Portugal sumó un nuevo capítulo de tensión este martes, luego de que la policía desalojara campamentos de protesta instalados en Lisboa y Oporto por organizaciones y activistas de izquierda que reclaman el acceso a viviendas asequibles. El operativo dejó 55 detenidos y al menos dos heridos leves en la capital, según la información difundida por las autoridades.
Europa
Portugal: 55 detenidos tras desalojos en Lisboa y Oporto
La policía portuguesa desmanteló campamentos instalados en Lisboa y Oporto por activistas que reclaman acceso a viviendas asequibles. El operativo dejó 55 detenidos y al menos dos heridos leves en la capital. Los manifestantes anunciaron que volverán a las plazas y promueven una huelga general ibérica para el 11 de noviembre.
Los procedimientos se realizaron durante la madrugada en la plaza de D. Pedro IV, conocida como Rossio, en Lisboa, y en la plaza de D. João I, en Oporto. La intervención se produjo después de varios días de advertencias de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y del Gobierno portugués sobre las restricciones legales para mantener protestas en la vía pública durante la noche.
Pese a los desalojos, los manifestantes aseguraron que continuarán con las movilizaciones y anunciaron que volverán a reunirse en las mismas plazas para definir los próximos pasos. Además, impulsan una huelga general ibérica por el derecho a la vivienda, prevista para el 11 de noviembre.
Desalojos, detenciones y versiones contrapuestas
Según la Policía de Seguridad Pública, los agentes intentaron inicialmente alcanzar una salida voluntaria mediante el diálogo y solicitaron a los participantes que retiraran las estructuras instaladas. Después de emitir órdenes de dispersión y advertir sobre posibles delitos de desobediencia, intervinieron ante la negativa de algunos manifestantes a abandonar los espacios públicos.
En Lisboa, la fuerza policial sostuvo que un grupo de participantes presentó conductas de «resistencia activa» y afirmó que el operativo se desarrolló bajo criterios de necesidad, adecuación y proporcionalidad.
Sin embargo, los activistas ofrecieron una versión diferente de los hechos. Denunciaron que durante el desalojo hubo golpes y empujones, y que las fuerzas de seguridad retiraron tiendas de campaña cuando todavía había personas en su interior.
En Oporto, la acampada llevaba más de una semana, aunque había sido interrumpida durante una noche tras un operativo policial anterior que, según los organizadores, dejó varios heridos. En Lisboa, la protesta había comenzado el sábado.
Tras los procedimientos de este martes, los participantes anunciaron que regresarán a las plazas para realizar asambleas y evaluar la continuidad de las acampadas.
Una huelga general ibérica para el 11 de noviembre
Los organizadores buscan extender el reclamo más allá de las fronteras portuguesas y coordinar acciones con movimientos sociales de España y otros países europeos afectados por las dificultades para acceder a una vivienda.
Ana Luiza, integrante de la acampada de Lisboa, sostuvo que la crisis habitacional afecta a distintos países y aseguró que las protestas continuarán pese a los desalojos.
Los activistas ya comenzaron a organizar un espacio de coordinación entre Lisboa, Oporto y Madrid, con el objetivo de impulsar una huelga general ibérica por la vivienda el próximo 11 de noviembre.
También iniciaron contactos para presentar la propuesta a la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), una de las principales centrales sindicales del país, cuyo respaldo esperan conseguir.
La iniciativa busca convertir el reclamo por el acceso a viviendas asequibles en una movilización de mayor alcance, en un contexto de aumento de los precios inmobiliarios y dificultades para numerosos hogares.
El Gobierno defendió el operativo policial
El Ministerio del Interior de Portugal respaldó la actuación de la Policía de Seguridad Pública y destacó el profesionalismo de los agentes. En un comunicado, sostuvo que las fuerzas de seguridad priorizaron el diálogo y la persuasión antes de recurrir a la intervención directa.
El departamento también afirmó que los efectivos actuaron después de varios contactos con los manifestantes y de intentar que las tiendas fueran retiradas voluntariamente.
Desde el ámbito político, las reacciones fueron diversas. El alcalde de Oporto, Pedro Duarte, evitó pronunciarse sobre el operativo y afirmó que no quería contribuir a «circos mediáticos». No obstante, señaló que aguardaba una respuesta del Movimiento por la Vivienda para evaluar una posible reunión.
Por su parte, el dirigente socialista José Luís Carneiro reconoció la legitimidad de las personas para expresar su indignación, aunque remarcó la necesidad de respetar la ley y el Estado de derecho democrático.
El presidente portugués, António José Seguro, también se refirió a la situación y aseguró que se mantenía atento a los acontecimientos.
El centro del conflicto
Las protestas se producen en un escenario de fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario portugués. Según datos de Eurostat citados en el informe original, los precios de la vivienda aumentaron un 16,5% interanual en Portugal durante el segundo trimestre de 2026, frente al incremento del 4,7% registrado en el conjunto de la Unión Europea.
La diferencia refleja la magnitud del problema que denuncian los manifestantes, que reclaman medidas para facilitar el acceso a viviendas y limitar las dificultades que enfrentan quienes buscan alquilar o comprar una propiedad.
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