En una sentencia histórica que cierra uno de los capítulos más oscuros de la democracia moderna en Asia, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl halló culpable de insurrección al exmandatario tras su fallido decreto de ley marcial en diciembre de 2024. Aunque la fiscalía pedía la pena de muerte, la justicia optó por la máxima sanción de prisión efectiva.

En una sentencia histórica que cierra uno de los capítulos más oscuros de la democracia moderna en Asia, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol.
La justicia lo halló culpable del delito de insurrección por su intento fallido de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024, una medida que puso en jaque las instituciones del país durante seis horas de máxima tensión.
El juez Jee Kui-youn, al frente del tribunal, fue tajante en su resolución: las acciones de Yoon no fueron una prerrogativa presidencial, sino un plan deliberado para "subvertir el orden constitucional".
Según el fallo, el exmandatario movilizó tropas y fuerzas de élite para tomar el control de la Asamblea Nacional, con el objetivo de arrestar a líderes opositores y perpetuarse en un poder sin controles legislativos.

El tribunal consideró probado que Yoon Suk-yeol actuó como el "cabecilla de una insurrección". El veredicto detalla cómo, aquella noche de diciembre, el entonces presidente ordenó el despliegue de helicópteros y soldados armados en los alrededores del Parlamento.
El objetivo era impedir que los legisladores votaran la anulación del decreto de emergencia, algo que finalmente no logró gracias a que 190 diputados lograron sortear el cerco militar para votar unánimemente contra la medida.
"La declaración de la ley marcial resultó en costos sociales enormes y es difícil encontrar indicios de remordimiento en el acusado", señaló el magistrado. Durante el juicio, Yoon defendió su postura alegando que buscaba proteger al país de "fuerzas antiestatales", una narrativa que la justicia desestimó por carecer de fundamentos legales y fácticos.

La sentencia genera un alivio relativo en la defensa, dado que la Fiscalía Especial había solicitado formalmente la pena de muerte. El argumento de los fiscales era que la gravedad del atentado contra la democracia merecía la sanción más severa prevista en el código penal surcoreano para casos de rebelión.
Sin embargo, el tribunal optó por la cadena perpetua, considerando que —pese al caos institucional y el despliegue militar— el intento de toma de poder no derivó en enfrentamientos armados con víctimas fatales. Cabe recordar que Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre la pena capital desde 1997, por lo que una condena a muerte habría sido un precedente jurídico disruptivo.

Yoon, que ya cumplía una condena previa de cinco años por cargos menores relacionados con el mismo episodio, escuchó la sentencia en silencio. Su caída fue vertiginosa: tras la crisis de diciembre de 2024, fue suspendido de sus funciones, sometido a un impeachment y finalmente destituido por el Tribunal Constitucional en abril de 2025.
Junto a él, otros altos mandos sufrieron el rigor judicial. El exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, fue condenado a 30 años de prisión, mientras que otros jefes militares y policiales recibieron penas de entre 18 y 25 años por ejecutar órdenes que violaban flagrantemente la Constitución.
Para la sociedad surcoreana, este fallo representa un mensaje contundente contra cualquier intento de retorno a los regímenes autoritarios que marcaron al país en el siglo XX.