La muerte del narcotraficante más buscado de México generó un clima de máxima tensión en distintas regiones del país. Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, las autoridades montaron un fuerte operativo para trasladar y resguardar su cuerpo, en medio de incidentes violentos y temores por posibles represalias del crimen organizado.
Crisis de seguridad
Operativo de seguridad en México por el traslado del cuerpo de El Mencho
El gobierno mexicano desplegó un amplio dispositivo de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG. La medida se da en medio de hechos violentos y temores por represalias del narcotráfico.
Operativo de máxima seguridad
El fallecimiento de Oseguera Cervantes se produjo durante un operativo militar realizado el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. El jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió junto a otros integrantes de la organización tras un enfrentamiento con fuerzas federales.
El operativo estuvo encabezado por el Ejército mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional y agencias de inteligencia, incluyendo cooperación informativa de Estados Unidos.
La figura de “El Mencho” era considerada una de las más peligrosas del narcotráfico internacional y tenía una recompensa de hasta 15 millones de dólares ofrecida por Washington.
Tras confirmarse su muerte, las autoridades desplegaron un importante operativo para el traslado y resguardo del cuerpo, ante el riesgo de disturbios o intentos de rescate simbólico por parte de grupos vinculados al cartel.
En paralelo, fuerzas federales reforzaron la seguridad en aeropuertos, carreteras y ciudades estratégicas.
La situación se volvió particularmente tensa en zonas del occidente mexicano, donde el CJNG tiene fuerte presencia territorial. En estos lugares se establecieron perímetros de seguridad y controles para evitar alteraciones del orden público.
Violencia y temor a represalias
La muerte del líder criminal provocó una rápida reacción del entramado delictivo. En varios estados se registraron bloqueos de rutas, quema de vehículos y enfrentamientos armados, en una respuesta atribuida a grupos ligados al CJNG.
Reportes oficiales indicaron que los disturbios se extendieron por entidades como Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, entre otras. También hubo cancelaciones de vuelos, cierres preventivos de escuelas y advertencias de seguridad para la población.
Las autoridades mexicanas dispusieron operativos de contención para evitar una escalada mayor de violencia. En algunos puntos se activaron protocolos especiales de emergencia, mientras que gobiernos locales coordinaron acciones con fuerzas federales.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó la coordinación entre las distintas agencias de seguridad y defendió la operación como un golpe decisivo contra el crimen organizado. Desde Estados Unidos también valoraron el resultado y subrayaron la cooperación bilateral en inteligencia.
Un golpe histórico al narcotráfico
Oseguera Cervantes fue durante años el principal objetivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como uno de los carteles más poderosos del continente, con operaciones vinculadas al tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
Su muerte representa uno de los golpes más significativos al narcotráfico en México en las últimas décadas. Sin embargo, especialistas advierten que el impacto real dependerá de cómo evolucione la estructura interna del cartel y si se produce una disputa por el liderazgo.
En ese sentido, analistas señalan que la caída de un jefe narco suele generar escenarios de reconfiguración criminal, con posibles luchas internas y aumento temporal de la violencia.
Por ahora, el país permanece bajo alerta. El despliegue de seguridad para custodiar el cuerpo del líder del CJNG refleja el delicado momento que atraviesa México, donde las autoridades buscan evitar que la muerte de uno de los capos más temidos del mundo derive en una nueva ola de violencia.
Mientras continúan los operativos en distintos estados, el gobierno mantiene vigilancia reforzada y monitorea posibles reacciones del crimen organizado, en un contexto que combina alivio oficial por el golpe al narcotráfico y preocupación social por lo que pueda venir.
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