El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó la medida interina presentada por los descendientes de Máximo Terrero y Manuela Rosas, quienes habían solicitado frenar el traslado del sable corvo de José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.
Sigue el conflicto
La Justicia rechazó frenar el traslado del sable corvo de San Martín
El reclamo impulsado por los herederos de Juan Manuel de Rosas no fue aceptado en esta etapa, aunque la causa seguirá en trámite y el debate por la custodia del objeto histórico continúa abierto.
La resolución fue firmada por la jueza Macarena Marra Giménez pocos días antes del acto previsto para el 7 de febrero en San Lorenzo, Santa Fe, aunque la magistrada aclaró que la causa continuará con una investigación de fondo.
De este modo, el traslado de la histórica reliquia se realizará conforme al decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei, mientras la Justicia analiza los planteos de la familia Rosas-Terrero y los argumentos del Poder Ejecutivo.
Fundamentos
la jueza sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, no se acreditó la existencia de una obligación jurídica expresa que impusiera que el sable permaneciera de manera exclusiva y permanente en el Museo Histórico Nacional. La donación realizada a fines del siglo XIX manifestó un deseo, pero no estableció un “cargo” legal vinculante que limite las decisiones del Estado sobre su custodia.
Además, el fallo señaló la falta de documentación suficiente que pruebe, de forma concluyente, el vínculo entre los demandantes y Juan Manuel de Rosas. En ese contexto, Marra Giménez indicó que “no se encuentran reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, en referencia al pedido de suspensión del traslado.
No obstante, la magistrada ordenó que el Regimiento de Granaderos a Caballo informe, en un plazo de cinco días, cuál será el destino del sable dentro del cuartel y qué medidas de seguridad, conservación y exposición pública se adoptarán para garantizar su preservación.
La posición de los descendientes
Desde la familia, el rechazo de la cautelar no fue interpretado como el cierre del conflicto. El abogado Nicolás Rechanik explicó que la discusión judicial sigue abierta y que ahora la jueza busca escuchar los argumentos del Gobierno nacional y profundizar el análisis del parentesco de los descendientes con Rosas.
“La cuestión de fondo sigue”, remarcó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos del operativo de traslado, que incluye el transporte aéreo de la pieza histórica hasta San Lorenzo.
Los descendientes argumentan que el cambio de custodia vulnera el destino original del bien y afecta el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural. También cuestionan que no hayan sido consultados ni por el Gobierno ni por las autoridades del museo, y sostienen que la donación implicaba que la reliquia debía permanecer en un ámbito civil y cultural, y no militar.
Un símbolo en disputa
El sable corvo fue legado por San Martín a Juan Manuel de Rosas y donado a la Nación en 1897 por Máximo Terrero, esposo de Manuelita Rosas. Desde entonces, su custodia estuvo regulada por distintos decretos. Inicialmente fue depositado en el Museo Histórico Nacional, luego pasó al Regimiento de Granaderos tras dos robos sufridos en el museo y, en 2015, regresó al ámbito museístico.
El decreto 81/2026 dispuso ahora su retorno al Regimiento, con el argumento de recuperar su “contexto histórico propio” y reforzar las condiciones de seguridad.
El debate generó preocupación en sectores académicos y culturales. La directora saliente del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia en desacuerdo con la medida, mientras especialistas advierten que el caso podría sentar un precedente sensible para futuras donaciones patrimoniales y el acceso público a bienes históricos.
En los días previos al traslado, el museo registró un aumento de visitantes que se acercaron a ver el sable, considerado por muchos como una última oportunidad para observarlo en ese entorno. La causa judicial seguirá abierta, con la intervención de organismos especializados y la presentación de nuevos informes, mientras el destino definitivo del patrimonio histórico continúa en debate.
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