El primer ministro británico anunció “las más firmes medidas“ para defender las Malvinas

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, ratificó este miércoles ante la Cámara de los Comunes que el gobierno británico continuará con "las más firmes medidas" para defender la soberanía británica sobre las islas Malvinas.

La declaración del funcionario fue en respuesta a a un diputado que le exigió oponerse de manere contundente al intento de Argentina de frenar la explotación de petróleo en el archipiélago a través del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el juez Maurice Kamga, determinó el próximo 10 y 11 de noviembre como fechas para las audiencias orales.

Postura británica en el Parlamento

Durante la sesión de preguntas al primer ministro (PMQs), que se llevó a cabo este miércoles, Burnham sostuvo: “No hay disminución alguna en nuestro firme apoyo para mantener las islas Malvinas como británicas”.

Y recordó que los isleños “eligieron seguir siendo británicos no hace mucho tiempo”, en alusión al referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes se expresó a favor de mantener el estatus de territorio británico.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) determinó que el 10 y el 11 de noviembre de este año se realizarán las audiencias orales del caso que Argentina inició contra el Reino Unido por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur.

Tratamiento del proyecto Sea Lion

A través de una orden firmada el martes por el presidente de la entidad, el juez Maurice Kamga, el tribunal con sede en Hamburgo, estableció las instancias en las que resolverá si frena el proyecto Sean Lion en la cuenca del norte de las Islas Malvinas mientras se conforma el tribunal que abordará la cuestión de fondo.

Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el comienzo o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de utilizar información conseguida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no brinde nuevas autorizaciones que puedan agravar el conflicto.