Madrid fue escenario este miércoles de una de las mayores demostraciones de fuerza del sector agropecuario español en lo que va del año.

Productores españoles denuncian "competencia desleal" y exigen cláusulas espejo ante el histórico tratado. La movilización paralizó el centro de la capital española y pone presión al Ministerio de Agricultura.

Madrid fue escenario este miércoles de una de las mayores demostraciones de fuerza del sector agropecuario español en lo que va del año.
Bajo el lema "El campo muere", miles de agricultores y ganaderos, respaldados por una columna de más de 370 tractores, tomaron las principales arterias de la capital para manifestar su rechazo absoluto al acuerdo de libre comercio recientemente firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
La movilización, convocada por organizaciones como Unión de Uniones y Unaspi, recorrió el trayecto desde la plaza de Colón hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los manifestantes advierten que el pacto, tal como está redactado, representa la "puntilla final" para el sector primario europeo.
El núcleo del reclamo radica en la desigualdad de condiciones productivas. Los productores españoles sostienen que la apertura del mercado permitirá la entrada masiva de productos sudamericanos —como carne, miel y azúcar— que no cumplen con las estrictas normativas sanitarias, ambientales y de bienestar animal exigidas dentro del bloque comunitario.
"Es una competencia desleal flagrante. No podemos producir bajo las normas de la UE y competir con productos que utilizan sustancias prohibidas aquí", señaló Miguel Ángel Aguilera, presidente de Unaspi, durante la marcha. Los gremios exigen la implementación de "cláusulas espejo", que obligarían a los exportadores del Mercosur a cumplir con los mismos estándares que los agricultores locales.

La protesta no solo apunta al acuerdo transatlántico. Los agricultores también expresaron su malestar por los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y la creciente carga burocrática que enfrentan las explotaciones familiares.
Según los líderes sindicales, la combinación de menores ayudas directas y el aumento de costos (combustible y fertilizantes) hace que la actividad sea insostenible para las nuevas generaciones.

Desde el Gobierno español, si bien se ha mantenido históricamente una postura favorable al acuerdo por sus beneficios estratégicos y para otros sectores industriales, la presión social está obligando a revisar los mecanismos de compensación.
Cabe destacar que el Parlamento Europeo ha remitido recientemente el acuerdo al Tribunal de Justicia para evaluar su compatibilidad con los tratados de la Unión, lo que ha puesto un freno temporal a su ratificación definitiva.

La jornada de protesta provocó cortes totales en el Paseo de la Castellana y alrededores, afectando el pulso diario de Madrid. Más de 1.800 agentes de seguridad custodiaron las columnas de tractores que llegaron desde diversos puntos del país, como Castilla y León, Extremadura y Valencia.
A pesar de la tensión, la jornada transcurrió sin incidentes graves, aunque los manifestantes prometieron intensificar las medidas de fuerza si no se establece una mesa de diálogo que garantice salvaguardas reales para el agro español. El conflicto queda ahora en manos de Bruselas, donde el debate entre el libre comercio y la soberanía alimentaria parece haber llegado a un punto de no retorno.