Salarios, jubilaciones, provincias y subsidios: las partidas para compensar el costo de leyes no vetadas

En los términos de la Oficina Nacional de Presupuesto -un organismo técnico que no depende del Poder Ejecutivo- las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario tienen un costo del 0,5% del PBI.

Es una cuenta con capacidad para perforar el superávit financiero previsto en el proyecto aprobado en la Cámara Baja del Congreso. Para el Sector Público Nacional consolidado (incluye empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes) el superávit es de $2,7 billones, que equivalen aproximadamente a un 0,3% del PBI.

En la reciente entrevista con Luis Majul en el programa La Cornisa (LN+, emitido el 21 de diciembre pasado), el presidente Javier Milei se refirió al Presupuesto 2026, luego de que Diputados rechazara el Capítulo XI que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

Milei afirmó que no vetará la ley de Presupuesto, que se encamina a ser sancionada por el Senado el próximo 26, o incluso el sábado 27 si no hay vuelos disponibles para que los senadores regresen a Buenos Aires a tiempo.

El presidente aseguró que el Gobierno "acomodará" o reasignará las partidas presupuestarias para compensar el impacto fiscal de las leyes de financiamiento universitario (0,23% del PBI) y de emergencia en discapacidad (0,27% del PBI).

“Lo que sí vamos a hacer -dijo- es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero; lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”.

Insistió en que el déficit cero es "la política más importante" de su gestión y que lo logrará "sin subir impuestos", ajustando en otras áreas para neutralizar el gasto adicional que implican las leyes de discapacidad y universidades votadas sin financiamiento.

Flexibles e inflexibles

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) examinó las estrategias de financiamiento posibles, teniendo en cuenta que el presupuesto contiene gastos inflexibles como las jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo, y gastos flexibles, que incluyen la masa salarial, subsidios energéticos y transferencias a provincias.

“Mediante simulaciones, se demuestra que cubrir estas leyes requeriría una reducción proporcional de las erogaciones discrecionales para mantener el equilibrio financiero”. El análisis resalta que, considerando el crecimiento económico esperado, estas áreas de gastos flexibles deberían enfrentar una caída real cercana al 7% en sus presupuestos.

El centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz apuntó que las partidas que el gobierno podría “recortar” incluyen en primer lugar a la masa salarial. Es el rubro que más contribuiría al ajuste debido a su alta participación en el gasto total, con un aporte estimado de 0,19 puntos porcentuales del PBI.

Le siguen los programas sociales. Este área aportaría aproximadamente 0,07 p.p. del PBI para financiar las leyes “no vetadas”. En la lista están además los subsidios a la energía; al igual que los programas sociales, su recorte contribuiría con 0,07 p.p. del PBI al objetivo fiscal.

Otras áreas identificadas como "potencialmente reducibles" incluyen el gasto en bienes y servicios (0,06 p.p.), subsidios al transporte, la inversión real directa y las transferencias corrientes a provincias (estas últimas tres con un aporte de 0,03 p.p. cada una).

Recortes promedio del 7,1%

Siempre puede haber mayores ingresos nominales, por vía por ejemplo del impacto en la recaudación de una inflación no estimada; el presupuesto la calcula en el 10,1% y el Relevamiento de Expectativas del Mercado la ubica en 19,6%.

En los términos del estricto cálculo presupuestario, Iaraf estima que las áreas “flexibles” deberían sufrir un recorte real del 7,1% para compensar los gastos imprevistos de las leyes mencionadas.

La presión de Luis Caputo

Si bien una primera reacción de la Casa Rosada dejó entrever que la sanción de diputados “no servía” a la estrategia libertaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, considera crucial la sanción definitiva del Presupuesto 2026 tal como lo aprobó Diputados.

El ministro entiende que la norma es una señal de institucionalidad. Pero además el proyecto incluye artículos (como el 56) que modifican restricciones de la "Ley Guzmán", permitiendo canjes de deuda en condiciones más flexibles y emisión bajo jurisdicción extranjera.

Esto es vital para enfrentar vencimientos inmediatos (como los de enero 2026, por unos US$4.200 millones) y el calendario exigente del año, evitando un default técnico y permitiendo colocación o reestructuración de deuda en mercados internacionales.

Según trascendió, Caputo dijo a la mesa política de Casa Rosada que la media sanción en Diputados ya hizo bajar el riesgo país y subir los bonos. La sanción completa sería una demostración de gobernabilidad y capacidad de construir mayorías en el Congreso, tras dos años de prórroga del presupuesto 2023.

Además el ministro tomaría como base el texto sancionado para eliminar otros gastos, preservar el superávit y tener una base resuelta para avanzar con las reformas estructurales.