Geriátricos del horror: avanza en la Justicia Federal la investigación sobre Trata y el MPA aparta al fiscal Cecchini

El viernes 28 de agosto, a partir del aporte de distintas fuentes, se radicó una denuncia ante la Justicia Federal por la existencia de una red de trata de personas en la ciudad de Santa Fe. Esta trama involucra no solo a particulares, sino también a funcionarios del Estado pertenecientes a los tres poderes.

La presentación se apoya en el precedente jurisprudencial establecido en 2026 por el juez Julián Ercolini en la causa Mataderos, doctrina federal que permite encuadrar la sujeción económica y la privación de la autonomía de adultos mayores en situación de vulnerabilidad directamente bajo la figura penal de trata de personas.

La certeza periodística ante la omisión fiscal

La existencia de tres denuncias penales anteriores al incendio en el centro clandestino de calle Gollán al 11000 —tal como publicó el diario El Litoral días después del siniestro— resultaron perdidas, desestimadas o ignoradas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), una irregularidad que aún no ha sido aclarada por el organismo.

Cadena de responsabilidades

A esto se suma la participación de funcionarios municipales y el uso de móviles oficiales en el traslado de víctimas al geriátrico en cuestión, en connivencia con la única detenida en la causa; la promoción de residencias no habilitadas dentro del propio organismo de control; y la imputación formulada por el ahora exfiscal de la causa, Manuel Cecchini, quien tomó como hecho aislado el incendio sin investigar la cadena de responsabilidades hacia arriba, hacia abajo o de forma previa a ese momento. Cecchini desconoció de manera inexplicable la denuncia previa en la que la hija de un residente aportaba pruebas claras sobre el delito de trata de personas con participación institucional. Todo esto convirtió en insoportable la certeza de la inhumanidad del accionar fiscal ante lo que podría transformarse en una catástrofe sanitaria inconcebible, reprochable, pero, ante todo, evitable.

Sometimiento y despojo de la autonomía

La denuncia presentada ante la Justicia Federal pone el foco en una cuestión que excede ampliamente las condiciones edilicias o la falta de habilitación del lugar. Lo que se describe es un mecanismo en el que personas enfermas, mayores o con dificultades para valerse por sí mismas eran recibidas y alojadas, mientras progresivamente quedaban bajo el control de terceros aspectos esenciales de su vida: su documentación, sus tarjetas bancarias, sus claves, sus pensiones, su alimentación, sus medicamentos y hasta la posibilidad concreta de abandonar el lugar.

Pruebas de una red de alcance estatal

Las pruebas periodísticas respaldadas por documentación formal fehaciente, puestas a disposición del fuero federal, permitirían reconstruir la existencia de una red con participación de funcionarios de diferentes rangos, la manifiesta conducta de un posible encubrimiento posterior y una laxitud en la voluntad política para esclarecer el caso, a pesar de los testimonios y documentos publicados por distintos medios que fueron ignorados por la acusación y desestimados por la gestión ejecutiva de las jurisdicciones involucradas.

Un giro drástico en la causa judicial

Lo que comenzó como la clausura de un geriátrico ilegal tras un trágico incendio en el barrio Nuevo Horizonte ha escalado a un escándalo institucional de proporciones insospechadas. La causa judicial dio un vuelco drástico: mientras la Justicia Federal investiga la posible existencia de una red de trata de personas y explotación de adultos mayores con presunta complicidad estatal, en el fuero provincial el MPA apartó a los fiscales a cargo.

La remoción del fiscal Manuel Cecchini y de su par Roberto Olcese —dispuesta por el fiscal regional Jorge Nessier— deja la investigación en manos del fiscal Marcelo Nessier. La decisión responde a severos cuestionamientos por inacción: existían al menos tres denuncias previas ignoradas antes del siniestro, y la Auditoría General del MPA ya investiga la conducta de los funcionarios intervinientes.

El caso “Mataderos” y el precedente federal

La denuncia presentada ante la Justicia Federal expone que en Nuevo Horizonte no operaba un simple establecimiento irregular, sino un mecanismo sistemático de captación, acogimiento y despojo de la autonomía. Frente a la mirada inicial de la Justicia local, que acotaba el expediente a infracciones edilicias o delitos patrimoniales aislados, el fuero federal encuentra un paralelismo directo con la doctrina sentada en el barrio porteño de Mataderos, donde el juez Julián Ercolini procesó a los responsables tras la investigación del fiscal Eduardo Taiano.

Vulnerabilidad extrema e impunidad económica

Ambos casos comparten una arquitectura idéntica en la dinámica de sometimiento. Al igual que el adulto mayor de 84 años explotado en Mataderos, las víctimas de Nuevo Horizonte —como E. R., aquejado de Parkinson, o L. C. A.— compartían un perfil de extrema vulnerabilidad, caracterizado por enfermedades crónicas, aislamiento y la imposibilidad física o cognitiva de valerse por sí mismos o de retirarse por sus propios medios.

Esta vulnerabilidad facilitaba el despojo de la autonomía mediante la retención sistemática de documentación y herramientas financieras. En el establecimiento santafesino, la entrega del DNI, la tarjeta bancaria y el PIN funcionaba como condición de ingreso, replicando el patrón porteño donde los captores retenían los documentos y administraban arbitrariamente la jubilación. En ambos escenarios, el dinero extraído —vía pensiones no contributivas o haberes previsionales— no configuraba un mero delito patrimonial, sino el motor económico central para financiar la estructura de explotación.

Privación de la libertad sin candados

Asimismo, la degradación de la habitabilidad y el trato inhumano completan la analogía procesal. Las denuncias previas al incendio en Nuevo Horizonte advertían sobre desnutrición, abandono, falta de atención médica, suspensión de medicamentos y agresiones físicas y psicológicas, en paralelo con el hacinamiento y la falta de salubridad constatados en el precedente porteño. La doctrina de Ercolini ratifica que la ausencia de encierro bajo llave no cancela el delito: la manipulación de la dependencia económica y física constituye una forma efectiva de privación de la libertad.

Apartamiento de fiscales: ¿cambio de imputación?

La presentación ante la Justicia Federal incorpora documentos que comprometen a funcionarios de los tres poderes del Estado y estamentos municipales. La investigación apunta a la posible existencia de una red logística que incluía el uso de móviles oficiales y la participación de agentes públicos en el traslado de personas vulnerables hacia la residencia clandestina.

A esta estructura de captación se suma la inacción deliberada del MPA, donde las denuncias previas radicadas por familiares fueron archivadas o desestimadas –no hubo respuestas al respecto. La acusación inicial del exfiscal Manuel Cecchini se limitó estrictamente al evento del incendio, omitiendo profundizar en los antecedentes y en la cadena de mando superior. Con la causa provincial reasignada al fiscal Marcelo Nessier y el avance de las actuaciones federales, el caso abandona definitivamente la rotulación de un "asilo ilegal" para consolidarse como la investigación de una trama criminal de trata y explotación sistemática en la ciudad de Santa Fe y la existencia, según los testimonios de trabajadores de distintos centros, de un sistema que actualmente se encuentra activo.