediante dos estructuras estatales simultáneas: una en el Ministerio de Seguridad, dependiente del Poder Ejecutivo provincial, y otra en el Organismo de Investigaciones, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación.
La hipótesis sostiene que ambas áreas habrían sido utilizadas para recopilar, producir y almacenar información personal, patrimonial, familiar, migratoria y política de personas físicas y jurídicas, sin justificación legal ni vinculación necesaria con investigaciones penales.
Entre las personas que habrían sido objeto de esas tareas figuran dirigentes políticos y gremiales, funcionarios judiciales, policías, abogados, empresarios, periodistas y referentes de distintas instituciones. También se investigó la recopilación de datos sobre empresas, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.
En enero de 2022, El Litoral publicó la existencia de un listado de 661 personas y entidades sobre las cuales los fiscales habían solicitado información para determinar si habían sido objeto de consultas o investigaciones durante la gestión de Sain. La nómina comprendía desde referentes políticos y judiciales hasta integrantes del empresariado y distintas organizaciones de la sociedad civil.
Principales acusados
La imputación original, formulada en noviembre de 2022, alcanzó a ocho personas. La Fiscalía describió una estructura piramidal encabezada por Marcelo Sain, con Nadia Schujman como organizadora dentro del Ministerio de Seguridad y Débora Cotichini como organizadora en el Organismo de Investigaciones.
El resto de los involucrados cumplía funciones en distintas dependencias de la cartera de Seguridad: Germán Montenegro, entonces secretario de Seguridad Pública; Diego Rodríguez, subsecretario de Control Institucional; Pablo Álvarez, subsecretario de Investigación Criminal; y Milagros Bernard, contratada por la Subsecretaría de Control Institucional.
La nómina inicial también comprendía a la abogada A.M., quien posteriormente quedó desafectada de la investigación y no integró la acusación para la que se solicitaron penas.
Pedido de penas
En noviembre de 2024, el fiscal Ezequiel Hernández presentó la acusación para llevar a juicio a siete imputados: Sain, Schujman, Cotichini, Montenegro, Rodríguez, Álvarez y Bernard. Para ellos solicitó penas de entre tres años y seis meses y once años de prisión, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de las respectivas condenas.
El pedido más elevado fue para Sain, para quien reclamó once años de prisión. Para Schujman y Cotichini solicitó nueve años; para Montenegro, siete; para Álvarez y Rodríguez, cinco años; y para Bernard, tres años y seis meses de prisión, más siete años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Las conductas atribuidas incluyen asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520, violación de secretos y destrucción de documentos y elementos de prueba.
La Fiscalía sostiene que se utilizaron bases de datos públicas y privadas, algunas de acceso restringido, para elaborar informes sobre personas y organizaciones por fuera de las finalidades legales de los organismos estatales.
La investigación también comprende presuntas maniobras destinadas a hostigar o intimidar a personas consideradas adversarias políticas o institucionales, así como la utilización de recursos públicos para sostener el funcionamiento de la estructura. La responsabilidad penal de los acusados deberá ser determinada en el proceso judicial.
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