Educación envió un documento a las escuelas de Santa Fe y advierte que las amenazas son “delitos graves”

El Ministerio de Educación de Santa Fe envió en las últimas horas un documento a todas las instituciones educativas en el que fija una postura firme frente a la aparición de mensajes y pintadas con amenazas de tiroteos: no se trata de bromas ni de simples transgresiones escolares, sino de delitos penales con consecuencias para estudiantes y sus familias.

Al mismo tiempo, pide a las escuelas encuadrar estos hechos como “faltas gravísimas” dentro de los Acuerdos de Convivencia, que suelen tener las escuelas secundarias, principalmente.

El eje central del texto también pone el foco en el rol de los hogares. La cartera educativa insta a madres, padres y responsables a dialogar “de manera urgente y contundente” sobre estas prácticas, en especial en relación con el uso de redes sociales, y a asumir un compromiso activo para prevenirlas, dado “que vulneran el derecho a la educación y alteran profundamente la paz social”.

La comunicación oficial, dirigida a la comunidad educativa, surge tras una serie de episodios registrados en distintos puntos de la provincia, donde circularon amenazas en baños escolares y plataformas digitales y que el gobierno contabilizó en alrededor de 65 en toda la provincia.

En ese contexto, el ministerio remarca en el texto que estas conductas configuran el delito de intimidación pública -previsto en el artículo 211 del Código Penal de la Nación- y pueden derivar en procesos dentro del fuero penal juvenil.

Además, advierte que las investigaciones avanzan con rapidez a partir del análisis de redes sociales, rastreo de direcciones IP y peritajes tecnológicos, lo que puede desembocar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos e incluso detenciones.

“La comunidad debe saber que estas investigaciones derivan rápidamente en allanamientos de domicilios, secuestro de teléfonos celulares y computadoras de toda la familia, y detenciones. El nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe establece que, ante la comisión de un delito grave, el Estado intervendrá inmediatamente. Con más razón si verosímilmente se llega a advertir circulación de armas de fuego, supuesto en el que la ley habilita al Ministerio Público de la Acusación a tomar medidas incluso respecto de adolescentes que no hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal”, deja en claro el texto.

El documento también subraya el impacto económico de estos episodios: cada amenaza activa operativos de seguridad que implican la intervención de fuerzas policiales, servicios médicos y agentes de tránsito. En ese sentido, se recuerda que los adultos responsables pueden ser obligados a afrontar los costos derivados, en base a lo establecido por el Código Civil y Comercial.

“No son una broma”, dijo Goity

En paralelo, el ministerio pone el acento en el “efecto contagio” que pueden generar las redes sociales, donde desafíos o contenidos virales banalizan este tipo de conductas. Por eso, insiste en la necesidad de un abordaje conjunto entre escuela y familia, tanto desde la prevención como desde la formación en el uso responsable de entornos digitales.

En una conferencia de prensa realizada este lunes por la mañana en Casa de Gobierno -y donde se dejó en claro que las familias de los alumnos responsables deberán pagar por los operativos-, el ministro de Educación, José Goity, reforzó el mensaje institucional y remarcó la gravedad de la situación. “Este tipo de amenazas no son una broma; implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y trae consecuencias, no sólo para los estudiantes sino para la propia familia”, afirmó.

El funcionario insistió en que se trata de “una responsabilidad colectiva” y convocó a las familias a involucrarse activamente: “Hacemos un llamado al acompañamiento y seguimiento. Todos tenemos que involucrarnos. Esto parece una broma, pero está muy lejos de serlo”.

Ante las consultas de la prensa, Goity planteó que el fenómeno no puede desligarse del uso de tecnologías y redes sociales. En ese sentido, explicó que la provincia viene trabajando junto al área de salud mental y el Ministerio de Salud en políticas específicas.

Según detalló, la estrategia combina dos ejes: por un lado, la regulación y restricción del uso de dispositivos digitales en ámbitos escolares; por otro, la formación de estudiantes para un uso crítico y responsable.

“Los chicos y chicas no pueden acceder a redes sociales a edades tempranas sin control. Tiene que haber supervisión de los adultos”, señaló, al tiempo que remarcó que la solución de fondo pasa por la educación digital integral: “Tenemos que formar ciudadanos digitales, así como formamos ciudadanos para la vida en sociedad”.

Escuela y familia: un trabajo compartido

El ministro también destacó que el sistema educativo cuenta con herramientas para abordar situaciones complejas, aunque reconoció que deben actualizarse frente a los cambios sociales y tecnológicos.

En ese marco, subrayó la importancia del vínculo entre escuela y familia: “Hay elementos que hacen que se trabaje mancomunadamente y no podríamos no hacerlo”. Y agregó que se busca fortalecer estos dispositivos, adaptándolos a las nuevas dinámicas familiares.

Finalmente, remarcó que tanto la escuela como la familia deben ajustarse a las demandas actuales: “Las familias van cambiando y la escuela también tiene que adaptarse, de la misma manera que la sociedad debe acompañar las condiciones que plantea la escuela”.