El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la provincia de Pisco, región de Ica, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 132-2026-PCM, publicado el 19 de septiembre.
Criminalidad
Perú declaró el estado de emergencia: qué derechos quedan restringidos durante 60 días
La medida alcanza a Pisco y San Andrés, donde la Policía contará con apoyo de las Fuerzas Armadas para reforzar el control del orden público y combatir la delincuencia
La disposición contempla la restricción o suspensión temporal del ejercicio de cuatro derechos constitucionales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
La Policía estará a cargo del orden público
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional de Perú mantendrá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Según el decreto, las zonas de intervención serán determinadas a partir de información de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otras herramientas utilizadas por las autoridades.
Además, las actividades religiosas, culturales y deportivas, entre otras de carácter masivo y público, deberán contar con autorización previa. Los eventos que no tengan carácter masivo no requieren ese permiso.
Las medidas alcanzan a otras regiones
La decisión se suma a otras medidas de emergencia que permanecen vigentes en distintas zonas del país para enfrentar la criminalidad y la violencia.
Entre ellas se encuentran las prórrogas dispuestas para las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la región de Tumbes, y para las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad. En ambos casos, las disposiciones también contemplan la participación de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Controles en las cárceles
El plan mencionado en el material oficial también contempla medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios, con participación militar en tareas de vigilancia.
Asimismo, se prevé el desmantelamiento de antenas ilegales y la instalación de sistemas destinados a bloquear señales electrónicas dentro de las cárceles, con el objetivo de impedir comunicaciones vinculadas con organizaciones criminales desde esos establecimientos.
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