Hutíes irrumpieron en las oficinas de la ONU en Yemen y detuvieron a un empleado
Las fuerzas hutíes allanaron sedes del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF en Saná, mientras aumentan los arrestos arbitrarios y se intensifica la represión contra organismos internacionales.
En un hecho que intensifica la crisis humanitaria en Yemen, fuerzas hutíes allanaron este fin de semana varias oficinas de las Naciones Unidas en la capital del país, Saná. Las sedes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de UNICEF fueron invadidas por combatientes armados, quienes detuvieron al menos a un empleado y se llevaron documentación sensible.
Las autoridades hutíes no ofrecieron explicaciones públicas, y se desconoce aún el paradero de algunos trabajadores que se encontraban en las instalaciones al momento del allanamiento. La comunidad internacional ha condenado el acto como una violación flagrante del derecho humanitario internacional.
Crisis humanitaria en Yemen. Crédito: Xinhua.
Patrón creciente de hostigamiento
Este nuevo ataque no es un hecho aislado. En los últimos meses, los hutíes han intensificado sus acciones contra personal de organizaciones humanitarias y de derechos humanos en los territorios que controlan. Ya en junio del año pasado se registraron detenciones masivas de empleados de agencias de la ONU y de ONGs locales e internacionales.
Las detenciones suelen realizarse bajo acusaciones sin fundamento, como espionaje o sabotaje, con el claro objetivo de intimidar y restringir las operaciones de ayuda en zonas vulnerables. Los informes indican que muchas de estas personas permanecen detenidas sin cargos formales ni acceso a procesos judiciales regulares.
Las consecuencias de este tipo de acciones son devastadoras para millones de yemeníes. Yemen atraviesa una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más del 70% de la población dependiendo de asistencia externa para sobrevivir. El trabajo de agencias como el PMA o UNICEF es vital para el acceso a alimentos, medicinas, vacunas y agua potable.
Cuando se detiene a quienes brindan esa ayuda o se bloquea su labor, se ponen en riesgo inmediato las vidas de niños, mujeres embarazadas, personas desplazadas y comunidades enteras que viven al borde del colapso.
Los líderes hutíes no han emitido declaraciones formales sobre los allanamientos ni sobre los motivos detrás de las detenciones. Sin embargo, voces de organismos internacionales y gobiernos ya se han alzado en rechazo.
El secretario general de la ONU, altos funcionarios de UNICEF y organizaciones de derechos humanos han pedido la liberación inmediata de los detenidos y el respeto a la inmunidad del personal internacional.
También se han solicitado garantías para que las agencias puedan retomar sus operaciones sin condiciones impuestas ni amenazas a su personal.
Los hutíes han implementado, desde hace años, un sistema de control rígido.
Control, censura y manipulación
Los hutíes han implementado, desde hace años, un sistema de control rígido sobre las actividades de las organizaciones humanitarias. A través de un organismo propio —el Consejo Supremo para la Gestión y Coordinación de Asuntos Humanitarios— imponen restricciones, supervisan programas, exigen autorizaciones y han sido acusados de desviar ayuda con fines políticos o militares.
Este entorno ha generado un clima de miedo e incertidumbre para trabajadores y beneficiarios, limitando severamente la capacidad de respuesta ante las necesidades urgentes de la población.
La presión sobre las agencias de la ONU y ONGs no se limita a detenciones. También se han registrado cierres forzados de oficinas, confiscación de equipos y allanamientos similares a los del último fin de semana. Estos ataques afectan no solo a los trabajadores extranjeros, sino especialmente a los empleados locales, que muchas veces quedan más expuestos a represalias o acusaciones infundadas.
A pesar de las amenazas, muchas de estas organizaciones siguen activas en Yemen, tratando de sostener sus programas en medio de condiciones cada vez más hostiles.
La guerra en Yemen, que comenzó en 2014, ha dejado un país devastado, con infraestructura destruida, una economía colapsada y millones de desplazados internos. Aunque se han registrado períodos de relativa calma, el conflicto continúa, especialmente en términos políticos y sociales.
La actuación de los hutíes ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos, represión a la oposición y ataques contra civiles. La situación actual pone en riesgo las posibilidades de recuperación, reconstrucción y reconciliación nacional.
Frente a estos hechos, se intensifican los pedidos de la comunidad internacional para que se tomen medidas concretas. Las Naciones Unidas y sus aliados exigen a los hutíes respetar los principios de neutralidad e independencia humanitaria, y permitir el trabajo sin trabas de los equipos que llevan alivio a quienes más lo necesitan.
También se alienta a los países con influencia en la región a intervenir diplomáticamente para frenar los abusos y proteger al personal humanitario.
El allanamiento de las agencias de la ONU en Yemen y la detención de sus trabajadores no solo representan un acto de violencia institucional, sino que profundizan una crisis que ya es insostenible. Si se bloquea el acceso a la ayuda humanitaria, se condena a millones de personas al hambre, la enfermedad y la desesperación.
Lo que está en juego no es un conflicto geopolítico abstracto, sino la vida concreta de un pueblo entero. Yemen necesita paz, justicia y solidaridad —no persecución ni silencio.
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