La IGJ invalidó el traslado de la AFA a Provincia y denunció un "domicilio falso"
El organismo nacional rechazó la mudanza de la sede social y ratificó que la entidad debe seguir operando en calle Viamonte. Además, advirtió por balances adeudados desde 2017 y reformas de estatuto no aprobadas.
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en calle Viamonte.
La Inspección General de Justicia (IGJ) rechazó la solicitud presentada por la AFA para trasladar su domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires. La decisión se apoyó en un punto central: la dirección declarada, según el organismo, carece de respaldo real.
En su resolución, la IGJ sostuvo que en el lugar informado por la entidad no existe ninguna oficina, autoridad ni funcionamiento administrativo, por lo que desestimó el trámite y ratificó que la AFA continúa operando legalmente en su sede histórica.
El organismo ratificó que la AFA continúa funcionando en su sede de la calle Viamonte, en CABA.
“La AFA continúa funcionando en Viamonte”
El comunicado oficial subrayó que “la AFA continúa funcionando en su sede de la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires”, dando por inválido el intento de cambio de jurisdicción.
Además, el organismo advirtió sobre un cuadro más amplio y afirmó que el ente rector del fútbol argentino acumula “graves irregularidades” y mantiene pendientes administrativas que, según IGJ, no fueron regularizadas en los últimos años.
La IGJ rechazó el cambio de domicilio de la AFA a Provincia y sostuvo que la dirección declarada es falsa.
Estatuto, balances y decisiones bajo cuestionamiento
Entre los señalamientos, la IGJ indicó que la AFA no tiene aprobada la reforma de su estatuto y que adeuda la presentación de explicaciones sobre balances y estados contables desde 2017 hasta 2024, además de no haber presentado los estados contables de 2025.
También sostuvo que la entidad no canceló su inscripción en el Registro Público y que pretende convalidar decisiones tomadas en su última Asamblea fiscalizada por autoridades provinciales, cuando la normativa exige supervisión nacional.
En el tramo final, la IGJ calificó la maniobra como un “intento deliberado de eludir la Ley” y remarcó que no permitirá que ninguna entidad “sortee sus obligaciones legales mediante maniobras irregulares”, bajo el principio de igualdad ante la ley.