Irán ejecutó este jueves a tres hombres condenados por la muerte de dos policías durante las protestas de enero, entre ellos Saleh Mohammadi, un joven de 19 años identificado por distintas organizaciones como integrante del equipo nacional de lucha libre. La ejecución se realizó en Qom y volvió a colocar a la represión judicial del régimen en el centro de la escena.
Junto a Mohammadi también fueron ejecutados Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi. Los tres habían sido acusados de “moharebeh”, una figura del derecho iraní que se traduce como “hacer la guerra contra Dios”, utilizada de manera recurrente en causas vinculadas a protestas y disidencia política.
Un caso atravesado por denuncias de tortura
Las organizaciones que siguieron el expediente sostienen que los tres condenados negaron los cargos y que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura y coacción. También denunciaron que el proceso judicial fue acelerado, sin acceso pleno a una defensa adecuada y sin las garantías mínimas de un juicio justo.
La preocupación por Mohammadi había crecido en las últimas semanas porque era el más joven de los tres y por su perfil deportivo. En febrero ya se habían emitido alertas internacionales para frenar su ejecución y la de otros detenidos en causas vinculadas al levantamiento nacional de 2026.
Las primeras ejecuciones por las protestas de enero
La ejecución de Mohammadi, Ghasemi y Davoudi fue presentada por organizaciones iraníes de derechos humanos como la primera tanda de ahorcamientos vinculada directamente a las protestas que sacudieron al país este año. Esas manifestaciones fueron reprimidas con dureza y dejaron una larga lista de detenidos expuestos a condenas extremas.
El caso se inscribe en una ofensiva más amplia del aparato judicial iraní. A fines de febrero, ya se había advertido que al menos una treintena de personas, entre ellas menores de edad, enfrentaban riesgo de pena de muerte en juicios ligados a ese mismo ciclo de protestas.
Deporte, juventud y un antecedente doloroso
La noticia golpeó especialmente por la condición de Mohammadi como luchador. Su ejecución reavivó el recuerdo de otros casos de deportistas iraníes castigados por el régimen y volvió a exponer el uso político de la justicia penal frente a figuras con visibilidad pública.
Con 19 años, Mohammadi aparecía mencionado como un atleta con recorrido competitivo y proyección. Su muerte, en ese contexto, excede lo judicial y se convierte también en un símbolo de la forma en que el régimen responde frente a la protesta, incluso cuando alcanza a jóvenes deportistas con presencia en estructuras nacionales.
Crece la alarma internacional
Tras las ejecuciones, organismos de derechos humanos volvieron a reclamar una reacción urgente de la comunidad internacional. La preocupación ya no pasa solo por lo ocurrido en Qom, sino por la posibilidad de que el régimen avance con nuevas ejecuciones en expedientes similares mientras el país sigue atravesado por tensión interna y conflicto externo.
La combinación de procesos exprés, confesiones denunciadas como forzadas y condenas a muerte en causas derivadas de protestas vuelve a poner bajo observación al sistema judicial iraní, en un momento en que el país también enfrenta presión internacional por la guerra y por su política interna de represión.