Daniel Arroyo expuso en Santa Fe sobre la encrucijada de la discapacidad

En un escenario marcado por la incertidumbre de miles de familias, el exministro de Desarrollo Social de la Nación y autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Daniel Arroyo, visitó la ciudad de Santa Fe. En la previa de la disertación que brindó este viernes 15 de mayo de 2026 por la tarde en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), el referente nacional dialogó sobre el alarmante retroceso en el acompañamiento público a este sector y desmenuzó las razones de un quiebre sistémico inédito que deja desamparadas a las personas con discapacidad.

Arroyo expuso la necesidad urgente de reconstruir una línea de base innegociable para los próximos diez años. Durante un mano a mano antes de ingresar al auditorio, el ex ministro no escatimó en contar las cifras descarnadas para ilustrar cómo la inflación y el desfasaje de los valores oficiales están destruyendo las rutinas terapéuticas de los pacientes.

"Básicamente lo que vamos a tratar es el tema de discapacidad. Yo he sido autor de la ley de emergencia en discapacidad, la situación es muy crítica hoy. Las familias no están accediendo a los medicamentos, ni a los traslados, ni al transporte", advirtió Arroyo con profunda preocupación. Los ejemplos que brindó exponen una asfixia salarial y logística difícil de sostener:

• Talleres protegidos: una persona que asiste diariamente a trabajar durante cuatro horas percibe apenas 28.000 pesos mensuales.

• Acompañantes terapéuticos: profesionales clave para la autonomía de los pacientes cobran un arancel de 4.600 pesos la hora, con el agravante de que perciben el pago a 120 días. "Hay gente que se está yendo, que siempre busca otro trabajo", lamentó Arroyo.

• Transporte adaptado: el nomenclador oficial reconoce apenas 970 pesos por litro de nafta, mientras que el valor real en el surtidor promedia los 2.200 pesos. ¿La consecuencia directa? "En vez de llevarlo los cinco días, el transportista lo lleva dos. El sistema está muy desacomodado", graficó.

El repliegue del Estado frente a la experiencia internacional

Para el exministro, el núcleo del problema actual radica en una decisión política que no encuentra correlato ni siquiera en las administraciones globales más conservadoras. "En todos los países está dado que el Estado tiene como obligación atender a las personas con discapacidad. Ese no es un debate", planteó.

Haciendo un paralelismo internacional, Arroyo remarcó que "gobiernos de extrema derecha como los de Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia o Viktor Orbán en Hungría mantuvieron las estructuras de asistencia básicas".

"¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Que el Estado se ha corrido, que ha hecho un decreto que le permite a la obra social o la prepaga brindar la prestación que le parece o que quiere", denunció Arroyo, alertando que los hogares, centros de día y escuelas especiales se encuentran actualmente al borde del cierre definitivo.

Auditorías sí, pero sin romper el tejido social

Consultado sobre las revisiones y la detección de irregularidades en el otorgamiento de pensiones asignadas en gestiones anteriores, el legislador se mostró de acuerdo con la fiscalización, pero cuestionó con dureza el método de "paralización total" elegido por el Ejecutivo nacional.

"Hay que revisar las pensiones, hay que hacer auditorías. Yo estoy de acuerdo con eso y me parece que está bien, pero lo que no se puede es dejar caer el sistema", matizó a través de una analogía didáctica: "Si uno va a una empresa a hacer una auditoría, la idea no es romper la empresa, sino arreglar lo que hay que arreglar".

Arroyo reconoció que "se han dado pensiones que no correspondían, hay médicos que han dado muchas pensiones que no correspondían o localidades donde llama la atención que el 60% de las personas tengan pensión". Sin embargo, fustigó que "en vez de ir a atender ese problema puntual, se decidió parar todo y desarmar todo el sistema. Es doloroso y muy difícil de entender".

Tres pilares innegociables para salir a flote

Partiendo de la base de que un hogar con un integrante con discapacidad afronta un 30% más de gastos fijos que el promedio, Arroyo repasó los tres ejes fundamentales que establece la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas, los cuales considera que deben ser blindados como política de Estado:

• Transferencia económica: sostener pensiones y apoyos financieros directos y eficientes para las familias.

• Prestaciones de salud: garantizar el acceso continuo e irrestricto a medicamentos y tratamientos permanentes, evitando los baches prestacionales.

• Sistemas de cuidado: asegurar el financiamiento de los acompañantes terapéuticos, los hogares, las escuelas especiales y los centros de día.

Bajar la angustia y mirar hacia el futuro

Lejos de encasillarse únicamente en el diagnóstico crítico, el autor de la Ley de Emergencia enfatizó la necesidad de dotar de previsibilidad a una sociedad civil agotada por la incertidumbre cotidiana.

"Yo no quiero solo quedar en el diagnóstico porque es muy angustiante y todos lo tienen porque lo viven, sino también plantear miradas positivas para adelante. Mi tarea no es solo decir lo mal que estamos", reflexionó sobre el cierre del diálogo previo a su exposición.

"Necesitamos que las familias puedan levantar un poco la cabeza arriba del agua; o sea, que sepan que determinados medicamentos, que determinadas prestaciones, que determinado transporte lo tienen, que el centro de día funciona y que la escuela está. De verdad creo que es la primera vez que colapsa un sistema en Argentina de esta manera. Por eso creo que tiene tanta importancia", concluyó.