Las empresas privadas afrontan al año hasta 130 mil nuevos juicios laborales

El empleo privado formal en la Argentina está estancado desde 2012. El sistema empresario que lo genera afronta 120 a 130 mil nuevos juicios laborales por año en un sistema judicial que tiene 122 vacantes y que responde desde criterios y plazos diversos que inhiben la planificación en productividad.

“¿Cómo arman las empresas sus previsiones?”, se preguntó María Cecilia Ruiz, líder de la Subred de Dinámica Laboral de IDEA y Gerente de Legales en Danone South Cone, durante el Encuentro de #AbogadosDeEmpresaIDEA 2025, desarrollado la pasada semana en un hotel porteño.

Sólo como ejemplo de la imposibilidad, la especialista reseñó que según las salas del mismo fuero laboral, se aplican en las sentencias tasas de IPC + 3% o CER + 6%. Se añaden “nuevos” conceptos para el fuero, como el de daños y perjuicios una vez eliminado el sistema de multas por falta de registración. Y hay cuatro instancias judiciales que hacen imprevisible el procedimiento y sus costos.

Es parte de la explicación de un fenómeno que atenta contra el sistema previsional, otro de los rubros en ojos que la Argentina debate “reformas estructurales” hoy atrapadas en una profunda tensión electoral y de modelo político.

Pero no es un fenómeno atribuible a la foto del presente institucional y sociopolítico. Ruiz repasó datos de la realidad: en 2012 había en el país 6,067 millones de trabajos privados formales;desde entonces solo se añadieron 200.000 puestos en esa condición.

Es decir que en el empleo formal privado se ocupa apenas el 21% de la población en edad de trabajar; de ese universo, el 23% es empleado público o independiente (monotributistas y autónomos), y el 26% (7,9 millones de argentinos) trabajan de manera “informal”.

“Esto nos habla de que hay problemas de generación de empleo y entendemos que esto tiene que ver con parte de la competitividad y la productividad que tiene nuestro país”, advirtió la especialista.

Leyes de medio siglo

“La mayor parte de las leyes laborales argentinas llevan décadas. Fueron hechas hace 50 años para un contexto muy diferente al actual. Se necesita una reforma que contemple la modernización de la manera de trabajar, es un desafío pendiente.

“En los Tribunales vemos a diario problemáticas que se relacionan con estos temas”, señaló Mario Fera, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

“Seis jóvenes sobre 10 están trabajando en la informalidad. Esto termina afectando la judicialización. La Argentina va a tener que revertir los costos laborales. Generar un diálogo entre empresas, sindicatos y el Estado; con los legisladores, que son los que van a terminan redactando las leyes, y también la Justicia”, explicó por su parte Marcelo Rojas Panelo, director de Legales, Relaciones Laborales y Asuntos Corporativos en Alsea Sudamérica.

Reformas “de facto”

La economista Marina Dal Poggetto dijo por su parte en el encuentro que “asegurar la consolidación fiscal no necesariamente es sentarte sobre el gasto y esperar a que la gobernabilidad se sostenga”.

Refirió que “Argentina necesita -todos hablamos- reformas: tributaria, laboral, previsional. Y medio como que hacemos la vista gorda respecto a lo que implica en el país, donde la reforma tributaria de facto o la reforma laboral de facto es la informalidad, donde los sectores totalmente formales tienen una desventaja cada vez mayor; esto es muy perverso”.

Aseguró que “apuntalar la productividad sistémica es condición necesaria; si no abrís la economía, no hay forma de cambiar los precios relativos. No hay forma. Si yo no bajo los precios de los bienes, yo no puedo pagar las tarifas que tengo que pagar para que la cuenta fiscal se sostengan.

“Ahora -advirtió- si yo abro la economía en un mundo que se está cerrando y donde hay saldos exportables y los precios de los bienes me terminan de reventar más sectores de los necesarios, la verdad es que te ves un problema. Entonces, lo que digo es la productividad sistémica es condición necesaria, las reformas son condición necesaria, pero no solamente las reformas”.

Institucionalidad y productividad

“Juzgar al poder mientras está en el poder es un trabajo titánico que requiere convicciones principios e independencia”, indicó Diego Luciani, fiscal general ante los Tribunales Orales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, quien reflexionó sobre la institucionalidad como condición de la productividad.

“Lo que contiene la forma y el fondo es el contorno, que son las instituciones. Tiene tanta importancia porque es lo que da sostén. Cuando llegué a la Procuración había 2,8 millones de juicios contra el Estado Nacional y toda esa información estaba dispersa en distintos ministerios.

“Esto se cambia con información, eficiencia y eficacia”, añadió Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro de la Nación y socio fundador de Saravia Frías Abogados.

“Hay una conexión directa entre competitividad, productividad y la previsibilidad y estabilidad jurídica que dan instituciones sólidas. Es sumamente estratégico que miren lo que hacemos en el Consejo de la Magistratura”, subrayó Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura Nacional en representación de los abogados y vicepresidente de la Comisión de Selección y Escuela Judicial del CMN.