La presencia de residuos en el corralón Méjico, ubicado en el distrito costero de Alto Verde, abrió una investigación judicial que busca determinar si las actividades desarrolladas en el predio provocaron contaminación ambiental y alteraron las condiciones naturales del terreno. El caso combina la sospecha de una disposición inadecuada de materiales con la ejecución de rellenos que podrían haber modificado el valle de inundación de la isla Sirgadero, nombre catastral del distrito.
Investigación ambiental en Alto Verde
Residuos, posible contaminación y alteración del cauce: qué investiga la Justicia en el corralón Méjico
La causa quedó a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA, que ordenó tomar muestras y solicitar informes técnicos para determinar el impacto de los rellenos realizados en un sector costero de Santa Fe. En el predio encontraron medicamentos, residuos informáticos y una sustancia que podría ser bentonita. También se investiga el presunto incumplimiento de una clausura municipal.
La denuncia penal presentada por la Municipalidad de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedó a cargo de la Unidad Especial de Delitos Complejos, con intervención de los fiscales Bárbara Ilera y Matías Broggi. La semana pasada, los funcionarios judiciales solicitaron una serie de medidas en el establecimiento, entre ellas la toma de muestras para determinar la composición de los materiales encontrados y evaluar sus posibles consecuencias ambientales.
Durante el procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), con participación de equipos municipales y organismos provinciales, se detectaron medicamentos, residuos informáticos y acumulaciones de un material que podría ser bentonita. La identificación de esta última sustancia es preliminar y deberá ser confirmada mediante análisis especializados.
La presencia de esos elementos no demuestra, por sí sola, que se haya producido contaminación. La investigación deberá establecer qué materiales fueron depositados, si recibieron un tratamiento adecuado, si fueron enterrados o utilizados para elevar el terreno y qué efectos pudieron generar sobre el suelo, el agua y el ambiente natural.
Tres líneas de investigación
De acuerdo con fuentes consultadas, la causa judicial avanza sobre tres ejes. El primero es el presunto incumplimiento de una clausura municipal. La Fiscalía de Estado de la Municipalidad denunció la posible violación de las fajas colocadas en el predio, luego de dos inspecciones en las que se dispuso el cierre por irregularidades administrativas.
La conducta podría encuadrar en la figura prevista por el Código de Convivencia provincial, que contempla la infracción de quien viola una clausura preventiva o sancionatoria impuesta por una autoridad competente. El intendente Juan Pablo Poletti se refirió a la situación en declaraciones a la prensa: “Clausuramos dos veces y rompieron las fajas”.
El mandatario también pidió: “Que nadie sea más vivo de lo que los vecinos necesitan”, y agregó con contundencia: “Que el caudal del agua corra por donde tiene que correr”, en relación al valle de inundación del río, por donde debe escurrir cuando crece.
En relación con los trabajos denunciados, Poletti afirmó que “aquel que aparentemente quiso rellenar o aparentemente está volcando elementos que no corresponden a un cauce de río, es ahí es donde tenemos que estar. Por eso hicimos denuncias desde julio pasado. Por eso hablamos de presunción”.
El intendente agregó: “Tomamos el problema con la seriedad que tiene y esperamos que realmente se pueda revertir la situación”.
El segundo eje apunta a determinar si los rellenos y la elevación artificial de la superficie se realizaron con materiales no aptos para ese uso y si esas intervenciones provocaron un daño ambiental. Para avanzar en esa hipótesis, los investigadores tomaron muestras en distintos sectores presuntamente modificados, que serán remitidas a instituciones especializadas.
El tercer punto se relaciona con la posible modificación del valle de inundación de la isla Sirgadero. La Justicia solicitó informes a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia para establecer si los movimientos de suelo alteraron el escurrimiento natural del agua y qué consecuencias podrían tener sobre la dinámica hídrica del sector.
Este aspecto resulta relevante en un territorio costero donde los niveles del suelo, los cauces y los espacios naturales de expansión del agua cumplen una función en el comportamiento de las crecidas. La investigación deberá precisar si los rellenos modificaron esas condiciones y, en tal caso, cuál es la dimensión del perjuicio.
Qué leyes ambientales podrían estar involucradas
El alcance de las eventuales responsabilidades dependerá de los resultados de los estudios técnicos y de la documentación reunida. Sin embargo, existen normas provinciales y nacionales que podrían resultar aplicables si se comprueban las irregularidades denunciadas.
Una de las principales es la Ley provincial 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que establece principios para preservar los recursos naturales, proteger los recursos hídricos y conservar las áreas naturales. Su artículo 2 incluye entre sus objetivos la utilización racional del suelo y del agua, la prevención de inundaciones y anegamientos, la protección de áreas naturales y el control de actividades capaces de perjudicar esos bienes.
La misma ley, en sus artículos 18 y 19, establece requisitos vinculados con la evaluación del impacto ambiental de proyectos y actividades susceptibles de afectar el ambiente. El artículo 25 contempla como conductas dañosas las acciones u omisiones que puedan degradar las aguas y los suelos, modificar perjudicialmente el paisaje natural o afectar la flora, la fauna y las áreas protegidas.
Además, el artículo 26 prevé la suspensión de actividades susceptibles de degradar el ambiente cuando corresponda y la obligación de reparar el ecosistema afectado. Estas disposiciones podrían ser relevantes si se determina que los rellenos produjeron daños o se ejecutaron sin las autorizaciones ambientales exigibles.
Otro marco normativo que deberá considerarse es la Ley provincial 13.055, que adopta el principio de Basura Cero para la gestión de los residuos sólidos urbanos. Su aplicación concreta dependerá de la naturaleza y procedencia de los materiales encontrados y de las actividades que se hayan desarrollado en el establecimiento.
Por su parte, si los análisis determinan que los medicamentos, los residuos informáticos u otros elementos presentes en el predio reúnen las características legales de residuos peligrosos, también podría corresponder examinar el régimen específico aplicable. La Ley nacional 24.051 regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de esos residuos dentro de su ámbito de aplicación. Su eventual intervención no puede darse por sentada sin conocer la composición de los materiales y las circunstancias del caso.
En el plano local, las actuaciones municipales por la clausura y las condiciones administrativas del establecimiento deberán evaluarse conforme a las disposiciones de habilitación, fiscalización y convivencia vigentes en la ciudad de Santa Fe. También será necesario precisar el régimen de protección que corresponde al sector donde se realizaron los rellenos y qué autorizaciones eran exigibles para intervenir sobre ese terreno.
El impacto todavía debe determinarse
La investigación busca establecer no solamente si se depositaron residuos de manera irregular, sino también si esos materiales fueron incorporados al suelo y si las intervenciones modificaron las características naturales del predio.
Los análisis permitirán conocer la composición de las sustancias, mientras que los informes hídricos deberán aportar elementos para determinar si hubo alteraciones en el valle de inundación. A partir de esas conclusiones se podrá evaluar la existencia de un daño ambiental, su alcance y las medidas necesarias para evitar que se agrave o, en caso de corresponder, reparar el sector afectado.
La Municipalidad informó que aportó registros de cámaras e imágenes a la Justicia para colaborar con la reconstrucción de lo ocurrido. “Eso también está denunciado ante la Justicia y son ellos ahora los que tienen que actuar”, señaló Poletti.
Por el momento, las posibles infracciones y los daños denunciados continúan bajo investigación. La Justicia busca determinar qué se depositó en el corralón, cómo se utilizó ese material y si los rellenos alteraron el funcionamiento natural de un sector costero de Santa Fe.
Sobre el Autor
#TEMAS:
