Geriátricos: impulsan una Comisión Investigadora para determinar responsabilidades políticas

Diseñada como una herramienta de fiscalización política y legislativa, la propuesta desde el Concejo de la creación de una Comisión Investigadora para determinar responsabilidades políticas en la ciudad de Santa Fe tras el incidente del geriátrico detalla su organización y sus ejes de trabajo de la siguiente forma

• Composición: Estará integrada por concejales de los distintos bloques políticos que conforman el cuerpo deliberativo, con el fin de garantizar una representación plural y la transparencia institucional necesaria para llevar adelante las indagatorias.

• Puntos por investigar: El cuerpo fiscalizará la revisión de los expedientes de habilitación y funcionamiento de los establecimientos involucrados. Asimismo, evaluará el desempeño y los mecanismos de inspección, control y fiscalización del Ejecutivo municipal para detectar posibles omisiones, negligencias o vacíos en los circuitos de control administrativo, además de recopilar antecedentes sobre el trato dispensado a los residentes y la presunta administración irregular de sus recursos.

• Alcance: Como corolario de su labor, la comisión emitirá un informe final detallado que permitiría determinar responsabilidades políticas y proponer herramientas normativas orientadas a impedir que hechos de semejante gravedad vuelvan a repetirse en la ciudad.

La denuncia penal federal y el encuadre legal

Como parte de los fundamentos del proyecto, los ediles señalan la gravedad de los hechos a partir de una denuncia penal presentada en el fuero federal, la cual tipifica el caso bajo la figura de trata de personas.

Dicha presentación judicial detalla los requisitos legales del delito —previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal y en la ley n.° 26364—, advirtiendo la posible existencia de un mecanismo coordinado de captación, traslado, recepción y acogimiento de personas adultas mayores y enfermas. La maniobra expuesta habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de las víctimas, quienes presuntamente se habrían encontrado incapacitadas de valerse por sí mismas.

A esto se sumaría un presunto control patrimonial ejercido mediante la retención de documentos nacionales de identidad, tarjetas bancarias y claves personales (PIN) de las pensiones, lo que habría condicionado el alojamiento de los residentes a la supuesta apropiación y administración directa de sus haberes previsionales por parte de los administradores.

Según la hipótesis que investiga la Justicia Federal, este conjunto de circunstancias podría configurar una finalidad de explotación bajo la modalidad de reducción a servidumbre, la cual se refleja en una presunta pérdida de autodeterminación, aislamiento, falta de asistencia médica adecuada, manejo arbitrario de fármacos y sometimiento patrimonial. Asimismo, el escrito judicial recuerda que el eventual consentimiento inicial prestado por las víctimas o sus familias no exime de responsabilidad a los imputados y sugiere la participación de agentes estatales en una red a tal efecto de presión y aprovechamiento.

Antecedentes históricos en el Concejo Municipal

De ser aprobada, la conformación de esta Comisión Investigadora marcaría un hito institucional, tratándose de la primera iniciativa de esta naturaleza en casi dos décadas. El antecedente inmediato remonta al año 2007, cuando el Concejo Municipal llevó adelante un procedimiento similar para indagar la responsabilidad política del entonces intendente Martín Balbarrey, un proceso que derivó en su destitución y abrió paso a una transición en el municipio con la asunción de Mario Barletta.