La Municipalidad de Santa Fe confirmó que el hogar donde el lunes se produjo un incendio y fueron rescatados siete adultos mayores funcionaba de manera completamente irregular y sin ningún tipo de habilitación oficial. Mientras la investigación judicial avanza sobre las responsabilidades de los administradores del establecimiento de José Gollán al 10100, el municipio informó que las personas rescatadas permanecen bajo atención médica y social, alojadas transitoriamente en dependencias municipales.
En la capital santafesina
Incendio en el "geriátrico del horror": el municipio confirmó que el hogar funcionaba "fuera de la ley"
Tras el rescate de siete adultos mayores, la Municipalidad de Santa Fe aseguró que el establecimiento no figuraba en ningún registro oficial. Los sobrevivientes permanecen bajo asistencia estatal mientras la Justicia investiga responsabilidades y busca a la propietaria del lugar, que continúa prófuga.
Hugo Marchetti, secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, explicó que los adultos mayores "se encuentran descansando y alojados en el parador municipal, en el Centro Integral, donde nos han manifestado que están bien y en condiciones normales".
Del total de personas rescatadas, seis fueron trasladadas al Parador Municipal Beata Clara, mientras que una debió ser derivada al Hospital Iturraspe tras sufrir inhalación de humo durante el incendio. "Actualmente están siendo asistidos en la Casa Beata Clara mientras realizamos entrevistas tanto con ellos como con sus familiares para evaluar cada situación en particular, porque algunos tienen redes familiares y otros están absolutamente solos", señaló el funcionario.
Un hogar que el Estado desconocía
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es que el establecimiento nunca había sido detectado por los organismos de control.
Según explicó Marchetti, la Municipalidad no tenía registro alguno del lugar ni como hogar de tránsito ni como residencia geriátrica. "Este lugar está bajo investigación y nosotros no tenemos ningún registro de ese espacio. Funcionaba fuera de la ley", afirmó.
El funcionario precisó que las residencias destinadas al alojamiento de personas mayores deben integrar registros compartidos entre el municipio, el Ministerio de Salud provincial y la Dirección de Adultos Mayores, algo que no ocurría en este caso.
En ese sentido, aclaró que la existencia del lugar recién fue conocida por el Estado tras el incendio y la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público de la Acusación. "Tomamos conocimiento de este lugar a partir de las noticias y de la intervención de la PDI y la Fiscalía", indicó.
La investigación
El incendio terminó exponiendo una situación mucho más grave que el propio siniestro.
La causa, a cargo del fiscal Manuel Cechini, investiga presuntos delitos de abandono de persona, estafas mediante la retención de tarjetas bancarias y documentación personal, además de otros hechos que podrían incorporarse conforme avance la investigación.
La principal sospechosa continúa prófuga y acumula antecedentes judiciales. Durante 2025 ya había sido imputada por administrar otros hogares clandestinos para adultos mayores donde, según la acusación, retenía la documentación y las tarjetas con las que los residentes cobraban jubilaciones y pensiones para apropiarse de esos ingresos.
Ahora, los investigadores buscan determinar si esa misma modalidad se repetía en el establecimiento incendiado.
Los testimonios incorporados al expediente describen un escenario de extrema vulnerabilidad. Los siete adultos mayores denunciaron condiciones de abandono, maltratos físicos y psicológicos, falta de alimentación durante varios días y la retención de su documentación y medios de cobro previsional. Uno de los residentes confesó que inició el incendio para pedir ayuda y denunciar la situación que atravesaban.
En paralelo, un hombre de 45 años que se presentó como encargado del establecimiento permanece detenido, mientras continúa la búsqueda de la propietaria.
Sin vínculos con el municipio
Consultado sobre la supuesta responsable del lugar, Marchetti aseguró que el municipio no tenía antecedentes sobre su actividad. "No tenemos conocimiento de esa persona", sostuvo.
El funcionario también aclaró que, si bien uno de los adultos mayores había utilizado anteriormente el parador municipal, no existen registros de que trabajadores sociales municipales hayan derivado residentes hacia ese establecimiento.
Finalmente, remarcó que la intervención de los equipos municipales comenzó recién después del incendio y enfatizó que "el trabajo de los asistentes sociales es profesional y depende exclusivamente de la Dirección de Acción Social".
Convocan a denunciar otros hogares irregulares
A partir de este caso, la Municipalidad insistió en la necesidad de denunciar cualquier residencia para personas mayores que funcione sin habilitación o genere sospechas. "Nosotros actuamos cuando tenemos denuncias o certezas de que estos lugares existen. Seguramente este hecho va a sensibilizar a la población para detectar situaciones similares", expresó Marchetti.
Las denuncias pueden realizarse a través de la línea gratuita 0800 777 5000 de la Municipalidad o de manera presencial en el Centro Observatorio de Personas Mayores, que funciona en la Dirección de Derechos Ciudadanos.
Mientras tanto, los siete adultos mayores permanecen bajo la asistencia integral del Estado. Equipos de salud, trabajadores sociales y profesionales municipales continúan evaluando la situación médica, social y familiar de cada uno para definir las alternativas de alojamiento y cuidado más adecuadas, mientras la Justicia intenta reconstruir el funcionamiento del establecimiento clandestino y determinar si existen otras víctimas vinculadas a la misma organización.
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